Libardo Botero C.*
Blog Debate Nacional, Medellín
Mayo de 2010
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y ALGO MÁS (I)
El Plan de Gobierno esbozado por Juan Manuel Santos contempla 120 puntos que abarcan la mayoría de los asuntos cruciales de la agenda de intereses nacionales. Se ha querido reducir su propuesta programática a la simple continuación de la política de Seguridad Democrática del Presidente Álvaro Uribe y punto. Nada más alejado de la realidad. Claro que ésta constituye un pilar esencial de sus planteamientos, como soporte del crecimiento y el progreso, pero como veremos en varios artículos, no agota el conjunto de estrategias ofrecidas, que Santos ha resumido bajo el nombre de “Prosperidad Democrática”.
Iniciamos de todos modos la síntesis de tan variada plataforma por el tema de la seguridad. Entre otras cosas porque sigue siendo un asunto vital para el país. Son inmensos los logros cosechados en los últimos ocho años, pero como lo ha reiterado la semana pasada el presidente de Estados Unidos Barack Obama a propósito del lanzamiento de su política antidrogras, los avances pueden ser reversibles. Parodiando al presidente Uribe, cuando afirma que “la culebra aún está viva”, Juan Manuel Santos ha reiterado que “la bestia aún está viva”. Y por ende no se puede desmayar en este cometido.
El primer propósito de la política de seguridad de Santos es culminar la tarea de Uribe de someter a los grupos violentos al margen de la ley. Tarea que si bien consiguió notables avances con el desmonte del paramilitarismo y los severos golpes propinados a las guerrillas y al narcotráfico, aún tiene el reto de derrotarlas definitivamente lo mismo que a las bandas criminales emergentes y mafiosas. Como expresa en el plan de gobierno: “Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el conflicto y construiremos la paz. (…) Mantendremos la exitosa política del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que combinó la mano tendida y el pulso firme.” (Punto 103). Mano firme para doblegar a los criminales, y mano tendida para negociar su regreso a la vida civil y abandono de las armas si así lo deciden. Y, como lo ha dicho ante los medios de comunicación, no aceptaría el llamado “acuerdo humanitario” que persigue doblegar el Estado ante el chantaje de los narcoterroristas con la vida de militares secuestrados.
Una segunda línea de acción enfatiza en la seguridad ciudadana. Esta es una preocupación de primer orden para la población, generada por el recrudecimiento de la violencia en varias de las grandes ciudades. En este particular se contemplan distintas medidas, que parten del respaldo a las estrategias que viene formulando la Policía Nacional y un aumento sustancial de su pie de fuerza, con el consiguiente apoyo logístico a esta tarea, acompañadas del estímulo a la más estrecha y eficaz colaboración de la ciudadanía y el fortalecimiento de la justicia.
Como se sabe, la fuente primordial de ambas formas de criminalidad, la rural y la urbana, es el narcotráfico. Con un nuevo ingrediente: el incremento del consumo de drogas, particularmente en las grandes urbes, aunque no solo en ellas. No poca responsabilidad cabe en ello a la política laxa de facilitar el consumo que imperó por años con la legalización de la “dosis personal”. Ahora el país podrá contar con las herramientas eficaces para combatir el consumo de drogas ilícitas, gracias a la reforma constitucional que logró el presidente Uribe sacar avante en el Congreso, que lo prohíbe además de su tráfico y producción. Una tarea crucial del futuro gobierno será esa, y Santos está decidido a enfrentarla.
Envuelve toda la política de seguridad un decidido respaldo a las fuerzas armadas, tanto en recursos como en el orden político. En declaraciones públicas Santos, quien fue exitoso Ministro de Defensa del actual gobierno, ha indicado que reforzará los mecanismos de defensa de los militares ante la “guerra jurídica” de que son víctimas de parte de los terroristas y narcotraficantes. Sin menoscabo de una clara política de educación y vigilancia de plena aplicación de los derechos humanos dentro de la fuerza pública (punto 107 del plan de gobierno).
Cabe aquí hacer una terminante aclaración respecto al tema de los “falsos positivos”, con el que se ha adelantado una sucia campaña contra Santos. Empecemos por decir que no se trató de un fenómeno generalizado ni sistemático, sino excepcional y reducido, y de ninguna manera provocado por la política de seguridad. Tan repudiable actividad criminal desafortunadamente venía ocurriendo desde hace varias décadas. Y lo más importante: fue el mismo gobierno, en cabeza del presidente Uribe y el ministro Santos, el que denunció a fondo el fenómeno y tomó las medidas requeridas para cortarlo radicalmente a mediados de 2008. Desde entonces esos hechos prácticamente desaparecieron, mientras se viene cumpliendo el proceso judicial para esclarecer los casos denunciados. Seguramente no pocos son ciertos, y así lo indican fallos e investigaciones en curso; pero ya se ha detectado que en otros hay el propósito de enlodar a los militares, como lo prueban algunos fallos absolutorios.
De igual manera se ha querido relacionar a Santos con el escándalo de las “chuzadas” del DAS, insinuando de paso que se trató de una política alentada desde la cúpula del gobierno. Tanto el presidente Uribe como Santos han condenado siempre las actividades criminales desarrolladas por funcionarios públicos, desde cualquier entidad, incluyendo al DAS, rechazando que se trate de “complots” urdidos contra opositores o u otras ramas del Estado, empezando por el hecho de que muchos de los “chuzados” son prestantes figuras del gobierno, empezando por el Presidente y el Vicepresidente. De otro lado, como Santos mismo lo ha recordado en estos días, fue él el primero en señalar que al DAS había que darle “cristiana sepultura”, por el tamaño de los problemas que se venían denunciando. En el punto 108 de su plan de gobierno tiene establecido que “emprenderemos una reforma radical del DAS, que lo transforme en una agencia destinada únicamente a tareas de inteligencia contra grandes amenazas. Integraremos las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Militares en una Agencia de Inteligencia de la Defensa.”
Otro tema que es conveniente comentar tiene que ver con la seguridad nacional. Aquí reside uno de los ataques más insidiosos contra Santos, encabezado por el despótico mandatario venezolano Hugo Chávez, cuyas graves amenazas y chantajes tienen eco en ciertos dirigentes e intelectuales colombianos, al propalar la especie de que un gobierno de Santos sería un peligro para el país y sus relaciones con los vecinos. No solo en distintas intervenciones públicas el candidato Santos ha reiterado su vocación pacifista en el manejo de las relaciones con los demás países, y en particular con Venezuela, sino que en el plan de gobierno ha señalado que va a dotar “a las fuerzas militares de una capacidad disuasiva” pero “nunca con la iniciativa de agresión” (punto 106). Ante la política agresiva y expansionista de los promotores del “socialismo del siglo XXI” la mejor alternativa para el país es un gobierno firme, que sin ansias guerreristas o provocadoras pueda sí disuadirlos de sus intenciones. Nunca el apaciguamiento ha cambiado la naturaleza y pretensiones de los tiranos, pues en lugar de contenerlos ha abierto las puertas a sus apetencias.
Estrechamente vinculado a este tema está el acuerdo militar con los Estados Unidos. Es claro que sus cláusulas no revisten la más mínima amenaza para ningún país del área, hasta el punto de que Santos se atrevió a decir que estaba dispuesto a analizarlo punto por punto con el mandatario venezolano y renegociarlo si se demostraba que una sola disposición representaba peligro para los vecinos. Pero a nadie escapa que Colombia tiene una estrecha alianza con Estados Unidos, para combatir el narcotráfico y el terrorismo, que el acuerdo militar afianza, y que le da seguridad al país frente a cualquier amenaza externa. Nadie mejor que Juan Manuel Santos, bajo cuyo ministerio se negoció el acuerdo militar, para llevarlo adelante y consolidar los positivos frutos que la ayuda norteamericana ha proporcionado al país en la última década.
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LAS LOCOMOTORAS DEL CRECIMIENTO (II)
La seguridad, como lo vimos en el artículo anterior, es un prerrequisito del progreso, pero no es suficiente. El otro factor determinante, indica Juan Manuel Santos, es el crecimiento económico. Para poder cumplir con el programa de “prosperidad democrática”, ha reiterado que ese es el principal desafío: “Colocar a la economía colombiana en un nivel de crecimiento alto y sostenible. Porque sin eso, las políticas de generación de empleo y de lucha contra la pobreza se hacen cada vez más difíciles.” (Portafolio, 27/04/2010).
A fin de conseguir altas tasas de crecimiento económico Santos propone un conjunto de medidas y políticas, pero la columna vertebral es el estímulo a cinco “locomotoras” que han de jalonar el avance: infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación. Su impulso arrastrará otros “vagones”, dando por resultado un significativo crecimiento de la producción de bienes y servicios y por consiguiente del empleo. Veamos una descripción sucinta de las “locomotoras”.
Infraestructura
Un plan agresivo de inversión pública y privada en infraestructura podrá llevar a Colombia a un estadio más alto de integración entre sus regiones, de comunicación con el exterior y de elevación de su competitividad. Reducir radicalmente los costos de transporte, v. gr., es una de sus pretensiones. Contempla la propuesta estimular proyectos de creación, mejoramiento y ampliación de infraestructura energética, de comunicaciones, de puertos y aeropuertos. En el solo campo de dobles calzadas, propone completar 2.000 kilómetros en el próximo cuatrienio.
Punto neurálgicos del plan será reformar el “modelo de concesión y la gestión estratégica de la infraestructura”, dotando a los entes públicos del sector “de los mejores cuerpos técnicos en la planeación y priorización. Mejoraremos la asignación de riesgos de las concesiones, así como la interventoría y la solución de controversias. Toda obra nueva contemplará los costos de su mantenimiento” (punto 83). Con tal fin se creará una Comisión de Regulación de alto nivel técnico para el transporte, similar a lo que ocurre en energía o el Banco Central.
Es imprescindible la colaboración del sector privado en la búsqueda de tan ambiciosas metas. El punto 84 lo describe así: “Tal como lo han hecho el Reino Unido, Brasil y Costa Rica, entre otros, promoveremos entes privados estructuradores de proyectos, que revisen ideas nuevas con los gobiernos locales y regionales; que contraten estudios a su propio riesgo, los entreguen sin costo a los gobiernos para abrir licitaciones públicas y obtengan una comisión justa del valor de los proyectos. Así, la iniciativa privada complementará la inteligencia y trabajo técnico del sector público”.
Vivienda
Se estima en no menos de 1.300.000 el déficit de viviendas en Colombia. Superar esa brecha es un imperativo social ineludible, que redundará en elevación de la calidad de vida y en generación de empleo digno. El plan de gobierno de Santos propone (punto 30), la construcción de entre 200 y 300 mil viviendas por año, para cubrir la mayor parte del déficit en el próximo mandato.
Los efectos de tal estrategia son conocidos, como lo enfatiza el mismo punto del programa: “El proceso de construcción de las mismas podrá generar más de 600 mil empleos directos por año; además, la vivienda influye en 32 industrias adicionales. Recuerden que con las Cuentas de Ahorro y Fomento a la Construcción (AFC), creadas cuando Juan Manuel Santos fue Ministro de Hacienda, se reactivó la vivienda y se han creado cerca de 40 mil empleos por año. Ya tenemos la experiencia y el conocimiento, y los utilizaremos en beneficio de todas las clases sociales”.
Para lograr semejante vuelco se precisa vencer no pocos obstáculos con distintas reformas y acciones. El plan de Santos propone una detallada serie de pasos para lograrlo, consignados entre los puntos 22 a 30, entre los cuales destacamos: “reformas normativas para autorizar rápidamente obras de urbanismo, incluidas la creación de nuevos barrios y la transformación de los ya existentes”; unificar la regulación y aclarar las competencias de los niveles nacional y municipal “para destrabar el problema de la tierra para construir”; crear el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “dotándolo de los instrumentos necesarios para que la vivienda… se convierta en una realidad para todos”; simplificar “los trámites de crédito, con ayudas para conseguir la cuota inicial, con subsidios a las tasas de interés, que dinamizan fuertemente la construcción y venta de vivienda, con reglas claras y disminución de requisitos para el subsidio”; construir “viviendas dignas, para que las familias que aún no pueden comprarlas las tomen en arriendo con opción de compra”.
Agro
Las condiciones de seguridad han mejorado la perspectiva del sector agropecuario, pero su crecimiento y desempeño en los últimos años dejan mucho qué desear. Un conjunto estructurado de precisas disposiciones compone la política agraria que Santos pondrá en práctica en su gobierno para dinamizarlo y resolver las inequidades que perviven en él.
Es indispensable estimular la producción para el mercado interno, no solo para proveer materias primas a la industria, sino con finalidades sociales específicas, como la nutrición masiva de los niños menores de 5 años, y conseguir la seguridad alimentaria para el conjunto de la población (punto 69). Con tal fin se buscará incentivar el uso productivo de la tierra, castigando su posesión ociosa (punto 70). Simultáneamente se dotará de tierras a los agricultores que deseen trabajarla, distribuyendo más de dos millones de hectáreas arrebatadas a los criminales a través de procesos de extinción de dominio (punto 71). Además se continuará con la política de alianzas productivas para apoyar a comunidades productoras a asociarse, tecnificarse, diversificar sus cultivos y mejorar sus ingresos (71). Enmarcado todo dentro de una política de protección al medio ambiente que propone, entre otros objetivos, reforestar no menos de cien mil hectáreas al año (punto 73).
Otro propósito es seguir alentando la presencia del sector agropecuario colombiano en el mercado internacional. No solo con los acuerdos y tratados comerciales, sino incrementando la investigación científica y la innovación, para exportar productos de valor agregado, y otras ayudas indispensables para los empresarios. Está previsto reforzar el plan de desarrollo de sectores de clase mundial, entre ellos cadenas de logística de procesamiento, comercialización y transporte (punto 77). Colombia puede entrar en grande a satisfacer la demanda de productos alimenticios y materias primas resultante del crecimiento acelerado de países asiáticos y la necesidad de atender los requerimientos de bioenergía del mundo.
Minería
El país está empezando a vivir una “bonanza minera”. Los especialistas estiman que en los próximos 10 años se invertirá en este sector una suma de alrededor de 50.000 millones de dólares. Petróleo, gas, oro, aluminio, se cuentan entre los productos de mayores perspectivas. Varios de ellos harán parte del plan energético del nuevo gobierno, que en conjunto con la promoción de los biocombustibles, sirva de dinamizador de la economía (puntos 95 a 98).
El candidato Santos considera que ese fenómeno puede reactivar la economía de distintas maneras, así la minería no sea muy intensiva en empleo. Se creará un fondo para manejar los ingresos externos provenientes de la “bonanza”, que evite la revaluación y la “enfermedad holandesa” (punto 100), y se procurará que el Congreso apruebe la ley que establece la “regla fiscal”, cuya finalidad es ahorrar en la bonanza para atender las épocas difíciles, como ha hecho Chile. Así mismo el gobierno de Santos procurará reformar el régimen de regalías y su distribución, para eliminar la corrupción y despilfarro, y lograr que beneficien a la mayoría del país y no a unas localidades aisladas. Finalmente, en este sector “se establecerán los principios que integren de una manera armónica la economía, el medio ambiente y la responsabilidad social, para garantizar la continuidad del desarrollo” (punto 99).
Innovación
Punto clave de la estrategia de crecimiento es el fomento de la investigación científica y tecnológica y el desarrollo de la innovación. Si se mira el plan de gobierno en su conjunto se encontrará que es un tema transversal, que atraviesa el conjunto de estrategias de los distintos sectores económicos.
Juan Manuel Santos ha prometido elevar hasta el 1% del PIB la inversión en ciencia y tecnología en el próximo cuatrienio (hoy es menos de la mitad), fortalecer a Colciencias, e involucrar un fuerte componente de I+D en distintos ministerios, como el de Agricultura y hasta el de Defensa. Entre los elementos de la reforma al régimen de regalías sobresale la idea de destinar el 10% de las mismas a proyectos de ciencia y tecnología (punto 81).
Los motores que jalonarán esta locomotora serán, entre otros, la alianza empresa-estado-universidad, y un plan nacional de innovación liderado por Colciencias (con red de grupos y centros de investigación, incentivo a programas de doctorado, financiación de becas para estudios en el exterior, intercambios académicos…), según se establece en el punto 79, entre otros. Otro soporte de esta estrategia es la educativa, que analizaremos en posterior artículo.
Los vagones
Detrás de las locomotoras vienen los vagones. Son los multiplicadores del crecimiento generado por las primeras. Ya mencionamos cómo en el caso de la vivienda 32 subsectores se impactan favorablemente. Algo parecido ocurre con la infraestructura, la inversión agropecuaria, la industrial o la minera. Especialmente, señala Santos, el comercio y los servicios son los grandes beneficiados, ramos en los cuales reposa la generación del 60% del empleo en el país. Pero ese será, precisamente, el tema del tercero de estos artículos.
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MÁS Y MEJOR EMPLEO PARA LA PROSPERIDAD (III)
Los principales problemas que los colombianos aspiran que se resuelvan en el inmediato futuro son sin duda el de la violencia, el desempleo y la pobreza, y la corrupción. Juan Manuel Santos, como lo vimos en los dos artículos anteriores, postula que la seguridad y el crecimiento son dos prerrequisitos básicos para lograr una sociedad con “prosperidad democrática”. En este artículo examinaremos sus propuestas relativas al empleo. Y en los dos siguientes abordaremos los temas de la corrupción y de la pobreza y desigualdad.
Queremos exponer su plan de gobierno alrededor de tres relaciones básicas que han brotado en este debate presidencial: entre crecimiento y empleo, entre modernización y empleo, y entre normas laborales y empleo. Los tres tópicos son bastos y solo podremos abordarlos en sus grandes líneas, sin ahondar en detalle en las propuestas de los demás candidatos.
Crecimiento y empleo
El postulado básico de Santos es que se requieren tasas de crecimiento económico elevadas para generar en cantidad y calidad los empleos que el país requiere. Crecimiento que podrá lograrse sobre todo con el estímulo a cinco “locomotoras”, como vimos en el artículo anterior. Éstas, a su turno, halarán numerosos “vagones” encargados de multiplicar los resultados positivos sobre la ocupación.
Sus críticos y los del actual gobierno han afirmado que el país no tradujo en incremento del empleo el positivo aumento del PIB entre los años 2003 y 2008, y lo atribuyen a una política económica destinada a favorecer el capital y no el trabajo. Eso no es cierto. A principios de la década la tasa de desempleo llegaba casi al 20% y descendió a un 11% (y menos en algunos momentos) antes de que se precipitara la actual crisis mundial en 2008. Además, se crearon cerca de 2.800.000 empleos nuevos en los últimos siete años, y creció sustantivamente la afiliación a la seguridad social. Subsisten problemas, claro está, que miraremos luego, como la informalidad, pero no es cierto que el crecimiento no impactó positivamente el empleo.
Santos propone crear 2.400.000 empleos entre 2010 y 2014, como parte de una estrategia que aspira a sumar 6.500.000 en esta década. Es una meta ambiciosa que requeriría tasas de crecimiento no inferiores al 5% del PIB en promedio, perfectamente posibles si el impulso a las “locomotoras” funciona, acompañado de una política macroeconómica responsable y audaz penetración en mercados internacionales. La tasa de desempleo, en consecuencia, deberá reducirse a cifras inferiores a un dígito: 9% en 2014 y 6% en 2020. (Punto 31).
Modernización y empleo
Como ya lo mencionamos, la crítica al gobierno actual y a la propuesta de Santos, es que se ha privilegiado al capital, al impeler tributariamente la inversión en maquinaria y otros activos fijos, lo que se habría traducido en desestímulo al empleo, sobre todo al no calificado. En consecuencia proponen, en particular Mockus (aunque no solo él), eliminar los estímulos y exenciones al capital y la modernización productiva e incentivar la utilización de mano de obra, sobre todo la menos calificada, para resolver la encrucijada del desempleo. El candidato del Partido Verde resumió su anacrónico punto de vista así: "Bendita sea la realidad colombiana que cuenta con usted señor empresario, pero por favor invierta más en trabajo y menos en máquinas. Modernice a un ritmo un poco más lento teniendo en cuenta que puede dar trabajo." (Debate en CityTV, abril 27).
La propuesta de Juan Manuel Santos es diáfana: no existe contraposición entre modernización y empleo. Lo sucedido en los últimos años, cuyas cifras mostramos arriba, lo prueba. Lo mismo que la ruta de progreso seguida por numerosos países en el mundo, desde los desarrollados hasta los subdesarrollados que han logrado significativos saltos, como varios asiáticos o Chile en nuestro hemisferio. Y en consecuencia no propone desmontar los estímulos a la modernización sino combinarlos con estímulos al empleo. En el punto 36 establece: “La deducción del impuesto de renta sobre nuevas inversiones en activos fijos se combinará con una deducción sobre el incremento en la nómina de trabajadores formales”. Las medidas de estímulo tributario por la creación de nuevas plazas de trabajo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, se conjugarán con apoyos claves en capacitación para el empleo, reentrenamiento, y otras estrategias, buena parte de las cuales se describen entre los puntos 32 a 43 del plan de gobierno de Santos.
Es indiscutible, por otra parte, que en el sector “terciario” (comercio y servicios), donde más impactan los “vagones” aludidos, se pueden crear numerosos empleos sin inversiones cuantiosas en maquinaria u otros activos fijos, como sucede en las actividades industriales, mineras o agroindustriales. “Estos son sectores verdaderamente intensivos en empleo, y no en máquinas, pues esencialmente dependen de gente atendiendo gente. Por ende, llevarán a una segunda expansión en puestos de trabajo de ingresos medios” (punto 33).
Lo que sí es evidente es que un alto porcentaje del empleo en Colombia es informal, motivo por el cual el programa de Santos abordará a fondo su solución. En el punto 31 proyecta para la década formalizar 2.600.000 empleos, 500.000 de los cuales en los primeros cuatro años. Un número amplio de medidas se aplicarán para lograrlo (basta ver entre otros los puntos 36 a 42). De este modo no solo se mejora la calidad del empleo, con mejores remuneraciones y dotándolo de seguridad social, sino que se fortalecen las finanzas del sistema de salud y pensiones, además de contribuir al fortalecimiento de la clase media, una de las bases de la prosperidad democrática.
Normas laborales y empleo
La discusión de esta relación se ha centrado en dos disposiciones: una, la ley 789 de 2002 que modificó varias normas laborales con el fin primordial de favorecer la creación de puestos de trabajo; y dos, la normatividad que regula la parafiscalidad. Las posturas sin embargo son bastante ambiguas y a veces contradictorias. Mientras determinados candidatos pregonan que la flexibilización contemplada en la ley de 2002 no contribuyó a generar empleo, por otro lado prometen que eliminarán o flexibilizarán los parafiscales para crear nuevas puestos.
El diagnóstico sobre la reforma laboral de fines de 2002 no es cierto. Hace unos tres años se presentó el informe de la Misión contra la Pobreza y la Desigualdad (MERPD), que presidió el economista Hugo López. Sobre el particular él mismo expresó en dicho informe, refiriéndose al examen de varios expertos que “la mayoría de esos estudios concluyen en sus efectos positivos; y, aunque uno de ellos es menos optimista, ninguno recomienda echarla para atrás.” (DNP. Pobreza y desigualdad en Colombia. Diagnóstico y estrategias. Resumen. 2006. p. 20). A tono con las conclusiones de esos expertos, el plan de Santos no busca reversar dicha reforma.
Y mucho menos eliminar o transformar los parafiscales. Como ha concluido el mismo Hugo López, eliminar ese costo de la nómina de las empresas podría eventualmente y por una sola vez posibilitar que se creen alrededor de 200.000 empleos. Santos, en consecuencia ha expresado: “Pienso que hay mejores formas de crear puestos de trabajo formales, que simplemente eliminar los parafiscales, porque además tendríamos que conseguir los recursos presupuestales para reemplazar esos fondos y eso sería muy complejo” (Portafolio, 27/04/2010). Es falso, como lo sugiere la campaña de su principal rival, que se pueden cubrir esos recursos con aumentos de la tributación a empresas y personas naturales sin efectos negativos en las finanzas públicas o el empleo mismo. Especialistas como Gabriel Rosas o Stefano Farné, entre otros, ha refutado las afirmaciones en ese sentido de Salomón Kalmanovitz o José Fernando Isaza, asesores conspicuos del candidato Mockus.
Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral
Finalmente digamos que Santos revivirá el Ministerio del Trabajo, para que se ocupe de tareas como atacar el desempleo y la informalidad, resolver los conflictos obrero-patronales, propiciar la capacitación para el empleo, entre otros (punto 43). Una de las intenciones de la administración Santos será que las normas laborales existentes se cumplan (punto 39), más que pretender cambios radicales de ellas, vigorizando este Ministerio.
De otro lado debemos advertir que la escogencia de Angelino Garzón como fórmula vicepresidencial es una garantía –por su conocimiento, trayectoria, y los principios democráticos que profesa- de que las metas propuestas en cantidad y calidad del empleo se cumplan, y el diálogo social entre empresarios, trabajadores y gobierno, progrese y aporte frutos de bienestar y convivencia.
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EL BUEN GOBIERNO (IV)
Señalábamos en artículo anterior que una de las preocupaciones centrales de los colombianos hoy día es la corrupción. Aunque las ejecutorias del gobierno actual en esta materia han sido significativas (baste mencionar tres: la eliminación de los “auxilios parlamentarios”, la reforma de más 400 entidades públicas para librarlas de la politiquería y el clientelismo, y la provisión por concurso de las plazas vacantes en el magisterio), pese a sus denodados esfuerzos, superviven y a cada momento se conocen graves y nuevos focos de corrupción.
El plan de gobierno y los planteamientos de Juan Manuel Santos no solo se ocupan de este crucial asunto, sino que lo sacan del enfoque oportunista de prédica moral con fines electoreros, para colocarlo en sus verdaderas dimensiones, ampliándolo con criterios relativos a la eficiencia y eficacia de la administración pública, además de la indispensable transparencia. Así se establece en el punto 119 del plan de gobierno: “Un tema que resalta constantemente es la insuficiente lucha contra la corrupción; pero ésta eso solo es una cara de la moneda. La otra cara es la efectividad de los recursos y la capacidad del estado para producir resultados”.
Respalda los planteamientos de Santos además, una trayectoria personal muy respetable. De un lado como administrador privado y público por más de tres décadas, en múltiples instituciones donde ha brillado por la pulcritud en el manejo de los recursos, la profesionalidad en la administración, la capacidad de rodearse de equipos calificados seleccionando a sus colaboradores por méritos y no por otras razones, y los resultados obtenidos. Es casi un récord que habiendo pasado por tantas y tan importantes posiciones no haya tenido la más mínima tacha por hechos de corrupción. Y de otro lado, tiene un basamento conceptual que ha forjado en la Fundación Buen Gobierno, creada por él mismo en 1994, dedicada más que nada al mejoramiento de la administración pública en todos sus aspectos. De allí que su estrategia en este campo, elemento consubstancial de su programa, haya recibido ese nombre: Buen Gobierno.
El doctor Santos ha resumido así sus fortalezas: “Tengo una fundación hace muchos años, dedicada a estudiar como hacer más transparente, efectiva y eficiente la labor del Estado. He aplicado esos principios en los ministerios que he ocupado y nunca he tenido ningún problema de corrupción”. Sin embargo ha agregado con modestia: “Pero eso no es suficiente” (Portafolio, 27/04/2010). En tal sentido, le ha dado en el programa una entidad especial a los asuntos del manejo de la cosa pública. Quien repase su plan de gobierno encontrará que la introducción es una descripción de los principios del Buen Gobierno; que constantemente, a través de los 120 puntos, se toca una y otra vez este tema; y que el capítulo de remate es el de “responsabilidad anticorrupción y buen gobierno”. Describamos entonces las grandes líneas de su propuesta.
En primer término, hay un propósito claro del Buen Gobierno: el mejoramiento social de los sectores más desprotegidos. No es simplemente comportarse bien, sino lograr transformaciones a favor de quienes más lo necesitan. Así empieza el plan de gobierno de Santos: “La meta del Buen Gobierno se manifiesta en el hecho de más de la mitad de estas 120 propuestas, son iniciativas sociales. Nuestros esfuerzos se dirigirán hacia la gente, y en especial a los colombianos más necesitados”.
En segundo término, se requiere mejorar la administración pública, para que el Estado pueda cumplir ese cometido de beneficio social. “El mejoramiento de la administración pública será una tarea permanente. Adelantaremos una administración pública que se esmerará por demostrar, en cada contacto con un colombiano, su vocación de servicio, y la búsqueda de la excelencia, la eficacia y la eficiencia”.
De manera sucinta enumeremos algunas reformas para perfeccionar el funcionamiento de las instituciones públicas. Modificación del trámite del presupuesto en el Congreso, separando la ley de ingresos de la de gastos, para evitar manipulación inconveniente de los segundos (punto 117). Modernización del estatuto de contratación pública. Creación de varios ministerios, que está reclamando la opinión, para enfocar la tarea del gobierno en sectores claves: salud, justicia, trabajo, medio ambiente. Creación de nuevos órganos técnicos de regulación, como en el caso del Ministerio de Transporte, para asegurar la sana competencia y una normatividad diáfana allí, a la vez que reforzará la Superintendencia del ramo (punto 85).
En tercer término, se buscarán absoluta transparencia y pulcritud en el manejo de los recursos públicos. Santos ha dicho que el gobierno tiene que ser “el perro guardián” de estos recursos. Entre otras medidas, en el punto 118 del plan de gobierno se precisa: “Todas las familias colombianas necesitan saber cómo se usan sus recursos. Para esto, mediante una carta del Presidente de la República informaremos cada año a todos los hogares colombianos, sobre el presupuesto nacional que le llega a los municipios y departamentos, de manera que los padres de familia y empresarios puedan exigir a sus autoridades locales el correcto uso de esos recursos”. La participación ciudadana será un elemento vital en tal sentido, como lo sugiere la plataforma, por ejemplo en el caso de la educación, involucrando decididamente a los padres de familia.
En cuarto término, es indispensable adelantar una agresiva lucha contra la corrupción. A estos efectos Santos ha propuesto un plan de choque, con la creación de unas “fuerzas de tarea” (usando el término castrense) integrada por distintos organismos oficiales (de control, militares, judiciales, etc.), para atacar los puntos más álgidos donde se han detectado los mayores problemas, como el sector de la salud o la contratación de obras públicas. Así lo ha expresado el candidato: “Hemos diseñado unidades que llamamos 'fuerza de tarea conjunta', al estilo de unidades de contrainteligencia en las Fuerzas Militares que vamos a poner a funcionar para atacar los puntos neurálgicos de la corrupción, en asocio con el sector privado que tiene que ser un aliado en esta causa” (Portafolio, 27/04/2010). En ese sentido, a los funcionarios públicos sorprendidos en tales actos ilícitos se les aplicarán severas penas de cárcel; y además, se propone Santos introducir una reforma que permita la extinción de dominio para los bienes obtenidos mediante actos de corrupción.
En quinto término, es indispensable asegurar una justicia pronta y eficaz. Distintas falencias del sistema judicial niegan este derecho a muchos colombianos, desde los “choques de trenes” entre las cortes o entre éstas y otras ramas del poder, hasta la ineficiencia y demora en la definición de las controversias judiciales. En los puntos 109 a 113 del plan de gobierno se describen varias de las propuestas de reforma en este sentido, entre las que destacamos la creación del Ministerio de Justicia; la adscripción de la Fiscalía a la rama ejecutiva (como en Estados Unidos, que es el modelo del sistema penal acusatorio que hemos adoptado en Colombia) para adelantar una más eficaz lucha contra la criminalidad; descongestionar el sistema judicial, abrumado por la dificultad de resolver numerosas “pequeñas causas”, con un equipo de unos 500 jueces dedicados a ello y la acción de conciliación de las Casas de Justicia.
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PROSPERIDAD PARA TODOS (V)
La prosperidad que el plan de gobierno de Juan Manuel Santos busca es democrática, es decir para todos. He ahí la esencia de su sentido social. Seguridad y crecimiento económico se tienen que traducir en bienestar para las mayorías. Vamos a explicarlo y detallar las líneas fundamentales de acción para conseguirlo.
Empecemos por decir que sus críticos y los del gobierno de Uribe han querido hacerle creer al país que en el actual gobierno no se adelantó una política social exitosa, que los logros en seguridad y crecimiento de la economía no se tradujeron en mejoría de las condiciones de vida de la población más vulnerable. Pese a que subsisten desequilibrios y carencias enormes, es enteramente falso que los resultados de los últimos ocho años no hayan sido muy positivos.
Se recalca sobre todo en la pobreza y la indigencia, que son muy elevados. Según Planeación Nacional, entre 2002 y 2008 el indicador de pobreza, según la metodología de “línea de pobreza” descendió casi 8 puntos (del 53.7% al 46%), lo que significó que 3 millones de compatriotas salieran de ese estado. De igual modo se redujo la indigencia o pobreza extrema casi dos puntos, del 19.7% de la población al 17.8%. Factores externos como la elevación mundial del precio de los alimentos primero, y la actual crisis mundial luego, redujeron el ritmo de mejoramiento, pero acaba de conocerse que durante 2009, en el peor momento de la recesión prosiguió el avance: el índice de pobreza cayó a un 45.5% y el de indigencia a un 16.4%.
Y aunque son niveles altos, en este particular hay un factor que se desconoce o evade: las cifras mencionadas no contemplan los efectos de la política social de estos 8 años, con programas como Familias en Acción y otros. Un estudio de Planeación Nacional estimó para 2008 que su efecto era reducir el indicador de pobreza en un 14.4%, porcentaje que puede ser mayor hoy. En síntesis, en opinión del director del DNP, el porcentaje real de pobres en Colombia puede ser 30%, cifra que aunque alta es sensiblemente menor de la que tanto se agita por los críticos, y que refleja un sustancial mejoramiento en la condición de millones de conciudadanos.
Una columna vertebral del programa de Santos, por ende, es mantener y fortalecer programas sociales vigentes, que han demostrado su eficacia. Valga mencionar Familias en Acción y la Red Juntos (puntos 1 y 2), complementado con Mujeres en Acción, Empleo en Acción y Jóvenes en Acción (punto 41). Los ancianos, las minorías étnicas, las mujeres y los niños tendrán nuevas herramientas de apoyo, como puede observarse en diferentes lugares del plan (puntos 57 a 62, por ejemplo).
Ya habíamos mencionados en artículos anteriores medidas específicas enfocadas en diferentes sectores económicos, que tendrán gran impacto social. Baste recordar la política agraria, con diversos estímulos y la distribución de dos millones de hectáreas de tierra a quienes deseen trabajarla; o la de vivienda social, con la meta de construir un millón en cuatro años, que además de elevar el nivel de vida de sus adquirentes contribuirá a generar un millón de empleos; o la ambiental que, entre otras cosas, se propone reforestar 100.000 hectáreas al año.
Deseamos en este artículo concentrarnos en dos áreas que son de la mayor importancia, no solo para buscar la erradicación de la pobreza y la indigencia, sino para reducir la desigualdad que es una de las peores lacras del país: la educación y la salud.
Educación
Empecemos por decir aquí también que la “Revolución educativa” adelantada por los dos gobiernos de Álvaro Uribe ostenta logros impresionantes, sobre todo en cobertura, que ahora deben ser aprovechados, ampliados y potenciados con nuevos componentes. Baste saber, para responder a los denuestos infundados sobre la supuesta falta de sensibilidad social de este gobierno, que la cobertura educativa ha dado un salto trascendental en los últimos 8 años. Hoy hay universalización de la enseñanza primaria y secundaria, con 100% de cobertura. En la media se pasó del 57.4% al 79.4%. En los tres niveles anteriores el aumento de cupos fue de 1.330.470. Y en la educación superior la cobertura pasó de un 24.2% a un 35.5%, con 520.299 estudiantes adicionales.
La estrategia del plan de Santos podemos enfocarla de manera escalonada. Empecemos por la primera infancia, los niños menores de cinco años. Su atención integral, para los estratos más pobres, apenas se inicia en el país a instancias sobre todo del Partido de la U que logró aprobar en el Congreso una ley sobre el particular. El plan de gobierno hace suyos los propósitos de la ley, con educación apropiada (puntos 9 y 56), nutrición (punto 54) y otros aspectos financieros y de atención (puntos 55 y 57).
Continuemos con la educación básica. Reza el punto 10: “Un tema central es el establecimiento, a nivel constitucional (Artículo 67), de la gratuidad de la educación básica para los niños de hogares pobres. Haremos cumplir este mandato, y lo sufragaremos con el 1% del Sistema General de Participaciones para educación”. Valga decir que, además, se postula el apoyo a la innovación y modernización de los sistemas de enseñanza (puntos 8, 12, 13) y la elevación de la calidad (11) en todo el sistema educativo, así como la superación de distintas brechas educativas (entre campo y ciudad, colegios públicos y privados, etc.) según se consagra en el punto 15.
Sigamos con la educación superior. Aquí se establecen dos lineamientos: uno cuantitativo y otro cualitativo. El primero consiste en la meta de elevar los cupos, duplicando la matrícula universitaria al final del cuatrienio, superando el 50% la tasa de cobertura (punto 18). El segundo tiene varios componentes. Uno clave es modificar la relación entre la formación profesional de un lado, y técnica y tecnológica de otra, a favor de la segunda que ha estado relegada en el país (punto 14). Otro importante es remontar los modestos niveles de calidad, sobre todo propiciando la acreditación de la mayoría de programas y universidades. Por último, se pretende estimular los postgrados, la investigación, la producción y publicación de literatura científica y técnica (punto 20).
Salud
No menos significativas son las realizaciones conseguidas en los últimos años en el campo de la seguridad social, y en particular en el de la salud. De un total de 24 y medio millones de personas cubiertas en 2002 se ha pasado a 41 millones, faltando menos de 4 millones por amparar. De esos totales estaban cobijadas 13.165.000 por el régimen contributivo en 2002, y ahora alcanzan casi 18 millones; en el régimen subsidiado estaban amparadas 11.400.000 personas, pasando a unos 23 millones ahora, más del doble. Si miramos el crecimiento en la afiliación a pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, podremos observar un salto muy favorable en seguridad social para millones de colombianos.
Recientemente se ha desatado una crisis en el sistema de salud, que el gobierno buscó conjurar con medidas de emergencia. La Corte Constitucional desechó esa vía, pero dejó vigentes las medidas que recaudan ingresos nuevos para financiar el sistema, a fin de que el Congreso tome cartas en el asunto con legislación ordinaria. El Partido de la U, por orientación de su director único, el doctor Santos, respalda la propuesta del gobierno sometida al parlamento. Debe aclararse en todo caso que la crisis ha sido precipitada por factores ajenos en buena medida al gobierno: las tutelas falladas para reconocer tratamientos y medicamentos No-POS, y la orden de la Corte Constitucional de unificar el POS de los regímenes subsidiado y contributivo. De todos modos se observan fenómenos fuertes de corrupción e ineficiencia, lo mismo que incidencia negativa de la alta informalidad del empleo en el debilitamiento de los recursos del sistema.
El candidato Santos ha defendido la necesidad inaplazable de fortalecer la salud con nuevos recursos, como los gravámenes al consumo de licores o tabaco. Pero además estima que su propuesta de creación y formalización del empleo, robustecerá las arcas del sistema de seguridad social. “Es un tema clave, que debemos abordar con unos principios básicos. Dentro de ésos está el de hacer el sistema sostenible financieramente y en ello entra nuestra propuesta que es la formalización de nuestra economía. No podemos seguir dando subsidios y beneficios gratis y al mismo tiempo, disminuyendo la base de quienes contribuyen, porque eso simplemente no suma” (Portafolio, 27/04/2010).
El plan de gobierno de Santos busca una solución integral a esta crisis, para que prosiga el avance y se consoliden los logros del sistema de salud. Está prevista la actualización técnica y la definición de un solo POS, sostenible financieramente (punto 44); establecer un plan de salud pública, de prevención de la enfermedad y promoción de la salud (48); regulación del precio de los medicamentos (49); unificación de la normatividad del sector, con un Estatuto Único de Salud (47); mejorar sustancialmente la calidad y oportunidad de la atención (46); combatir a fondo la corrupción (45); apoyar a los hospitales pero exigirles racionalidad (53). Como colofón el ex ministro Santos ha indicado: “Al esquema de salud hay que aplicarle los principios del Buen Gobierno, porque hay muchas ineficiencias y mucha corrupción. El Plan Obligatorio de Salud debe ser incluyente y tanto los médicos como los jueces los deben respetar. Y por supuesto hay que trabajar para que la calidad de los servicios mejore más y más, teniendo en cuenta los derechos de médicos y pacientes” (Portafolio, 27/04/2010).
Concluyamos señalando que el plan Santos tiene previsto revivir el Ministerio de Salud, segregándolo del actual de Protección Social, “para que exista un responsable político exclusivo de la calidad, la universalidad y la viabilidad financiera de este servicio fundamental para la vida de los colombianos” (punto 52).
* Director Académico del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).
Medellín, mayo de 2010
