Por: Santiago Montenegro
El Espectador, Bogotá
Julio 25 de 2010
Necesitamos en Colombia más y mejores estudios que planteen diagnósticos y soluciones de políticas para reducir el desempleo y la informalidad.
En particular, necesitamos una explicación satisfactoria de las razones por las cuales tenemos una tasa de desempleo tan alta con una informalidad igualmente elevada. Si alguien argumenta que la explicación puede estar en la calidad y cantidad de las cifras, se sorprendería de que Colombia tiene unas de las mejores, si no las mejores, encuestas del mercado laboral entre los países emergentes. Dependiendo de la definición utilizada, los trabajadores ocupados en la informalidad podrían ser hasta 12 millones y los desempleados son alrededor de 2,5 millones. Es decir, de una población económicamente activa de 21,5 millones podemos tener hasta 14,5 millones de trabajadores —un 68%— o desempleados o en la informalidad. Estas mismas cifras ayudan a explicar la pobreza y la extrema desigualdad de Colombia, una de las más altas del mundo. Con toda razón, el nuevo gobierno ha planteado que el enfrentamiento de este problema será una de sus prioridades.
Pero, ¿qué hacer? No existe una receta fácil y única, por lo cual habrá que intentar una variedad de políticas. En primer lugar, es necesario tratar de acelerar la tasa de crecimiento del PIB, pero esto no necesariamente crea mucho empleo formal, particularmente si dicho crecimiento es intensivo en capital, como puede suceder con la bonanza minero-energética que se avecina. Por eso, será necesario actuar directamente sobre los determinantes de la demanda y de la oferta de trabajo. Por el lado de la demanda de trabajo formal se ha argumentado que se debería permitir que el salario promedio de la economía se eleve sobre el salario mínimo, reflejando los incrementos en productividad de los sectores modernos. En la actualidad, dicho ingreso promedio está sólo un 30% por encima del salario mínimo. Y, si se mide, desde el punto de vista de los empleadores, su costo salarial promedio es igual al salario mínimo más los costos no salariales. Por estas razones, se ha estimado que si el salario promedio creciera significativamente por encima del mínimo se podrían formalizar millones de trabajadores. Si además de esta medida se extendiera el contrato de aprendizaje para todos los empleos nuevos de jóvenes durante unos cuatro o cinco años, se daría otro impulso muy importante a la contratación formal. Estas medidas podrían estar complementadas por un tratamiento más equilibrado entre los costos del capital y del trabajo, extendiendo, por ejemplo, exenciones tributarias a la generación de empleo.
Pero es claro que será necesario introducir otros enfoques y otras políticas. Por ejemplo, no se puede demorar más una buena evaluación de la calidad y pertinencia de la educación vocacional, como la que está ofreciendo el Sena. En sistemas de información, estamos atrasados en la capacidad que tiene el Estado para cruzar bases de datos de la llamada Pila con las de la seguridad social, del Sisbén, de la DIAN o con los del sector financiero. Así podríamos saber qué empresas están evadiendo sus pagos a la seguridad social o impuestos. Finalmente, teniendo en cuenta que los estudios demográficos muestran que los colombianos migran al interior de las regiones, pero no entre regiones, hay que indagar en las características y peculiaridades regionales del mercado laboral para plantear también políticas regionales. Pero, lo que queda claro de este complejo problema, es que hay que volver a hacer buenos estudios, particularmente a nivel micro, y dejar la cantaleta de que ya todo está diagnosticado y que lo que hay que hacer es sólo implementar.
