Alberto Carrasquilla
El Espectador, Bogotá
Abril 26 de 2010
El 42,5 por ciento de las personas empleadas en el país reciben una remuneración por debajo del salario mínimo. La falta de empleo es considerada como la enfermedad colombiana.
En un trabajo reciente, Hugo López utiliza las encuestas de hogares para estimar y analizar la remuneración diaria que recibe el trabajo en Colombia. Encuentra que el 42,5% de los ocupados recibe una remuneración inferior al salario mínimo legal, medido en términos diarios. Si a este 42,5% le sumamos el 12% en situación de desempleo, obtenemos un retrato crudo de la enfermedad más protuberante que sufrimos como sociedad: un 55% de la población, con tendencia ascendente, es excluida de los beneficios de la formalidad laboral.
Se trata de una enfermedad crónica y creciente, como el mismo López documenta ampliamente en éste y otros estudios que remontan sus fuentes estadísticas a los años ochenta.
Su dictamen es confirmado, entre muchos otros estudiosos, por Mondragón, Peña y Wills desde la Universidad de los Andes, en un excelente trabajo que discute a fondo el tema.
Nuestra sociedad está, pues, enferma desde hace rato. La pregunta importante es: ¿por qué diablos semejante convaleciente no está sometida a un tratamiento curativo?
Si la informalidad y la exclusión que tipifican nuestra sociedad fueran realidad recurrente a lo largo y ancho del mundo, vaya y venga su terca persistencia entre nosotros. Colombia, empero, es excepción mucho más que regla. La realidad demuestra que sobre la mesa de las alternativas yacen, para quien las quiera usar, no obstante el ocasional pinchazo ‘jarto’, vacunas que inmunizan y antibióticos que sanan.
Creo, junto con la escuela progresista colombiana, que la informalidad y la exclusión existen porque favorecen a un grupo de privilegiados cuyos intereses predominan sobre el bien común, impidiendo atacar con seriedad la patología de marras.
Una posibilidad es que el villano protagónico sean “los ricos”, la clase empresarial y el capitalismo dedocrático en general. A través del ejercicio del poder económico, y con el fin de saciar la sed sin matices de su mezquindad, empresarios ricos, privilegiados en esta democracia fallida, compran políticas públicas a su imagen y semejanza, las cuales exhiben sesgos marcados contra el empleo y la formalidad.
La solución obvia es clavarles más impuestos, más regulación y más exigencias. Es decir, la solución es expropiarlos, pero sólo un poquito; no somos Chávez, al fin y al cabo. Creo, al contrario, que la exclusión y la informalidad en nada le convienen a una clase empresarial que ganaría mucho más dinero en un país formalizado, educado y pujante. La exclusión y la informalidad corren, creo yo, por cuenta de una burguesía asalariada, cuyos intelectuales importaron el concepto de derecho social fundamental y estrenaron para el trópico el activismo judicial. Con el fin de proteger su frágil patrimonio, estos insiders minoritarios han atornillado una política pública que los ampara de las vicisitudes de la modernidad.
Esta burguesía ha construido un miniestado del bienestar en Colombia. Mini por lo excluyente y regresivo. Para los insiders hay seguro “gratuito” de salud; un esquema de cobertura contra riesgos en sus obligaciones hipotecarias, salario mínimo excluyente, subsidios para su educación superior y sus pensiones, tarifa impositiva cero para sus ingresos, su consumo, sus transacciones financieras y su patrimonio; gravámenes patronales con destinación específica para la provisión de bienes y servicios del pleno gusto insider y así sucesivamente.
El costo de esta miniatura no lo pagan “los ricos” como presume el progresismo colombiano, que al parecer no ha logrado entender el concepto de incidencia tributaria. El costo lo sufragan, principalmente, dos actores. La población más pobre, con la tarifa de su exclusión sin remedio, y las generaciones futuras, con el zarpazo que años y años de informalidad le pegan a una riqueza que, de otra forma, habría podido ser.
*Ex ministro de Hacienda.
