Tomás Uribe Mosquera*
Portafolio, Bogotá
Febrero 19 de 2010
¿Cómo conciliar juicios sentenciosos sobre nuestra violencia antisindical con el descenso que reflejan las cifras oficiales y de ONG sindicales? Según la Agencia Laboral ENS y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (No es muda la muerta, nov./09, p.80), el número de sindicalistas asesinados bajó en un 72,9% (de 191 a 49) durante el 2002-08. Esta tendencia se mantiene en el 2009, con 39 homicidios. En un nivel más bajo, las cifras oficiales siguen propensión similar.
La tasa nacional de homicidio (2009: 35.2 por 100.000 habitantes) supera siete veces la de sindicalistas (4.9). Mejía y Uribe (¿Es Sistemática y Focalizada la Violencia contra Sindicalistas?, nov./09), anotan además que ésta cae mucho más rápido que aquella: 74 vs. 44% durante 2002-08. Su ritmo 'menguante' supera el de otras categorías vulnerables (periodistas, alcaldes, concejales, indígenas...).
Ello puede deberse, i.a., a la política de Seguridad Democrática y al programa de protección individual para personas vulnerables: 1.900 líderes sindicales de un total de 9.000 colombianos protegidos (abril/08).
Salvo excepción, evolucionan favorablemente los indicadores de violencia antisindical, del 'cuatrienio Pastrana' al 'Uribe-1' (Informe ENS-CCJ, p.29): mucho aumentan hostigamiento (de 57 a 139) y, con cifras muy bajas, tortura (3 a 17) y allanamiento ilegal (4 a 8); los demás varían muy poco (amenazas, desplazamiento forzado: 52,7% del total de casos) o bajan substancialmente (homicidios y el resto: 45,2%).
El descenso se acelera durante Uribe-2 hasta el 2009 (p.31): se disparan desplazamiento forzado (de 207 a 303) y, con cifras bajas, allanamiento ilegal (de 8 a 10); los demás (81,2%) caen notablemente. Mediante análisis econométrico de tipo panel, aparentemente robusto, Mejía y Uribe concluyen que la violencia antisindical (homicidios y amenazas) está correlacionada con indicadores locales de desarrollo y violencia general, pero rechazan la hipótesis de que la determine la actividad sindical.
A ello se contrapone la fe de la izquierda nacional y muchas figuras internacionales en "una violencia antisindical sistemática, estructurada, selectiva y continuada en el tiempo" (Ibid, p.47) y ésta corrobora "la intención histórica de exterminio de lo sindical en el país" (pp.7 y 21). Poco más, poco menos dijo el entonces candidato Obama en octubre/09 al declarar su oposición a ratificar el TLC con Colombia: "la historia de Colombia en la actualidad es que líderes sindicales han sido blanco de asesinato sobre una base bastante sistemática y no ha habido judicialización".
Según George Miller, opositor declarado de ese y otros TLC, aún sin ratificar en la Cámara de Representantes de E.U., "los trabajadores en Colombia han sido muertos por disposición del Gobierno, de los industriales, de la clase económica de ese país..." (enero/10). En diciembre pasado, la Confederación Europea de Sindicatos (es-Etuc) "(puso) de manifiesto su indignación frente al asesinato continuo de sindicalistas en Colombia". También 'reiteró' su oposición a las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo entre la UE y los Gobiernos de Colombia y Perú, y cuya finalidad es concluir acuerdos comerciales bilaterales".
La ONG británica JFC hace idéntico llamado y aduce que "el asesinato de sindicalistas en Colombia está en auge, con aumento del 25% frente al año anterior". Afirmaciones afines sobre nuestra violencia antisindical y sendos acuerdos comerciales emanan de distintos partidos y grupos canadienses y europeos.
¿Cómo explicar conclusiones que, más allá de su muy efectiva retórica anticomercial, van en contravía del acervo estadístico a disposición de los interesados, empezando por nuestros sindicatos, y libremente 'accesible' por quienes los apoyan internacionalmente? Como nada es más peligroso que descalificar personas y organizaciones sociales en un país con la tradición violenta de Colombia, más vale procurar entender sus posiciones.
Los sindicalistas parten de una doble legitimidad moral. Quien padece la violencia sabe más de ella que quienes la observan 'desde afuera'. Algo así como el hambre: resulta difícil definirla científicamente, pero quien la siente desde luego sabe qué es. Colombia cuenta, además, con una cruenta historia reciente de violencia paramilitar contra grupos de izquierda, incluidos numerosos sindicalistas.
Sobre los vínculos regionales entre paramilitares, Estado y dirigencia política durante 1997-2003, resaltan las investigaciones de Claudia López (en Semana.com) y la Corporación Arco Iris ('Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdo políticos', 2007). Para quienes sufrieron o presenciaron esta violencia, puede pesar más la historia cercana que la evolución favorable en los principales indicadores de violencia antisindical.
Hay, luego, el gran debate acerca de si los 'grupos o bandas emergentes' no son más que una reconfiguración de los grupos paramilitares (sus 'herederos', según HRW) u obedecen una motivación oportunista y crapulosa, y ésta los concentrará en en su 'negocio' en vez de llevarlos al sangriento 'control social' que antecedió a la desmovilización paramilitar. En el segundo caso, los sindicalistas no tienen porqué temer más, localmente, que otros colombianos.
En el primero, es natural que se sientan a riesgo y juzguen temporal y reversible el mejoramiento en los indicadores distintos a desplazamiento y allanamiento illegal (amenazas, homicidios/atentados, detención arbitraria, hostigamiento...).
Ello explicaría que busquen transmitir otro mensaje de urgencia a la comunidad internacional, como el plasmado en ENS-CCJ (pp. 27-28, 47-48) y HRW-2010 (pp.49-52), así requiera hacer uso puntual o selectivo de la información disponible. Dicha comunidad, desde luego, es responsable de lo que elige creer.
Media finalmente la heterogeneidad del universo sindical colombiano. Abarca tanto sectores 'seguros' (banca, gran industria manufacturera, transporte aéreo, otros servicios de alto valor agregado...), en donde es ínfima la violencia antisindical, como actividades expuestas a ésta en zonas de conflicto social latente: extractivas (petróleo, banano, palma...); educativa; judicial; de la construcción; y de servicios públicos municipales.
La mucho menor violencia del primer subconjunto, al promediarse con la del segundo, la mitiga e 'invisibiliza'. Salvo que se lo propongan expresamente, estudios serios como el de Uribe y Mejía (Op.Cit.) difícilmente recogerán esta diferencia acaso esencial. El problema de agregación sectorial es negado por los interesados. La Agencia Laboral ENS imputa 'intenciones' de 'manipulación estadística' al Gobierno cuando "optó por diferenciar tácticamente las cifras de asesinatos contra educadores sindicalizados..." (dic./09).
Esta negación socava quizás la principal explicación técnica del divorcio estadístico entre violencia sentida y contabilizada. ENS-CCJ sí admite su desagregación espacial e institucional y llama a priorizar su investigacion en "12 departamentos y 25 sindicatos que concentran el 85 por ciento de los homicidios cometidos contra sindicalistas" (p.48). El nexo entre uno y otro tipo de desagregación es manifiesto: 2/3 de los homicidios registrados en 1986- 2009 corresponden a Sintrainagro, Fecode y USO, tradicionalmente asociados con banano, enseñanza y petróleo, pero también a Antioquia (incluido Urabá), Santander, Valle, César y Magdalena, principal 'entorno violento' de estas actividades.
Los datos no sustentan la dialéctica moderna del exterminio. En distintos tiempos y lugares, hubo agresión frontal del paramilitarismo contra movimientos de izquierda, incluido el sindical (2/3 de cuyos homicidios causó en 1986-2009), y la alarma que infunde su 'reconfiguración' percibida se vierte en informes como ENS-CCJ y HRW-2010. Sindicalistas y Gobierno deben sincerar el debate, con sendos reconocimientos públicos.
Gobierno: las bandas delincuenciales pueden no ser 'nuevas' y sí traer amenazas para el mundo sindical y la izquierda, amén de un mayor reto aun frente a judicialización e impunidad. Sindicalistas: sin perjuicio de las ejecuciones extrajudiciales aducidas (21 en 1996-2008, p.34), los homicidios han caído considerablemente (en 4/5) desde el 2002, bajo la política de Seguridad Democrática y con esquemas de protección individual, y la violencia antisindical 'total' evoluciona, mucho menos aprisa, en el misma sentido.
* Consultor internacional.
