Blog Ventana Abierta, Medellín
Febrero 23 de 2010
El 2 de febrero pasado fui excluido del Equipo de Acompañamiento de la Universidad Nacional de Colombia para los estudios sobre “Violencia contra sindicalistas en Colombia” ordenados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a varias organizaciones no gubernamentales. En las motivaciones de tal acto, el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, aceptó el argumento presentado por el PNUD en el sentido de que “…ninguna campaña electoral resulta compatible con el mandato de la Organización de las Naciones Unidas ni con la función de imparcialidad que está llamada a cumplir en calidad de ejecutora de un proyecto tan políticamente sensible como el que nos ocupa”.
Desde el punto de vista jurídico y a la luz de la normatividad internacional no es admisible que un organismo de cooperación internacional pretenda colocarse por encima de las leyes colombianas. Estas estipulan que los profesores de las universidades públicas no estamos inhabilitados para tomar parte en las campañas para corporaciones públicas. Ello supone que podemos hacer proselitismo sin perder nuestra calidad académica. Es muy importante tener en cuenta que la no pérdida de la calidad académica supone, como en efecto ocurre en mi caso, adelantar tareas misionales de investigación, docencia y extensión en la universidad. Por tanto, ni el PNUD ni ninguna otra agencia internacional puede deducir que mi condición de candidato a una corporación afecta mi calidad de profesor. De aceptarse el criterio alegado por el PNUD, la Universidad tendría que eximirme de mis labores académicas mientras se adelanta la campaña electoral, medida que no tiene fundamento legal.
Si entendemos que un profesor de la Universidad Nacional no pierde su calidad académica ni puede ser eximido del trabajo académico normal, entonces debemos asumir que la solicitud del PNUD no sólo es improcedente desde el punto de vista de nuestro ordenamiento legal como nación soberana, sino que es un irrespeto al principio de autonomía universitaria. Si los entes contratantes en el estudio sobre la violencia contra sindicalistas son el PNUD y la Universidad, como en efecto lo son, la Universidad no puede constituir ni modelar la composición del Equipo sino a partir de criterios académicos. Aceptar mi sustitución -exclusión- del Equipo, constituye, en mi parecer, una cesión de la autonomía universitaria y por tanto un grave antecedente hacia contrataciones futuras con entidades públicas o privadas nacionales o internacionales.
Desde una perspectiva política, considero que en el proceso previo de construcción de las razones para la toma de la decisión de excluirme, se dieron situaciones poco claras que pueden dar lugar a pensar que en todo esto hay algo turbio, algo muy parecido al odioso veto ideológico y a la censura. Me explico:
El 17 de diciembre pasado el director del Equipo de Acompañamiento de la Universidad, profesor Francisco Gutiérrez Sanín, convocó a una reunión a la que no fuimos invitados dos profesores de la sede de Medellín teniendo en cuenta que sólo se tratarían asuntos de trámite administrativo. Días después recibí el acta de dicha reunión y cuál no sería mi sorpresa al encontrar que se había dado una discusión consensuada sobre la inconveniencia de que algún miembro del Equipo tuviese aspiraciones electorales bajo el supuesto de que se afectaría la investigación. Cito el acta:
“Acto seguido, Carlos Miguel Ortiz planteó la trayectoria del proyecto y las potenciales dificultades a las que este se enfrenta. Álvaro Román hizo énfasis en que dado el carácter extremadamente sensible y delicado del proyecto era necesario establecer unos principios explícitos de comportamiento. Ricardo Sánchez y otros asistentes insistieron, así mismo, en la importancia de que el equipo observe principios básicos de objetividad y calidad académica. Ambas ideas fueron acogidas, y después de un intercambio de opiniones, se llegó a la siguiente conclusión. Diversos miembros del equipo han sido, son y/o serán actores de opinión, expresando de diversas maneras (a veces muy enérgicamente) puntos de vista que son de suyo políticos. Eso no tiene nada de malo, en la medida en que se parte del supuesto de que en este ejercicio todos seremos capaces de una “suspensión del juicio” (así sea parcial) y de una toma de distancia, pues estos son parte del ethos académico. Sin embargo, este supuesto se vería críticamente debilitado si:
a. Se emiten opiniones públicas directa e inequívocamente relacionadas con el tema (violencia contra los sindicalistas en Colombia)
b. Algún miembro del equipo pasa a ser actor político (candidatos porcualquier partido, funcionarios, etc.). Dicho de otra manera, podemos tener en el equipo actores de opinión, pero no actores directamente políticos) También se recomendó que quienes tienen columnas de opinión, aunque también cumplen una función política como la de los candidatos, aunque diferente, se debían abstener de opinar sobre el tema objeto de investigación”.
La impresión que tuve me preocupó sobre manera ya que en aras no se si de la “objetividad” o de la “verdad” o de la “imparcialidad” se podría estar derivando en un excesivo celo que linda con el veto a la participación en política. ¿Puede alguno de los asistentes a dicha reunión aclarar la diferencia que se pretende exista entre “actor de opinión” y actor político”? O explicar ¿por qué un “actor político” no puede hacer una “suspensión del juicio” y “tomar distancia” de la misma manera que lo hace el “actor de opinión”?
Debo dejar constancia que la organización a la que debía realizar el seguimiento es la Corporación Nuevo Arco Iris, con la que estuve dispuesto a hacer mi trabajo de seguimiento académico sin ponerme a especular subjetivamente si esta Ong era capaz o no de “suspender el juicio” o “tomar distancia” de su posición claramente anti-gobiernista y condenatoria del Estado en muchos de sus estudios, incluido el tema sindical.
Posteriormente recibí invitación a una reunión del Equipo UN el 25 de enero de 2010 y al día siguiente a otra con el PNUD. Pero antes, el 22 recibí una llamada del Vicerrector de Investigaciones de la U. Nal., Ricardo Molina, en la que se me informó que la Universidad recibió una solicitud del PNUD para ser sustituido en el Equipo. La reunión del 25 fue cancelada y la del 26 siguió en pie. Asistí por mi cuenta y riesgo con el ánimo de dar mi punto de vista como en efecto lo pude hacer. El resultado fue la convocatoria a una reunión con todo el Equipo dela U. Nal. para el 2 de febrero y al día siguiente con la Directora del PNUD.
A la reunión del Equipo sólo asistieron el coordinador, Francisco Gutiérrez Sanín, tres colegas de la Sede de Bogotá y uno de Medellín. Pude exponer, aunque sin llegar a ningún acuerdo, mis puntos de vista. En la del PNUD pregunté antes de iniciar si lo que iba a hablar podía dar lugar a reconsiderar la petición de sustitución y la respuesta fue negativa. No obstante expuse mi opinión para dejar constancia de mi discrepancia.
No me parece casual, como sostuvo el coordinador de la investigación por el PNUD, Carlos Miguel Ortiz, (quien antes fue coordinador del Equipo de la U. N.junto conmigo y con el colega Alejo Vargas) la concurrencia de puntos de vista entre lo dicho en el acta del 17 de diciembre y la conclusión a la que llegó el PNUD sobre la supuesta incompatibilidad con la misión, incompatibilidad que nunca se demostró con documentos ni se sustentó, simplemente se presentó como un acto de fe. Que el profesor Carlos Miguel Ortiz, presente en la reunión del 17 de diciembre con el Equipo de la U. Nal. sostenga que lo dicho allí no tuvo nada que ver con la posición asumida por el PNUD, es francamente increíble. Es el problema de haber cambiado de camiseta entre las dos partes contratantes, pues en caso de conflicto, como es el mío, no se sabe bien a quien sirve el profesor Ortiz.
La difícil distinción que pretende instaurar como axioma académico el acta del 17 de diciembre entre “actor político” y “actor de opinión”, es insostenible desde cualquier punto de vista. Se trata de categorías inventadas como quiera que tanto o más político puede ser un columnista que un candidato a corporación pública. No encuentro razones para invalidar la participación de sujetos políticos en una investigación académica, mucho menos cuando se escogieron ONGs de alto perfil político como Nuevo Arco Iris y el CINEP para adelantar parte de los estudios y a otras como la Escuela Nacional Sindical y la Comisión Colombianade Juristas, claramente alineadas contra el Estado y el gobierno colombiano en estas materias y en tanto son parte jurídica interesada de las demandas contra Colombia en tribunales y escenarios internacionales, en calidad de consultoras.
El tema que es objeto de seguimiento y acompañamiento por parte de la Universidad es complejo desde cualquier punto de vista. Se ha acusado al Estado Colombiano de ser responsable por la muerte y persecución de sindicalistas, se ha puesto en entredicho la firma de tratados de libre comercio de importancia estratégica para el país y han sido enviadas comisiones de la Oposición, el sindicalismo y ONGs a hablar con congresistas de EE. UU., Canadá y ahora de la Unión Europea para demandar la no firma de tales tratados so pretexto de la violencia antisindical que se practica en nuestro país con aquiescencia del gobierno. Es delicado porque el espíritu de los seis estudios contratados por el PNUD intentan aportar elementos de juicio de corte académico para aumentar el conocimiento sobre el fenómeno y para intervenir con propuestas ante los protagonistas del problema: Estado, empresarios y sindicatos.
Pero, también es de sumo cuidado porque en torno del tema se adelantan campañas de indudable carácter político-proselitista y debates en los que el espíritu académico no es el que sobresale. La Universidad Nacional tiene, en tal sentido, la responsabilidad de garantizar la calidad académica de los estudios y mal hizo al aceptar mi exclusión del Equipo de Acompañamiento pues dejará un mal sabor y un manto de duda sobre los resultados. Quiero ser más directo: desde un principio supe de la tendencia política adversa al gobierno de parte de la mayoría de los integrantes del Equipo de Acompañamiento (integrado por 13 docentes) y de algunos de los centros que realizarán los estudios, sin embargo, nunca pensé que ello fuese obstáculo para adelantar un trabajo de calidad y con rigor académico con ellos. Yo esperaba una actitud similar para conmigo no obstante mi posición política favorable al actual gobierno. Pero, lo que he podido intuir es la formación de un ambiente adverso a mi participación que carece de argumentos jurídicos y políticos razonables.
La Universidad no puede dejarse manipular por falsos puritanismos políticos. A estas alturas de la vida y de nuestras experiencias cada quien sabe con quien está tratando. En nombre de la objetividad, concepto difícil de aplicar en Ciencias Sociales, no se le puede abrir la puerta a una sutil censura ideológica y política. La Universidad Nacional de Colombia dejó vulnerar su autonomía por parte de una organización que ha traspasado el mandato del sistema de Naciones Unidas, ya que participar en una campaña a una corporación esencial de la democracia, en una campaña que no ha tocado ni de refilón el tema de la violencia antisindical y ante el cual soy, como demócrata y ex sindicalista bastante sensible, no debería interpretarse como impedimento para hacer parte del proceso de los estudios.
En resumen, con mi exclusión del Equipo de la Universidad se ha sentado un peligroso antecedente y se pisan los terrenos de la odiosa censura oculta en sutiles argumentos que revelan un espíritu inquisitorial.
Levanto mi voz de protesta, estoy cansado de los vetos, de los señalamientos arteros y del macartismo de que he sido víctima en esferas intelectuales y académicas en razón de mi defensa frentera de la política de Seguridad Democrática. No me silenciarán ni doblegarán mi dignidad. Hace buen rato entendí que es una completa falacia la idea de que los intelectuales de izquierda son superiores moral e intelectualmente frente a los demás.
* Doctor en Historia, profesor Titular Universidad Nacional de Colombia
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, la conducta de los señores de la CUT que en Urabá son representados por Sintrainagro, que atenta gravemente contra el derecho de sindicación y de contratación colectiva, ya que pretenden ser hegemónicos y para ello emplean la estigmatización, el señalamiento y la calumnia, contra todos aquellos que no compartan sus odiosas pretensiones. Además, están impidiendo el ingreso a las instalaciones de la empresa a los afiliados nuestros que defienden el derecho al trabajo y respaldan a nuestra Organización Sindical.