3,13 millones sufren el peor desempleo de Colombia en seis años

Portafolio, Bogotá

Febrero 27 de 2010

El desempleo se disparó en Colombia, al llegar a 14,6 por ciento en enero, la tasa más alta de los últimos 72 meses, que equivale a 3'128.000 personas sin una ocupación. Frente a igual mes del año pasado, el desempleo aumentó en 0,4 puntos, es decir, en 298.000 personas.

El número de ocupados, por su parte, ascendió a 18'276.000 personas, 1'213.000 más que en enero del 2009, que equivale a una tasa de ocupación de 53 por ciento, la más alta para cualquier mes desde enero del 2001, cuando la economía colombiana enfrentaba las consecuencias de la profunda recesión de 1999.

En las 13 principales áreas metropolitanas, la situación es peor, pues el desempleo llegó a 15,3 por ciento. En ellas, se concentran 1,59 millones de personas que buscan trabajo sin encontrarlo.

El ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, dijo que el Gobierno ya había advertido que no se pueden ver resultados de mejoras en la tasa de desempleo sino probablemente al término del segundo trimestre de este año.

Los análisis oficiales, con base en el comportamiento reciente de la actividad económica, señaló el funcionario, llevan a esperar crecimientos en la industria, el comercio y la construcción privada, que son grandes generadores de empleo.

Aunque los eneros siempre son de tasas de desempleo más altas que las de los demás meses, por la finalización de la mayor actividad económica que se registra por las fiestas de fin de año, el 14,6 por ciento señalado supera cualquier enero desde el 2004.

El gerente del Banco de la República, por su parte, comentó que la política monetaria incide en el empleo que tiene que ver con los factores cíclicos de la economía y que la actual política monetaria, que es expansiva busca estimular el crecimiento económico y en esta recuperación también mejora el empleo y se reduce la desocupación.

En el trimestre mencionado, el desempleo en las áreas urbanas fue 13,4 por ciento, 0,6 puntos más que un año antes, mientras que en el campo bajó de 8,7 a 8,4 por ciento. Para 24 ciudades, el Dane reportó un desempleo de 13,3 por ciento; Pereira y Popayán registraron las tasas más altas, con 20,6 y 20,1 por ciento, respectivamente, mientras que Barranquilla y San Andrés se ubicaron al otro lado de la tabla, con 9 y 9,4 por ciento.

Sigue aumentando el trabajo precario

Para el trimestre noviembre-enero, el desempleo en todo el país revelado por el Dane fue de 12,3 por ciento, ligeramente por encima de la de igual periodo del 2009, mientras que la tasa de ocupación saltó de 51,3 a 54,8 por ciento.

Así, los colombianos que reportaron alguna ocupación ascendieron a 18'867.000, un aumento de 1'497.000, respecto a igual lapso de 12 meses atrás. Sin embargo, ese incremento obedeció al fuerte crecimiento de los trabajadores familiares sin remuneración, 47,9 por ciento; al del empleo doméstico, 17,4 por ciento, y al de los trabajadores por cuenta propia, 17 por ciento, que se caracteriza por ser un empleo de baja calidad e ingresos y sin seguridad social.

Bienvenido TLC con Europa

José Manuel Restrepo Abondano

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 25 de 2010

Tuve la fortuna de participar en un reciente encuentro con un nutrido grupo de europarlamentarios, a propósito de la muy posible firma de un Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. La visita coincide con la novena ronda de negociaciones que se realizará en Bruselas en esta semana y en donde se espera ya una decisión definitiva, pues se ha avanzado significativamente en el acuerdo.

Para anticiparnos a las posibles reacciones de quienes han tomado como deporte oponerse a los TLC de Colombia con cualquier país del mundo, siempre argumentando en contra del país y de su gobierno actual, y de paso abortando nuevas posibilidades de empleo y desarrollo productivo en nuestra nación, bien vale la pena destacar algunos hechos que hablan de la importancia de este acuerdo de comercio.

Aunque cabe reconocer que ningún acuerdo soluciona los problemas de un país, ni hace automático el mejoramiento del mismo, sí es importante reconocer que facilita el acceso a nuevos mercados de bienes y servicios, que en el caso de Europa significan 27 naciones, más de 500 millones de habitantes, un PIB per cápita de compra superior a los 37.000 dólares y acceso a la región que es en el mundo segundo importador de bienes y primer importador de servicios.

Se trata pues de una gran oportunidad para que nuestro sector productivo desarrolle estrategias de exportación a un mercado grande y exigente, que habrá de ayudarnos en la reducción de la pobreza y en la mejora sustancial de los indicadores sociales y de calidad de vida de nuestra sociedad. De hecho no hay un solo estudio técnico que demuestre lo contrario a este argumento y, por el contrario, son muchos y representativos aquellos (estudios de DNP, CAF, CAN, ANIF, Asobancaria, etc.) que concluyen sobre la forma muy benéfica como estos acuerdos contribuyen a generar comercio e inversión.

Vendrán ahora, y esperamos sin éxito, quienes alegarán que la UE no deberá firmar el TLC por temas de violación de derechos humanos, desprotección al medio ambiente, realidad sindical y violencia, y mucho más. Se les olvida a estas personas, o quizá no toman en consideración que es esta una oportunidad para primero reconocer que habiendo problemas en todo lo descrito en su crítica, la realidad de la Colombia de hoy es mucho mejor de la de ayer, y también en la importancia del acuerdo para avanzar en la solución de dichos problemas con recursos derivados de acceso a nuevos mercados.

Todo aquello que podría ser de debate y cuidado está resuelto. Los temas de banano, azúcar, carne de bovino y los mecanismos de exención arancelaria para la importación de materias primas, están solucionados en el acuerdo previsto. Adicionalmente el gobierno colombiano sabiamente ha dejado instrumentos efectivos para proteger los derechos humanos, laborales y ambientales, tales como compromisos en aplicación y promoción de leyes y prácticas y de los compromisos con acuerdos medioambientales.

Que sea esta una buena semana para Colombia y logremos el acuerdo.

Inquisición intelectual disfrazada de academia

Darío Acevedo Carmona*

Blog Ventana Abierta, Medellín

Febrero 23 de 2010

El 2 de febrero pasado fui excluido del Equipo de Acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia para los estudios sobre “Violencia contra sindicalistas en Colombia” ordenados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a varias organizaciones no gubernamentales. En las motivaciones de tal acto, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, aceptó el argumento presentado por el PNUD en el sentido de que “…ninguna campaña electoral resulta compatible con el mandato de la Organización de las Naciones Unidas ni con la función de imparcialidad que está llamada a cumplir en calidad de ejecutora de un proyecto tan políticamente sensible como el que nos ocupa”.

Desde el punto de vista jurídico y a la luz de la normatividad internacional no es admisible que un organismo de cooperación internacional pretenda colocarse por encima de las leyes colombianas. Estas estipulan que los profesores de las universidades públicas no estamos inhabilitados para tomar parte en las campañas para corporaciones públicas. Ello supone que podemos hacer proselitismo sin perder nuestra calidad académica. Es muy importante tener en cuenta que la no pérdida de la calidad académica supone, como en efecto ocurre en mi caso, adelantar tareas misionales de investigación, docencia y extensión en la universidad. Por tanto, ni el PNUD ni ninguna otra agencia internacional puede deducir que mi condición de candidato a una corporación afecta mi calidad de profesor. De aceptarse el criterio alegado por el PNUD, la Universidad tendría que eximirme de mis labores académicas mientras se adelanta la campaña electoral, medida que no tiene fundamento legal.

Si entendemos que un profesor de la Universidad Nacional no pierde su calidad académica ni puede ser eximido del trabajo académico normal, entonces debemos asumir que la solicitud del PNUD no sólo es improcedente desde el punto de vista de nuestro ordenamiento legal como nación soberana, sino que es un irrespeto al principio de autonomía universitaria. Si los entes contratantes en el estudio sobre la violencia contra sindicalistas son el PNUD y la Universidad, como en efecto lo son, la Universidad no puede constituir ni modelar la composición del Equipo sino a partir de criterios académicos. Aceptar mi sustitución -exclusión- del Equipo, constituye, en mi parecer, una cesión de la autonomía universitaria y por tanto un grave antecedente hacia contrataciones futuras con entidades públicas o privadas nacionales o internacionales.

Desde una perspectiva política, considero que en el proceso previo de construcción de las razones para la toma de la decisión de excluirme, se dieron situaciones poco claras que pueden dar lugar a pensar que en todo esto hay algo turbio, algo muy parecido al odioso veto ideológico y a la censura. Me explico:

El 17 de diciembre pasado el director del Equipo de Acompañamiento de la Universidad, profesor Francisco Gutiérrez Sanín, convocó a una reunión a la que no fuimos invitados dos profesores de la sede de Medellín teniendo en cuenta que sólo se tratarían asuntos de trámite administrativo. Días después recibí el acta de dicha reunión y cuál no sería mi sorpresa al encontrar que se había dado una discusión consensuada sobre la inconveniencia de que algún miembro del Equipo tuviese aspiraciones electorales bajo el supuesto de que se afectaría la investigación. Cito el acta:

“Acto seguido, Carlos Miguel Ortiz planteó la trayectoria del proyecto y las potenciales dificultades a las que este se enfrenta. Álvaro Román hizo énfasis en que dado el carácter extremadamente sensible y delicado del proyecto era necesario establecer unos principios explícitos de comportamiento. Ricardo Sánchez y otros asistentes insistieron, así mismo, en la importancia de que el equipo observe principios básicos de objetividad y calidad académica. Ambas ideas fueron acogidas, y después de un intercambio de opiniones, se llegó a la siguiente conclusión. Diversos miembros del equipo han sido, son y/o serán actores de opinión, expresando de diversas maneras (a veces muy enérgicamente) puntos de vista que son de suyo políticos. Eso no tiene nada de malo, en la medida en que se parte del supuesto de que en este ejercicio todos seremos capaces de una “suspensión del juicio” (así sea parcial) y de una toma de distancia, pues estos son parte del ethos académico. Sin embargo, este supuesto se vería críticamente debilitado si:

a. Se emiten opiniones públicas directa e inequívocamente relacionadas con el tema (violencia contra los sindicalistas en Colombia)

b. Algún miembro del equipo pasa a ser actor político (candidatos porcualquier partido, funcionarios, etc.). Dicho de otra manera, podemos tener en el equipo actores de opinión, pero no actores directamente políticos) También se recomendó que quienes tienen columnas de opinión, aunque también cumplen una función política como la de los candidatos, aunque diferente, se debían abstener de opinar sobre el tema objeto de investigación”.

La impresión que tuve me preocupó sobre manera ya que en aras no se si de la “objetividad” o de la “verdad” o de la “imparcialidad” se podría estar derivando en un excesivo celo que linda con el veto a la participación en política. ¿Puede alguno de los asistentes a dicha reunión aclarar la diferencia que se pretende exista entre “actor de opinión” y actor político”? O explicar ¿por qué un “actor político” no puede hacer una “suspensión del juicio” y “tomar distancia” de la misma manera que lo hace el “actor de opinión”?

Debo dejar constancia que la organización a la que debía realizar el seguimiento es la Corporación Nuevo Arco Iris, con la que estuve dispuesto a hacer mi trabajo de seguimiento académico sin ponerme a especular subjetivamente si esta Ong era capaz o no de “suspender el juicio” o “tomar distancia” de su posición claramente anti-gobiernista y condenatoria del Estado en muchos de sus estudios, incluido el tema sindical.

Posteriormente recibí invitación a una reunión del Equipo UN el 25 de enero de 2010 y al día siguiente a otra con el PNUD. Pero antes, el 22 recibí una llamada del Vicerrector de Investigaciones de la U. Nal., Ricardo Molina, en la que se me informó que la Universidad recibió una solicitud del PNUD para ser sustituido en el Equipo. La reunión del 25 fue cancelada y la del 26 siguió en pie. Asistí por mi cuenta y riesgo con el ánimo de dar mi punto de vista como en efecto lo pude hacer. El resultado fue la convocatoria a una reunión con todo el Equipo dela U. Nal. para el 2 de febrero y al día siguiente con la Directora del PNUD.

A la reunión del Equipo sólo asistieron el coordinador, Francisco Gutiérrez Sanín, tres colegas de la Sede de Bogotá y uno de Medellín. Pude exponer, aunque sin llegar a ningún acuerdo, mis puntos de vista. En la del PNUD pregunté antes de iniciar si lo que iba a hablar podía dar lugar a reconsiderar la petición de sustitución y la respuesta fue negativa. No obstante expuse mi opinión para dejar constancia de mi discrepancia.

No me parece casual, como sostuvo el coordinador de la investigación por el PNUD, Carlos Miguel Ortiz, (quien antes fue coordinador del Equipo de la U. N.junto conmigo y con el colega Alejo Vargas) la concurrencia de puntos de vista entre lo dicho en el acta del 17 de diciembre y la conclusión a la que llegó el PNUD sobre la supuesta incompatibilidad con la misión, incompatibilidad que nunca se demostró con documentos ni se sustentó, simplemente se presentó como un acto de fe. Que el profesor Carlos Miguel Ortiz, presente en la reunión del 17 de diciembre con el Equipo de la U. Nal. sostenga que lo dicho allí no tuvo nada que ver con la posición asumida por el PNUD, es francamente increíble. Es el problema de haber cambiado de camiseta entre las dos partes contratantes, pues en caso de conflicto, como es el mío, no se sabe bien a quien sirve el profesor Ortiz.

La difícil distinción que pretende instaurar como axioma académico el acta del 17 de diciembre entre “actor político” y “actor de opinión”, es insostenible desde cualquier punto de vista. Se trata de categorías inventadas como quiera que tanto o más político puede ser un columnista que un candidato a corporación pública. No encuentro razones para invalidar la participación de sujetos políticos en una investigación académica, mucho menos cuando se escogieron ONGs de alto perfil político como Nuevo Arco Iris y el CINEP para adelantar parte de los estudios y a otras como la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombianade Juristas, claramente alineadas contra el Estado y el gobierno colombiano en estas materias y en tanto son parte jurídica interesada de las demandas contra Colombia en tribunales y escenarios internacionales, en calidad de consultoras.

El tema que es objeto de seguimiento y acompañamiento por parte de la Universidad es complejo desde cualquier punto de vista. Se ha acusado al Estado Colombiano de ser responsable por la muerte y persecución de sindicalistas, se ha puesto en entredicho la firma de tratados de libre comercio de importancia estratégica para el país y han sido enviadas comisiones de la Oposición, el sindicalismo y ONGs a hablar con congresistas de EE. UU., Canadá y ahora de la Unión Europea para demandar la no firma de tales tratados so pretexto de la violencia antisindical que se practica en nuestro país con aquiescencia del gobierno. Es delicado porque el espíritu de los seis estudios contratados por el PNUD intentan aportar elementos de juicio de corte académico para aumentar el conocimiento sobre el fenómeno y para intervenir con propuestas ante los protagonistas del problema: Estado, empresarios y sindicatos.

Pero, también es de sumo cuidado porque en torno del tema se adelantan campañas de indudable carácter político-proselitista y debates en los que el espíritu académico no es el que sobresale. La Universidad Nacional tiene, en tal sentido, la responsabilidad de garantizar la calidad académica de los estudios y mal hizo al aceptar mi exclusión del Equipo de Acompañamiento pues dejará un mal sabor y un manto de duda sobre los resultados. Quiero ser más directo: desde un principio supe de la tendencia política adversa al gobierno de parte de la mayoría de los integrantes del Equipo de Acompañamiento (integrado por 13 docentes) y de algunos de los centros que realizarán los estudios, sin embargo, nunca pensé que ello fuese obstáculo para adelantar un trabajo de calidad y con rigor académico con ellos. Yo esperaba una actitud similar para conmigo no obstante mi posición política favorable al actual gobierno. Pero, lo que he podido intuir es la formación de un ambiente adverso a mi participación que carece de argumentos jurídicos y políticos razonables.

La Universidad no puede dejarse manipular por falsos puritanismos políticos. A estas alturas de la vida y de nuestras experiencias cada quien sabe con quien está tratando. En nombre de la objetividad, concepto difícil de aplicar en Ciencias Sociales, no se le puede abrir la puerta a una sutil censura ideológica y política. La Universidad Nacional de Colombia dejó vulnerar su autonomía por parte de una organización que ha traspasado el mandato del sistema de Naciones Unidas, ya que participar en una campaña a una corporación esencial de la democracia, en una campaña que no ha tocado ni de refilón el tema de la violencia antisindical y ante el cual soy, como demócrata y ex sindicalista bastante sensible, no debería interpretarse como impedimento para hacer parte del proceso de los estudios.

En resumen, con mi exclusión del Equipo de la Universidad se ha sentado un peligroso antecedente y se pisan los terrenos de la odiosa censura oculta en sutiles argumentos que revelan un espíritu inquisitorial.

Levanto mi voz de protesta, estoy cansado de los vetos, de los señalamientos arteros y del macartismo de que he sido víctima en esferas intelectuales y académicas en razón de mi defensa frentera de la política de Seguridad Democrática. No me silenciarán ni doblegarán mi dignidad. Hace buen rato entendí que es una completa falacia la idea de que los intelectuales de izquierda son superiores moral e intelectualmente frente a los demás.

* Doctor en Historia, profesor Titular Universidad Nacional de Colombia

Acuerdo laboral en Coltabaco

Gustavo Gallo Machado

El Colombiano, Medellín

Febrero 24 de 2010

Con la firma de la convención colectiva en Coltabaco Philip Morris, unos 1.000 trabajadores de toda la cadena de la compañía se beneficiarán del acuerdo laboral.

Reinaldo Medina, presidente de Sintraintabaco, aseguró a este diario que el proceso de negociación comenzó el 18 de enero y aunque tuvo dificultades en algunos puntos del diálogo, finalmente se logró el acuerdo que comenzó a regir desde el pasado primero de febrero por una vigencia de dos años.

"El acuerdo es satisfactorio para los trabajadores en la medida en que se mantuvieron las condiciones económicas sociales y las garantías que se han ido recogiendo en la convención. La empresa quería acabar con algunos de estos puntos, pero finalmente se logró un consenso gracias a la argumentación de nuestra parte", dijo Medina.

El acuerdo laboral en materia social es importante porque se dieron reajustes en salud, educación y vivienda con auxilios que fueron incrementados entre el 10 y el 7,5 por ciento.

En el salario, el incremento establecido es del 5,0 por ciento para el primer año y para el segundo año, del 4,2 por ciento o el IPC más 1,4 por ciento si esta cifra fuera superior.

Coltabaco destacó que durante la negociación, aun existiendo diferencias entre las partes, hubo siempre disposición de diálogo, así como un ambiente de respeto durante el proceso.

"Como parte de sus políticas, Coltabaco ha buscado siempre lograr acuerdos que beneficien a los trabajadores de la empresa y a sus familias, y ha honrado los compromisos adquiridos con seriedad y respeto, siempre preservando la viabilidad del negocio" señaló Humberto Mora, Director de Asuntos Corporativos.

El acuerdo de esta convención colectiva, contempla primas, beneficios en materia de educación, auxilios en caso de calamidad doméstica y muerte, préstamos para el fondo de vivienda, viáticos y primas de jubilación, entre otros.

El presidente de Sintraintabaco dijo que los resultados de la compañía el año pasado fueron más que satisfactorios y por eso no se podían rebajar las condiciones laborales.

Mencionó que la compañía sigue mostrando utilidades importantes que están siendo reinvertidos en proyectos como la modernización de la planta de Medellín, en los que se invierten 20 millones de dólares. Además hay un proyecto que no se ha materializado para el cultivo de tabaco que vale unos 150 millones dólares.

"A eso hay que sumar la compra de Protabaco por 452 millones de dólares que está pendiente de aprobación".

La CGT se reúne con europarlamentarios

LA CGT SE REUNE CON EUROPARLAMENTARIOS

El 18 de febrero de 2010, en el Hotel Radison en Bogotá, la CGT se reunió con la Comision de Parlamentarios de la Union Europea con quienes intercambió opiniones acerca de los derechos humanos, la libertad sindical en Colombia y la visión de la Confederación acerca del TLC con los Estados Unidos y los Tratados de Asociación de la Union Europea.

La CGT fijó su posición sobre los Sindicatos que han asistido a reuniones en Europa y Estados Unidos, apoyando los TLC, dijo no estar de acuerdo, pero dentro de la pluralidad que existe en la CGT respeta la opinión de los mismos, a su vez estos sindicatos expresaron ante los Parlamentarios Europeos que asistieron a varias misiones, no en nombre de alguna Central, mucho menos en representación del Gobierno de Colombia.

La CGT también pidió respeto por la OIT, pues uno de los Euro parlamentarios se refirió a la OIT de manera peyorativa calificándola como una Organización en decadencia y sin ninguna validez.

La CGT explicó con suma claridad que su posición de no estar de acuerdo con los Tratados de Asociación entre Colombia y la Union Europea van mucho más allá del tema Sindical, razón por la cual demandó de los miembros de la Misión del Parlamento Europeo, un compromiso para que si en un momento dado el acuerdo Comercial llegare a ser aprobado, hacer todo lo pertinente para que las preferencias arancelarias se mantengan, se proteja nuestro aparato productivo, y los inversionistas en Colombia respeten los derechos de Organización, negociación colectiva y huelga. Así mismo que quienes comercian con productos de nuestro país exijan que las empresas exportadoras protejan los anteriores derechos, así como los convenios y recomendaciones de la OIT.

La CGT destacó la validez de esta sesión de trabajo con los voceros del Parlamento Europeo, teniendo presente que en “un mundo globalizado nadie puede declararse autosuficiente”, precisó el Secretario General de la Confederación JULIO ROBERTO GOMEZ ESGUERRA quien además, manifestó: “no se trata de cerrar nuestra economía y cortarle el paso a los intercambios comerciales, sino más bien impedir que se repitan las experiencias negativas de la apertura económica que tuvo sus inicios en la década de los 90, con resultados desastrosos para con el aparato productivo nacional así como la quiebra del campo”, puntualizó el Líder Sindical.

Departamento de Información y Prensa

Bogotá, febrero 22 de 2010

http://www.cgtcolombia.org/b_de_1.html

Mínimo regional

Yohir Akerman

El Colombiano, Medellín

Febrero 23 de 2010

Los economistas más importantes del país salieron en tropa a criticar y desechar la propuesta del salario mínimo regional.

Asegurando que eso elevaría la migración de las zonas rurales a las urbes; generaría más pobreza en las zonas deprimidas; y sería inconstitucional por la desigualdad que causaría, rechazaron la interesante e innovadora propuesta del gobierno para reducir la pobreza.

Es innegable que el costo de vida no es el mismo en las ciudades que en el campo. Es más, varía entre las mismas ciudades. Eso hace que sea elemental pensar en salarios mínimos aplicables a ciertas regiones o áreas determinadas, que tienen un nivel de desarrollo económico y una situación del mercado de trabajo relativamente similares. No hacerlo sólo protege a una pequeña parte del mercado laboral, aumentando los ingresos de algunos, a costa de extender y proteger la informalidad.

Los países más desarrollados del mundo cuentan con sistemas de ese talante. Desde 1938, Estados Unidos tiene un salario mínimo federal, pero con la posibilidad de elevarlo dependiendo de las condiciones económicas de cada estado, con el fin de afrontar las enormes diferencias de renta entre regiones como California y Luisiana, por ejemplo.

Japón cuenta con salarios mínimos regionales, con una coordinación nacional que agrupa a 47 prefecturas en tres grupos relativamente homogéneos, a los cuales el gobierno proporciona pautas de ajuste generales. La Unión Europea, pese a compartir un mercado continental y una moneda, tiene salarios mínimos dependiendo de la situación económica de cada país y, en algunos casos, de cada región.

En América Latina, países como Chile, México, Panamá y Uruguay tienen implementado este esquema. México cuenta con tres niveles aplicables por áreas geográficas de igual desarrollo y en Chile la figura es uno de los ejes de su moderna política económica, con un apoyo estatal a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan saber dónde hay oportunidades de mercado y demanda para sus productos o servicios.

Es indiscutible que una medida como ésta genera descentralización, al hacer que las empresas trasladen las plantas o fábricas de producción a regiones con menores costos laborales. Eso ayuda a reducir la pobreza de las zonas más deprimidas por medio de la generación de empleo directo e indirecto. Es un tema que favorecería a los empleadores y, sobre todo, a los empleados, lo cual se traduce en mejores condiciones para la economía en general.

La propuesta hecha por el director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahíta, necesita un estudio más a profundidad del que ya hicieron los conservadores economistas que la atacaron. El salario mínimo unificado tiene sentido cuando hay homogenización productiva en las diferentes regiones del país, y las cifras convergen al mismo ritmo en las urbes que en las zonas rurales. Y, lastimosamente, ese no es el caso en nuestro país.

"Gasto de salud fuera del POS enloqueció"

Teresa Tono (Entrevista)

El País, Cali

Febrero 21 de 2010

En la primera entrevista que concede, Teresa Tono, considerada una de las artífices de los controvertidos decretos de Emergencia Social, defiende y explica las medidas.

¿Quién es Teresa Tono?

Soy médica, casada durante 25 años con mi compañero de universidad, médico en ejercicio e investigador y madre de dos adolescentes. Soy una investigadora de los sistemas de salud que siente que a todas las personas se le deben dar los servicios de salud que necesitan, sin olvidar que los recursos son limitados.

¿Cómo llegó al Ministerio de Protección?

Conocí a Juan Luis Londoño, entonces Ministro de Salud, en 1993 cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley de seguridad social integral que más tarde sería la Ley 100, yo era una estudiante del doctorado de sistemas de salud de UCLA y le hice unas sugerencias con respecto al proyecto de Ley, que le deben haber gustado porque en Enero de 1994 me invitó a participar en la reglamentación de la misma. Mi contrato con el Ministerio terminó en Septiembre de ese mismo año. Ocho años más tarde cuando el Presidente Álvaro Uribe fue elegido, Juan Luis Londoño quien fue nombrado Ministro de Salud, volvió a llamarme y me pidió que le colaborara en la dirección del Programa de Apoyo a la Reforma en Salud, que había sido creado tiempo atrás para darle operatividad a la Ley 100.

Al Gobierno le preocupaba que existía un estancamiento en la implementación de la reforma y buscaban darle un impulso. Acepté sin dudarlo porque ese programa era el sueño de un investigador como yo: es la aplicación de los resultados de las investigaciones en la toma de decisiones para el mejoramiento del sistema. Cuando falleció Juan Luis, Diego Palacio, quien también hacía parte del equipo de salud, fue nombrado Ministro. Yo lo acompañe hasta lograr el cumplimiento de los objetivos del Programa de Apoyo a la Reforma en Salud en el 2008.

¿Qué filiación política tiene? ¿Cual es su padrino político?

No participo, ni he participado en política. Soy del partido de la búsqueda tenaz de la cobertura y calidad de los servicios de salud. Dedico todo mi tiempo libre a mi familia y en el trabajo sólo participo en investigación o en la aplicación de los resultados de la investigación a la toma de decisiones respecto del sistema de salud. Eso me ocupa todo el tiempo. No tengo padrino político.

¿Qué condiciones de trabajo tenía usted en los contratos con el BID y con el Gobierno colombiano?

El Programa de Apoyo a la Reforma en Salud era un programa de crédito externo firmado en 1996 entre el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar la implementación de la Ley 100. Mi relación con el Gobierno y el Programa inició en el 2003 cuando asumí la dirección ejecutiva del Programa y era responsable por el cumplimiento de los objetivos del crédito en los términos del contrato entre el Gobierno y el BID. Durante los seis y medio años que fui directora del programa fui contratista remunerada de acuerdo a lo establecido en el decreto de austeridad en el gasto del 2001, que fija las normas para la contratación de ese tipo de funciones en el Gobierno.

¿En qué consistió su labor dentro del Programa de apoyo a la reforma de la salud?

Fue un trabajo del cual me siento muy orgullosa. Si bien recibí el Programa cuando ya llevaba varios años operando y había alcanzado algunos logros importantes, me correspondió promover el desarrollo del sistema de información, la implementación del sistema de garantía de calidad, hoy orgullo de nuestro país y el trámite del proyecto de ley de recursos humanos, hoy la Ley 1164 de 2007, al igual que el desarrollo e implementación de una estrategia para la gestión del régimen subsidiado en los municipios, adoptada plenamente en 130 municipios y entregada a la totalidad del país, se desarrolló la metodología de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, se desarrollaron las guías hoy vigentes de VIH/Sida, enfermedad renal crónica y de promoción de la salud y prevención de las enfermedades de salud pública, se diseñó, desarrolló e inició la operación del sistema de información Sispro, con sus componentes de Registro Único de Afiliados, Sismed y la Pila, entre otros, y muchos proyectos que contribuyeron a la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En concepto del Banco Interamericano de Desarrollo y de la firma externa que nos evaluó al finalizar el Programa, éste contribuyó a la duplicación de la afiliación entre el 2002 y el 2008, llegándose al 90% de cobertura en la actualidad, con particular énfasis entre las personas de menores ingresos; al mayor uso de servicios particularmente por parte de los afiliados al régimen subsidiado y a las personas de menores ingresos; a la disminución en la inequidad en el uso de los servicios; al cambio en la forma de financiarse los servicios haciéndolo más equitativo al disminuirse el gasto de bolsillo, al efecto redistributivo del ingreso que esto genera; y al fortalecimiento de las instituciones.

¿Por qué volvió a ser requerida por el Ministerio de la Protección, para que continuara el trabajo?

Al terminar la labor con el Programa de Apoyo a la Reforma, en el 2008, me invitaron a hacer parte del grupo de profesionales del Centro de Gestión Hospitalaria, que es una entidad sin ánimo de lucro, una corporación en la cual participan entidades de todos los tipos del sector salud: hospitales, fundaciones, EPS, universidades, industria, cajas de compensación y Fonade y cuya misión es fomentar el mejoramiento de la calidad de atención en salud en Colombia mediante la aplicación de métodos de mejoramiento en las instituciones, la investigación y el apoyo a la formulación e implantación de políticas para el logro de los propósitos del sistema. Cuando la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760, el Ministerio de la Protección Social seleccionó al Centro de Gestión Hospitalaria, a fines del 2008, para que le brindara asesoría profesional en la preparación de unos escenarios técnicos y económicos para dar respuesta a las órdenes incluidas en la Sentencia y yo hice parte del equipo que trabajó en ese proyecto.

¿Cómo se vínculó a la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria en el marco de la emergencia social?

Una vez terminado el proyecto en el que se le presentaban al Gobierno varias opciones de manejo técnico, fuimos contratados a fines del 2009, para apoyar la adopción de algunas de las propuestas contenidas en el proyecto anterior, particularmente el diseño y desarrollo de los procesos operativos de un organismo técnico científico que respalde la adopción de los principios científicos en la prestación de los servicios de salud. Esto no es un invento colombiano, un ejemplo de ello es el National Institute for Clinical Excellence - NICE (Instituto para la Excelencia Clínica, www.nice.org) del Reino Unido. Un sistema avanzado de salud como el inglés se apoya en esta institución, conformada por investigadores de reconocida trayectoria, para decidir si un servicio de salud debe ser financiado por el estado a partir de su capacidad para mejorar la salud de las personas.

¿Cuál fue su participación en la elaboración de los decretos de emergencia social?

Los miembros del equipo del Centro de Gestión Hospitalaria, preparamos una propuesta técnica a partir de los escenarios que le mencioné. Le entregamos al gobierno la argumentación del porqué debe fortalecerse la autonomía profesional de los médicos, de cómo la aplicación de estándares de buenas prácticas y calidad, contribuyen al mejoramiento de los servicios de salud, y enfatizamos que para que esa autonomía fuera real debía entregarse a los representantes legítimos de los médicos y los odontólogos la facultad para establecer los estándares de buenas prácticas y calidad. También argumentamos en favor de la creación de un organismo técnico científico, que de manera autónoma y en forma científica adopte los estándares de calidad en el caso de los servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, con el objetivo de que estos servicios se entreguen en condiciones que optimicen los recursos.

¿Siendo usted médico, no considera un irrespeto las restricciones al ejercicio profesional contenidas en la emergencia social?

Los decretos de emergencia social hacen lo contrario, les entrega a los médicos y los odontólogos el poder para definir las condiciones en que se ejerce la profesión, eso es lo que dice el artículo 23 del decreto 131. Asegura que son ellos quienes definen que es la calidad en el día a día de los médicos, le entrega a la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas y las facultades de medicina el poder extraordinario de definir y adoptar los estándares que les aplican. Adicionalmente, garantiza que a los médicos solo los pueden juzgar otros médicos, como claramente lo establece el artículo 32 del decreto 131.

¿Proponer que los colombianos paguen de su bolsillo los tratamientos que no están en el POS no es un abuso con los usuarios?

En la actualidad en el Plan Obligatorio de Salud hay copagos y cuotas moderadoras, que se ajustan a los ingresos de las personas y su condición de afiliación. Lo que hace el Gobierno es similar y encuentro que es justo que los que tienen más ayuden a financiar el servicio de los que tienen menos.

¿Es cierto que el sistema de salud colombiano está a punto de colapsar?¿Porqué?

Yo estoy convencida de que lo que está por colapsar es la financiación, porque el gasto en servicios no incluidos en el POS enloqueció. Y lo que a mí me preocupa es que no es equitativo y peor aún, no es claro que ese gasto produzca mejoras en la salud de las personas.

Luego de todos sus años de trabajo en el sector, ¿qué diagnóstico hace de él?, ¿cuál es la falla más protuberante?

Nuestro sistema es un modelo mundial. Hemos conseguido unos niveles de cobertura y equidad que muchos similares a nosotros imitan. La dificultad mayor es la convicción de algunos de que el Estado debe darle todo a todos, ya. Y para muchos, especialmente, los salubristas como yo, ese sería el mundo ideal. Sin embargo, no hay un solo país en el mundo que haya podido conseguir esto. Ni siquiera los Estados Unidos, Canadá o Alemania que tienen muchísimos más recursos.

Existe la percepción de que el gran problema de la salud es que se volvió un negocio de los intermediarios, en especial las EPS y que el gobierno con la emergencia social lo que ha querido es favorecerlas. ¿Qué opina?

Lo que hizo el gobierno fue intervenir todo el sector, con el propósito de enfrentar la serísima crisis generada por el desbordamiento del gasto en lo No POS. Adicionalmente cumplió las órdenes de la Corte Constitucional de acelerar la unificación de los planes de beneficios de los dos regímenes y acelerar la afiliación universal. Me desconcierta cuando se interpreta que esto favorece a las EPS, es como estar jugando al juego del mundo al revés.

¿Qué cree que hay detrás de la controversia que se ha desatado con estos decretos?

Hay una angustia comprensible de las personas de que se les garanticen los servicios de salud, en la mitad de un contexto político que se presta para debates apasionados. Un paralelo fascinante es el dilema del Presidente Obama quien le prometió a los estadounidenses una reforma al sector salud y no ha encontrado la manera de generar el consenso requerido para obtener su aprobación.

En pocas palabras

 "Estoy convencida de que hay que darle autonomía y fundamentación científica al ejercicio de mi profesión y que, cuando los recursos son limitados, debe financiarse lo que más beneficie a la población".

 "La ciencia biomédica es muy exitosa, se está produciendo tecnología y medicamentos mucho más rápidamente de lo que cualquier sociedad puede absorber su costo”.

 "Yo sólo recibo mi sueldo como empleada del Centro de Gestión Hospitalaria. El Centro recibirá como pago por su trabajo $725 millones de pesos.”