José Manuel Restrepo A.
El Nuevo Siglo, Bogotá
Febrero 18 de 2010
Me han sorprendido recientemente las actuaciones del Gobierno Nacional en la apertura de temas muy polémicos de política económica, social y educativa. Y digo que sorprende por cuanto no es común que ad-portas de cierre de gobierno, este tome la decisión de gastar su capital político en temas que a todas luces no logran consensos y ni siquiera acuerdos mayoritarios. Peor aún, cuando dichos debates se hacen en medio de una confusa campaña presidencial y de elección a Congreso de la República, en donde sobran los oportunistas carentes de ideas, que hacen de estos debates el tema de sus campañas. Demuestra esto último la incapacidad de dichos candidatos para proponer ideas pero, además, lo sencillo que es hacer populismo cuando se toca la fibra del bolsillo de los colombianos. Podría indicar esto también que no habrá más reelecciones y que esta es la oportunidad para responsablemente cerrar una agenda de gobierno.
Como lo defendí en este espacio, y sin aceptar los contratos millonarios “pasaditos de Tono” para los asesores de los decretos de emergencia social, o las imprecisiones parciales de los mismos, es valiente del Ministro de la Protección Social, y ahora más del propio Presidente de la República, la titánica tarea de enfrentar políticos populistas, academias médicas, sindicatos, enemigos de siempre y muchos más, para tratar de demostrarnos que el propósito es ampliar la cobertura de servicios a los menos favorecidos, evitar la evasión y corrupción en los pagos de salud, y diseñar un modelo de prestación de servicios a la medida de Cundinamarca y no de Dinamarca, que sea costeable y sostenible.
No contentos con este peligroso frente de discusión, ahora el Director de Planeación Nacional ha abierto un debate nacional al retomar la idea de salarios mínimos diferenciados por regiones. No faltaron de nuevo los populistas y enemigos de siempre rechazando la idea, sin haberle dado un debate suficiente. Una propuesta como esta tendría un resultado favorable en generar empleo formal antes inexistente en ciertas regiones con un salario a la medida del costo regional de la canasta familiar, sin perjuicio del análisis sobre los efectos negativos en una posible migración laboral a las regiones de más alto ingreso. Los argumentos en contra van por la vía de inconstitucionalidad e ilegalidad, como insinuando que es inconstitucional atacar la pobreza en el país. A propuestas como ésta, le surgen alternativas en congresistas irresponsables que prefieren elevar las cargas laborales recuperando las horas extras, para allí sí, acabar con la generación productiva del país, y de “pasadita” con la generación de empleo.
A pesar de lo tardío con que llegan estas propuestas, es valiente del Gobierno traerlas al escenario del debate y enfrentar dramas que este país nunca, por la incapacidad de sus gobernantes, ha enfrentado.
El futuro debate que se abrirá será la Reforma a la Ley 30 de 1992 de la Educación Superior. Habrá que alquilar balcón para ese nuevo berenjenal.
