Juan Carlos Jaramillo
El Colombiano, Medellín
Febrero 11 de 2010
Cualquier observador que se moleste en analizar desapasionadamente el tema, llega a la conclusión de que el sistema de salud en Colombia requiere de ajustes importantes si es que va a cumplir con las funciones que la sociedad espera de él. Las recientes medidas diseñadas para tal fin han recibido duras críticas, muchas de ellas válidas. Pareciera que hubo falta de diligencia en la concepción de los ajustes propuestos y, probablemente también, en la elaboración de los decretos correspondientes. Pero la orientación general de la reforma es válida: como está, el sistema no es sostenible en el tiempo. Para que lo sea, hay que introducir cambios de no poca monta.
Los problemas son económicos: los recursos que recibe el sistema, provenientes tanto de los aportes de los 'asegurados', como de las empresas y del gobierno, simplemente no alcanzan para costear los servicios que muchos desean que se presten. Por lo tanto hay que obtener más ingresos o hay que mejorar la productividad. Y, si ello no basta, hay que limitar en alguna forma los servicios que se prestan. Un sistema con déficits estructurales, como el actual, no es viable. Esta es una verdad que molesta a muchos. Por eso es impopular. Pero por mucho que moleste, no deja de ser verdad.
Las críticas deben dirigirse a donde toca. Al Gobierno se le puede criticar la demora en tratar de solucionar el problema; la manera específica como optó por eliminar algunos excesos; la falta de diálogos, consultas con sectores afectados; y hasta la falta de imaginación. Pero hay que reconocerle que decidió finalmente acometer la tarea, ingrata e impopular, de buscar soluciones a un problema complejo a pesar de estar en año electoral. Las críticas, por válidas que sean, no deben servir de excusa para no hacer nada.
Hay soluciones que deben descartarse. Por ejemplo, quienes consideran que la razón por la cual el sector entró en crisis es el "afán de lucro desmedido de las EPS privadas", y que la solución sería nacionalizar el sistema, deben preguntarse por qué la gran mayoría de los colombianos asegurados han preferido migrar del segmento público al privado. Soluciones simplistas, como las que sugieren que sea el Estado quien cubra cualquier faltante, son igualmente desechables. (¿Quién cubre los faltantes del Estado?).
Al mismo tiempo, hay otras soluciones que, aunque dolorosas, hay que contemplar. Es cierto que la ciencia médica ha logrado avances impresionantes, creando nuevos tratamientos para muchas dolencias. El problema es que algunos son extraordinariamente costosos. Hasta países con ingresos por habitante casi diez veces más altos que los nuestros, restringen el acceso a este tipo de tratamientos. Nosotros tendremos que aceptar, también, que muy pocos pueden acceder a ellos. Esta es una realidad que molesta, en gran parte porque discrimina más fuertemente en contra de los menos pudientes. Pero eso no la hace menos real. Probablemente lo menos injusto sería simplemente excluir del sistema la prestación de este tipo de servicios.
Aunque se han flexibilizado, las Cortes han sido renuentes a aceptar la restricción presupuestal como argumento válido para limitar la prestación de servicios, a pesar de que ello podría llevar al derrumbe del sistema. Pero en algún momento habrá que reconocer que es preferible un sistema de salud imperfecto a uno inoperante. Y es que, si se insiste en que no puede haber restricciones en el acceso a servicios, el sistema se volverá inoperante. El gobierno debe estar atento para evitar que las EPS puedan abusar en casos particulares, pero hay que reconocer las limitaciones del sistema, por doloroso y desagradable que ello sea.
