Editorial
El Espectador, Bogotá
Febrero 17 de 2010
Esta semana llegará al país una misión de parlamentarios de la Unión Europea, de distintas naciones y filiaciones políticas.
Vienen con el propósito de conocer de primera mano la evolución de la economía, la política y los aspectos sociales en tiempos recientes, para concretar su respaldo al Tratado de Libre Comercio entre esa rica región del mundo y Colombia. Por lo tanto es oportuno hacer unas reflexiones sobre este crucial acuerdo.
En primer lugar, sea esta una nueva ocasión para reiterar la conveniencia para nuestro país de embarcarse en una iniciativa comercial y económica de esta naturaleza y envergadura. Porque este tratado —cuya negociación concluirá en Bruselas la semana entrante— les brindará a los empresarios nacionales grandes oportunidades de ampliar sus mercados mediante exportaciones a naciones con una elevada capacidad adquisitiva. Vale la pena recordar que la Unión Europea cuenta con 500 millones de consumidores y un ingreso per cápita anual de 37 mil dólares. Un mercado equivalente a 85 veces el de
Adicionalmente, el acuerdo comercial estimulará la llegada de capitales europeos en forma de inversión extranjera, puesto que su entrada en vigencia es un voto de confianza en la solidez y el potencial de la economía nacional. Todo esto permitirá un mayor dinamismo del aparato productivo, lo cual redundará en más puestos de trabajo y en mayores recaudos tributarios para hacer inversión social.
Algunos dirigentes de izquierda de varias naciones europeas han planteado que este Tratado de Libre Comercio se le debe negar a Colombia por su desempeño en materia de Derechos Humanos. Argumentan que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para protegerlos y que por lo tanto no se le debería dar al país este privilegio. Una posición que no es justa ni lógica.
Es injusta, porque si bien es cierto que en el país subsisten serios problemas en cuestión de Derechos Humanos, también es verdad que en los pasados ocho años se ha registrado un muy significativo avance, que se evidencia en la reducción de más del 50 por ciento en los homicidios, del 90 por ciento en los secuestros y del 85 por ciento en los crímenes de activistas sindicales.
Es ilógica la actitud de estos pocos opositores europeos, puesto que negarle a Colombia esta gran posibilidad comercial sería contraproducente para su avance social y económico. Porque este acuerdo servirá para fortalecer la economía legal generando negocios nuevos en muchos sectores y regiones, le brindará al Estado recursos adicionales para la salud, la educación y los servicios públicos de los ciudadanos menos favorecidos, y creará nuevos empleos vinculados a las exportaciones adicionales que se producirán con su implantación. Además, un acuerdo de esta naturaleza, como lo demuestran las experiencias de otras naciones que los han adoptado, eleva los estándares de las condiciones laborales.
El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería, ha hecho una buena labor impulsando este Tratado, cuya aprobación final quedará en manos de los eurodiputados en el segundo semestre de este año. Ojalá los parlamentarios de las 27 naciones de la Unión Europea concluyan que una de las mejores maneras de ayudar a Colombia es mediante la puesta en marcha del poderoso instrumento de progreso social y económico que es este gran acuerdo comercial que se firmará en mayo en Madrid.
