Hugo López C. y Jesús Botero*
Portafolio, Bogotá
Mayo 21 de 2010
Los cambios propuestos en la forma de financiación de los impuestos ala nómina tendrían sentido sólo si el mínimo y el auxilio de transporte se estabilizan en términos reales, y el énfasis de la política distributiva se concentra en instrumentos para los más necesitados.
Aunque, en el largo plazo, el crecimiento del empleo moderno urbano se ha desacelerado, su desempeño 2001-2007 (3,9 por ciento anual) fue bastante aceptable. Sin embargo, ha estado sesgado a favor del más educado y contra el menos educado (este último representaba el 70 por ciento del empleo moderno en 1996; apenas el 50 por ciento en el 2009), lo que contrasta con la abundancia relativa de fuerza de trabajo menos educada (70 por ciento de la total en 2009).
Ese sesgo, que se manifiesta en falta de oportunidades laborales para el trabajo menos calificado, explica el auge del empleo informal, que subió para no bajar con la crisis de finales de los años 80 y ha aumentado más con la reciente.
El ahorro de trabajo asalariado poco educado -una tendencia internacional- se ha acentuado entre nosotros por la evolución en el salario mínimo (SM) y puede acentuarse más hacia el futuro por la forma en que se están dando los incentivos tributarios a la inversión.
Entre 1995 y el 2009, el SM real aumentó 22 por ciento (si se deflacta por el IPC), y el 39 por ciento (si se deflacta con el IPP); y el costo total para el empresario, que incluye un 71 por ciento de recargo por los salarios indirectos asociados con un trabajador que se gane el mínimo, subió 26 por ciento y 43 por ciento respectivamente.
Poco ha servido ese aumento para mejorar la suerte de la gran masa de trabajadores colombianos: el 44 por ciento gana menos que el mínimo diario (72 por ciento en las zonas rurales). Entre los obreros y empleados rasos donde cabe hablar propiamente de evasión al mínimo diario ésta es del 22 por ciento (35 por ciento en las zonas rurales) y en el agregado de las 13 ciudades del 13 por ciento; hay ciudades como Pasto, donde alcanza el 48 por ciento.
El salario mínimo no sirve a los hogares más pobres, porque sus trabajadores no son asalariados, sino informales (91 por ciento son independientes en el quintil 1, es decir, en el 20 por ciento más pobre; 79 por ciento en el quintil 2).
Y porque los pocos que laboran como obreros y empleados asalariados son objeto de una evasión muy alta (86 por ciento en el quintil 1 y 45 por ciento en el quintil 2). Pero las alzas en el SM real afectan el empleo moderno no calificado: para evitar que se trasladen completamente al salario de mercado los empresarios más chicos recurren a la evasión (que sube con el desempleo de estos trabajadores) y los más grandes, al reemplazo de los mismos por trabajadores con educación superior.
En el largo plazo, lo primero que el país necesita es un crecimiento elevado, sostenido y no inflacionario (TLC, contando con Asia; una tasa de inversión alta incluyendo infraestructura). Pero, para reducir el desempleo y la informalidad el crecimiento es condición necesaria (sin crecimiento no hay empleo); no requisito suficiente. Por eso, hacia el futuro hay que pensar en estrategias complementarias.
Para ello, se requiere un gran acuerdo social, porque todos tienen, para ganar, que poner. Tomando el ejemplo chileno se podría pensar en conformar una misión compuesta por académicos extranjeros y nacionales de todas las tendencias; debería reunirse con las principales fuerzas sociales y presentar un informe en un plazo breve a la consideración del Presidente y el Congreso.
Su propuesta debería combinar, a nuestro juicio, mecanismos de demanda (sobre salario mínimo, parafiscales y estímulos tributarios a la inversión); estrategias de oferta (calificación de la fuerza laboral y acceso a la educación terciaria de la masa de bachilleres pobres), reformas a la seguridad social (seguro de desempleo, pensiones para los informales, cambios en la financiación de la salud con impactos sobre el empleo) y programas, tipo Empleo en Acción, que generen trabajo moderno para los más pobres, urbanos y rurales, hoy vinculados a la Red Juntos. La reforma de los parafiscales no es sino una -entre muchas- de esas tácticas.
Rodrigo Botero y Domingo Cavallo (2010) han propuesto reemplazar el descuento del 40 por ciento (hoy 30 por ciento) sobre la nueva inversión, por una deducción del 120 por ciento del impuesto sobre el incremento de la nómina salarial. Tiene el mérito de abrir el debate. Uno de nosotros (Jesús Botero) ha planteado como alternativa mantener el valor del incentivo tributario actual sobre la inversión realizada, pero haciéndolo descontable de los aportes parafiscales que debe realizar la empresa, lo que focaliza el incentivo hacia sectores generadores de empleo.
El sector minero, por ejemplo, cuya rentabilidad depende menos de los impuestos que del precio internacional de sus productos, debido a su baja relación trabajo-capital, probablemente dejaría de ser uno de los principales beneficiarios esos estímulos tributarios.
Una estimación preliminar (estudio en curso Eafit-Banco de la República) sugiere que al cuarto año de la aplicación de esta medida, el empleo moderno urbano se habría elevado en 210.00 plazas (en 189.000 para los asalariados sin educación superior).
Se incrementa el empleo manteniendo el dinamismo de crecimiento y sin que se ponga en riesgo la economía por el desbalance de las finanzas públicas. No obstante, su impacto sobre los costos laborales y el empleo se desvanecería rápidamente si el SM real continuara subiendo como lo ha hecho.
Baste un ejemplo: frente al salario mínimo los parafiscales (Sena, cajas de compensación e ICBF) representan hoy el 9 por ciento, y frente al costo salarial total del empresario (incluyendo salarios indirectos) apenas el 5,3 por ciento; el año pasado el salario mínimo real (usando el IPC) subió 5,6 por ciento y el costo total real para el empresario en 5,4 por ciento, lo que hubiera cancelado en un sólo año el impacto una hipotética supresión de los parafiscales que se hubiera hecho en el 2008.
Por eso, los cambios propuestos en la forma de financiación de los parafiscales tendrían sentido sólo si el salario mínimo y el auxilio de transporte se estabilizan en términos reales, y el énfasis de la política distributiva se concentra en otros instrumentos, que lleguen realmente a los más necesitados: un seguro de desempleo, por ejemplo; la financiación mediante impuestos generales de los aportes de salud, para garantizar cobertura plena a la población.
* Gerente Banco de la República, Medellín, y profesor Universidad EFIT.
http://www.portafolio.com.co/opinion/analisis/parafiscales-y-estimulos-tributarios_7718322-3
