Editorial
El Espectador, Bogotá
Mayo 2 de 2010
En Colombia, las contribuciones obligatorias sobre la nómina —los llamados parafiscales— financian dos entidades del Estado —el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena)— así como un grupo de organizaciones privadas sin ánimo de lucro integrantes del sistema de subsidio familiar, las Cajas de Compensación Familiar (CCF).
Estas tres entidades reciben el 9% de todo pago de salario formal en el país. Con los recursos obtenidos, el ICBF adelanta programas de bienestar social dirigidos a proteger la niñez y las familias menos favorecidas, el Sena se encarga de la intermediación laboral y de la formación para el trabajo y las CCF intermedian los subsidios directos a través de entregas de dinero, bienes de primera necesidad, crédito, cursos de capacitación y actividades recreativas para los trabajadores.
Estas contribuciones, implementadas desde hace más de 20 años, entraron al debate público y electoral luego de que el crecimiento económico que experimentó el país en la última década no lograra reducir los niveles de desempleo. La persistencia de la informalidad y la desocupación ha obligado a revisar la estructura del mercado laboral y los sobrecostos a la nómina están bajo la lupa. La teoría es que éstos, al encarecer la mano de obra, desincentivan la contratación formal y contribuyen a que el país recueste en el largo plazo su estructura productiva en el capital físico y no en el trabajo. La evidencia, sin embargo, no es clara con respecto a la magnitud del efecto, ambigüedad que suscita controversias.
No obstante, más allá del número de empleos formales que generaría la supresión de los parafiscales, el debate obliga a revisar el propósito de estas contribuciones además de la justificación de su monto y distribución. En sentido estricto, los parafiscales sólo tienen sentido económico en la medida en que los recursos obtenidos sean destinados de forma prioritaria o exclusiva a prestar servicios a las empresas aportantes y a mejorar el bienestar de los trabajadores. Si el recaudo no cumple con ese fin o tiene uno distinto, debería entonces suprimirse o reformularse evitando con ello cargar innecesariamente el pago de nómina.
En este sentido, sólo el Sena cumpliría estrictamente con los requisitos. El 2% sobre el salario que recibe esta entidad contribuye a la instrucción técnica de la mano de obra en beneficio tanto de empleados como de empleadores. No obstante, la consolidación de los mercados ha hecho que el sector privado ofrezca servicios de capacitación a precios muy semejantes y con igual o mejor calidad. Este hecho obliga a revaluar el monto de los aportes y a revisar si todavía hoy se requiere de un tal porcentaje.
En el caso del ICBF su importancia es indiscutible. Sin embargo, sus beneficiarios no se reducen al sector laboral y empresarial, sino que comprenden a toda la población. De aquí que sería coherente mover su recaudo a un impuesto más universal, como el IVA por ejemplo. Los subsidios directos, administrados por las CCF, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y, con ellos, de la población en general. Estos beneficios —con el 4% sobre la nómina, esto es, el doble de lo que recibe el Sena— no son, de nuevo, exclusivos del sector laboral. Como gasto social, deberían incluirse en el Presupuesto General de la Nación y competir en efectividad e importancia con otros programas. Es fundamental que con los altos niveles de pobreza, Colombia priorice sus recursos.
Cambios como éstos implicarían, por supuesto, cierto malestar en varios grupos de interés. Esta presión se ha sentido en el debate presidencial, en el que algunos candidatos han asumido posiciones abiertamente contrarias a las de su equipo técnico. En cualquier caso, presión o no, los sobrecostos laborales son un tema que se debe abordar. No sólo por las posibles consecuencias positivas sobre la generación de empleo formal sino también porque un sistema tributario más simple y coherente reduce la posibilidad de abuso de recursos públicos por parte de privados.
