Salomón Kalmanovitz
El Espectador, Bogotá
Abril 26 de 2010
El desempleo es el mayor problema que enfrentan los colombianos hoy y es abrumador para los más jóvenes.
Para la población en edad de trabajar, el desempleo registra un 13,5%, pero para jóvenes es de 22,5%, y dentro de éstos, la desocupación de las mujeres se aproxima al 30%.
Se trata de un mal que se agudiza en el caso de los que no cuentan con educación superior y está afectando incluso a los bachilleres en las zonas rurales del país. La tasa de desempleo en el quinto de la población más pobre de los jóvenes entre 20 y 24 años es cercana al 50%, excluyéndolos de los beneficios que puede generar la sociedad y hundiéndolos en el fatalismo sobre su futuro.
La racha de crecimiento económico de 2003-2007 contribuyó al aumento del empleo moderno, pero sesgado a favor del trabajo más calificado. Al mismo tiempo, ha aumentado más que proporcionalmente el trabajo en el sector informal. La mayor competencia en la que viven las empresas, el desarrollo de una economía minera, muy intensiva en capital por cierto, y políticas públicas que han incentivado el uso de la maquinaria, al tiempo que han recargado las nóminas de nuevas contribuciones, han acentuado las tendencias hacia el menor uso del trabajo en la producción y en los servicios que han crecido más que la manufactura.
Para tener una idea del cambio de los precios relativos del capital y del trabajo, tenga en cuenta el lector que entre 2002 y 2008 el precio real de la maquinaria cayó 30%, una parte debido a la revaluación del peso, la otra gracias a descargas inocuas de impuestos por un valor hasta del 40% del equipo. Digo inocuas porque pretendían incentivar la inversión, algo que el propio crecimiento de la economía local y la demanda mundial por petróleo y carbón lo hacían de manera más contundente. Pero sí se perjudicaba el empleo porque resultaba más barata una máquina automática que un operario; según las cuentas de Hugo López, aumentó la dotación de capital por trabajador en 21% entre las mismas fechas. El aumento de las contribuciones a la salud (3% de aporte de solidaridad), los ajustes del subsidio de transporte y el supuesto aumento de la productividad del salario mínimo todos llevaron a recargar en otro 5% los costos del trabajo para el empleador.
Para contrarrestar esta situación, la demanda por empleo debe activarse con base en el crecimiento de sectores intensivos en mano de obra que tengan avenidas de exportación hacia Asia, con muchos TLC. Al mismo tiempo se debe adoptar una disciplina macroeconómica que impida la revaluación del peso y que el sector minero se torne en una maldición para el resto de la economía. Esta disciplina tiene el problema que impide asignar recursos o subsidios de cualquier tipo, a menos que se haga una reforma tributaria estructural que aumente el recaudo y el nuevo gobierno lo asigne priorizando su mejor uso y elimine la corrupción con que se vienen otorgando. Ese nuevo estatuto tributario permitiría liquidar contribuciones antitécnicas como los parafiscales, aumentando el empleo de cerca de 160.000 personas, y otras como el impuesto a las transacciones que informaliza la economía e impide su bancarización.
Por el lado de la oferta se debería aumentar la cobertura y la calidad del sistema educativo de carreras técnicas, incrementar el crédito educativo, trasladar el Sena al Ministerio de Educación y dejar atrás la política de aumentar la cobertura con cursos de un año, rentable políticamente pero a costa de la calidad que surge de cursos de tres años con alta demanda empresarial.
