Santiago Montenegro
El Espectador, Bogotá
Mayo 23 de 2010
Según las normas legales, en Colombia ningún trabajador debe ganar menos de un salario mínimo, pero hay estudios que dicen que hasta casi la mitad de todos los trabajadores pueden estar ganando por debajo de esa cifra.
Más grave aún puede ser que hasta un treinta por ciento de todos los trabajadores ganen menos de medio salario mínimo. Y, según cifras del DANE y de Fedesarrollo, aproximadamente un 60 por ciento de todos los trabajadores son informales. O sea que por lo poco que ganan y por ser informales no pertenecen al régimen contributivo de salud, no están cubiertos contra riesgos profesionales y tampoco cotizan a pensiones, ni al régimen de ahorro individual, ni tampoco al régimen público. La gran mayoría de los informales tampoco tienen acceso a una cuenta de ahorro o a crédito hipotecario y a otros servicios que sí tienen los llamados trabajadores formales. Y porque hay tantos informales, la pobreza es tan alta. Todo esto quiere decir que en nuestro país tenemos dos sociedades: una formal con trabajadores que ganan un salario legal y gozan de derechos legales, muchos de ellos tutelables. Y hay otra sociedad, la más numerosa, que es informal, cuyos trabajadores generalmente ganan por debajo de un salario mínimo, no tienen acceso a los derechos de la otra sociedad y son pobres.
Naturalmente, este país con ciudadanos de primera y con ciudadanos de segunda categoría no puede y no debe continuar. Si queremos algún día alcanzar el desarrollo social y económico del que gozan otras sociedades del mundo, tenemos que hacer un esfuerzo por eliminar esta dualidad tan vergonzosa. Pero no hay consenso sobre las políticas que es necesario implementar para resolver esta deplorable situación. En primer lugar, hay quienes proponen que lo que tenemos que hacer es crear los incentivos para que la economía moderna y formal crezca a tasas muy altas —digamos al 8 por ciento, durante dos décadas— e incremente, así, la demanda por trabajo formal, de forma tal que muchos comenzarían a ganar por encima del salario mínimo y saldrían de la informalidad. Por darle un nombre, definiré a este enfoque como desarrollista. Segundo, hay otros que, sin decirlo explícitamente, consideran que lo que tenemos que hacer es aceptar los bajísimos ingresos de millones de colombianos y crear para ellos una legalidad especial. Como serán siempre pobres, además de muchos subsidios, debemos diseñar para ellos microcréditos, microseguros, micropensiones y otros microservicios. Sería algo así como confirmarlos con un estatus de microciudadanos o micropersonas. Por simplicidad, este será el enfoque asistencialista.
Un tercer tipo de solución a este problema tan grave y tan complejo propone flexibilizar la legalidad existente para que quepan quienes ahora son informales. En esta línea de análisis se encuentran quienes han estudiado las cifras y se dan cuenta de que, detrás del problema de la informalidad y el desempleo, está el hecho de que el salario promedio de todos los trabajadores en Colombia es muy bajo: alrededor de tan sólo un 50 por ciento por encima del mínimo. Por esa razón, los salarios e ingresos de millones de trabajadores caen por debajo del mínimo y están en la informalidad. Quienes así piensan, argumentan que, si los jueces ordenaran pagar el salario mínimo, habría que declarar a todo el territorio nacional por cárcel para castigar a las decenas de miles de pequeños empresarios y cuenta propias que pagan salarios u obtienen ingresos por debajo del mínimo. En la próxima columna analizaré los aspectos positivos y negativos de cada una de estos enfoques.
