S.O.S. en las minas de carbón

Editorial

La República, Bogotá

Agosto 6 de 2010

Mientras el país se preocupa en articular una regla fiscal que conserve la red industrial, y que el peso no se sobrevalúe, para no caer en una "enfermedad holandesa"; la situación de la seguridad laboral en muchas minas es realmente preocupante

En lo corrido del año han sido muchas las noticias de accidentes fatales en minas, sintomatología que nos lleva a hacer un llamado sobre el peligro de esa actividad económica.

Las autoridades competentes aún no han hecho una reflexión profunda y mucho menos una investigación técnica y rigurosa sobre lo que sucedió en la mina San Fernando en Amagá, Antioquia en la murieron más de 30 personas dedicadas a la extracción de carbón. Nadie ha conformado un equipo de alto nivel para que elabore un documento y les de una respuesta clara sobre las causas del insuceso.

A ese fatídico suceso le antecedieron y le sucedieron varios accidentes menores en otras minas en Boyacá. Y como si fuera poco, ayer sorprendió al país económico la noticia de la muerte de cuatro trabajadores contratistas en El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más seguras y calificadas en todo el mundo.

El hecho que enlutó a La Guajira, ocurrió durante la reparación de uno de los silos de almacenamiento de carbón en las plantas de trituración de El Cerrejón; se cayó una plataforma que sostenía en altura a un grupo de trabajadores vinculados a las empresas contratistas, dejando sin vida a cuatro trabajadores y varios heridos.

Aunque le parezca sensacionalista a varias de las compañías que explotan carbón en Colombia en pequeña o gran escala, sí alertamos o lanzamos un S.O.S. sobre lo que está sucediendo en materia de seguridad industrial.

Hay que pensar si la responsabilidad social empresarial debe empezar a trascender la organización de actividades de entretenimiento en las comunidades beneficiadas y enfocarse mucho más la responsabilidad en la seguridad industrial. Las multinacionales mineras en el mundo hacen de la seguridad su primer valor corporativo, pues son consientes de que es una actividad de riesgo y extreman todos los controles por simples que parezcan, como puede ser la vinculación de empresas contratistas.

Ese tipo de noticias le hace mucho daño a un país económico que poco a poco se mete más en el boom minero energético del que tanto se ha hablado. El Ministerio de Protección Social y el del Ambiente, tienen una tarea muy grande en materia de seguridad industrial, una asignatura pendiente que siempre se aplaza.

Asofondos insiste en ampliar edad de pensión

Mauricio Jaramillo Quijano

La República, Bogotá

Agosto 5 de 2010

Bogotá. Los colombianos van a vivir más y a cobrar durante más tiempo pensiones, según la nueva tabla de mortalidad de la Superintendencia Financiera de Colombia, que alargó la esperanza de vida de los hombre a 80 años y las de las mujeres a 85 años.

Lo anterior unido a los desequilibrios que existen en el sistema de prima media, le hace pensar a Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que el nuevo gobierno debe sacar adelante una reforma en el Congreso para evitar que en un futuro, estalle una bomba pensional.

Entre las medidas que habría que tomar, Montenegro destacó la de aumentar los años de cotización, y para empezar aconsejó igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.

"Hay que tomar medidas preventivas para que dentro de 15 o 20 años no explote el régimen de prima media. Si no, nos puede pasar como en Europa, donde les fue necesario bajar el monto de las mesadas pensionales, por la crisis fiscal. Además del aumento en la edad de jubilación, Montenegro recalcó la necesidad de reducir la informalidad laboral en Colombia para aumentar los aportes pensionales.

Así las cosas, el presidente de Asofondos espera que se adelante el tiempo para aumentar la edad de jubilación, que según el acto legislativo 01 de 2005, está proyectado para 2014. Según esta norma, desde enero de 2014, está establecido que se aumente la edad de pensión a 57 años para las mujeres y a 62 años para los hombres. Así mismo, las semanas aumentarán anualmente en 25 hasta llegar en el año 2015 a 1.300.

Sin embargo, Montenegro recordó que con la expiración de los regímenes especiales o exceptuados de acuerdo al mismo acto legislativo, se disminuyó la presión que las pensiones del régimen de prima media ejercían sobre el fisco.

Entre otras medidas, este acto legislativo, que entró a regir desde el 31 de julio de 2010, prohibió pactar requisitos especiales en convenciones colectivas, pactos y laudos arbitrales diferentes a los contenidos en la Ley 100 del año 1993. Así mismo, Montenegro recordó que el régimen de transición que estableció esta ley, también expiró el pasado mes de julio.

El dirigente gremial mencionó que sólo se mantienen como regímenes especiales, el del Presidente de la República y el de la Fuerza Pública.

La seguridad social del país es hoy más equitativa': Diego Palacio Betancourt

Portafolio, Bogotá

Agosto 3 de 2010

El ministro de la Protección, le recomendó al nuevo Gobierno pensar bien la separación de los ministerios. "Los riesgos que se corren con esa decisión son muchos", afirmó.

Reemplazar al fallecido ministro Juan Luis Londoño no era un reto cualquiera para el médico quindiano Diego Palacio Betancourt. Hoy, al cabo siete años en el cargo, el funcionario presenta un balance lleno de cifras y porcentajes, que contrastan con los debates y las críticas que tuvo que enfrentar por temas como la Emergencia Social.

¿Cuál es el balance de lo realizado?

En el sector de la Protección social existen 17 entidades en las cuales trabajan cerca de 19.000 personas, administrando un presupuesto superior a los 30 billones de pesos anuales.

Se introdujeron reformas que no sólo hicieron más equitativos los sistemas, sino que también facilitaron el incremento en el aseguramiento. En salud crecimos un 73,4 por ciento (37,2 por ciento en Régimen contributivo, 117,5 por ciento en Régimen Subsidiado, 76 por ciento regímenes especiales) en pensiones los cotizantes activos se incrementaron en 53 por ciento, mientras que en cesantías el crecimiento fue de 122 por ciento; en riesgos profesionales el incremento fue de 69 por ciento.

Los recaudos se aumentaron, entre otras, por la aplicación de la Planilla integrada de aportes (Pila). El Sena tuvo un crecimiento real del 53 por ciento entre 2002 y 2009, lo cual permitió pasar, con una buena administración, de 1.142.798 cupos en 2002 a 7.920.273 en 2009. En el ICBF se aumentó el recaudo en un 60,33 por ciento y pasó de 5.63 millones de beneficiarios en 2002 a 11.59 en 2009.

¿Cuál es el resultado en cobertura de salud?

El país alcanzó la universalización en el aseguramiento. De haber seguido la tendencia que el país traía, habríamos asegurado a 32 millones de colombianos entre régimen contributivo y subsidiado. Rompimos la tendencia y logramos llegar a cobertura universal. Afiliamos 43,7 millones y dejamos financiados cupos para otros 3.200.000 personas.

¿Qué falta en salud?

Queda faltando definir reglas de juego claras para usuarios y para los actores del sector, principalmente para los servicios no POS para los cuales también debe, el nuevo Gobierno y el Congreso, buscar los mecanismos de financiación y administración de los servicios.

En el campo asistencial, se reestructuraron 243 hospitales y se promovió la renovación tecnológica y la exportación de servicios de salud. Se aprobaron 7 zonas francas de salud con una inversión en los próximos años de cerca de 500.000 millones de pesos.

A nivel laboral, se logró el reconocimiento de la OIT y se disminuyeron los conflictos laborales, pasando de 35 huelgas en el 2001 a 1 el año pasado.

¿Es sostenible un esquema de salud universal?

El país tiene constitucional y socialmente que asegurar la atención en salud para los colombianos. Por lo tanto lo que debemos preguntarnos, dada las condiciones económicas, es qué tipo de cobertura con sostenibilidad podemos ofrecer para toda la población.

En resumen, podría decir que haciendo una depuración del Sisbén, no tengo mucha preocupación sobre la sostenibilidad del aseguramiento, pero sí enorme preocupación sobre el impacto que en la financiación y la sostenibilidad del sistema puedan tener los servicios No POS.

¿Qué pasos se requieren?

Definir las fuentes de financiación y administración del No POS y la consolidación del mecanismo del giro directo. Hacer un profundo debate sobre el papel de la descentralización en la salud pública y definir los límites sobre la cobertura del sistema. En el campo pensional, no dejar que se diluya el alcance del acto legislativo de pensiones y continuar promoviendo el crecimiento económico para buscar una disminución de la tasa de desempleo la cual debe estar acompañada por estrategias para buscar la formalización de muchos de los empleos.

¿Cómo combatir la corrupción en la salud?

En muchas entidades del sector se hicieron importantes avances en la lucha contra la corrupción. En el caso de la salud no sólo hay que profundizar la sistematización e identificación de los afiliados, sino que debemos ser consientes de que hay entidades que, aunque pueden hacer actividades legales, podrían no ser legítimas. Tal es el caso de incrementar el precio de un medicamento en un 300 ó 400 por ciento.

El mismo sector de la salud debía buscar una depuración de quienes sólo piensan en conjugar la palabra rentabilidad, sin combinarla con la calidad, oportunidad y transparencia. Ojalá se pudiera imponer una especie de pago por resultados o indicadores.

¿Por qué el país tiene la segunda tasa de desempleo más alta de A. Latina?

Actualmente es la segunda tasa más alta de la región, pero es casi el 72 por ciento de la que había en junio de 2002. A pesar de que anualmente ingresan cerca de 352.000 colombianos al mercado laboral, a lo largo de este Gobierno no sólo los empleamos, sino que disminuimos el número de desempleados al pasar de 2,9 millones de desempleados en 2002 a 2,4 en 2009.

Esta es una disminución del 17 por ciento. De no haberse presentado la crisis económica mundial y los problemas comerciales con Venezuela y Ecuador, creo que hubiéramos alcanzado la meta de una tasa cercana al 8 u 8,5.

¿Qué hacer al respecto?

La única forma de crear empleo productivo y estable es con crecimiento económico. Para esto hay que mantener la Seguridad Democrática, la confianza inversionista y es indispensable avanzar en cohesión social. No comparto la idea que, con la disminución de los parafiscales, se resuelva el problema.

¿Y la informalidad?

Se combate con inspección, vigilancia, control y con mecanismos que permitan generar la convicción sobre la necesidad de formalizar. Creo que implementar, pues ya está permitido por ley, aportes parciales a la salud, sin renunciar al sisbén, podría ayudar enormemente a combatir la evasión y la elusión.

¿Qué consejo le dio a su sucesor?

Trato de no dar consejos, sino de ofrecer colaboración. Sin embargo, no me aguanté y le dije que por encima de las promesas electorales, que no sé si existieron o no, pensaran muy bien la separación de los ministerios. Creo que la fusión permitió depurar y fortalecer muchas entidades como el ICBF o el Sena. Los riesgos que se corren, con la separación son muchos.

63% de trabajadores no ahorra para vejez; ocho de cada 100 ocupados en campo serán 'pensionados' por sus hijos

Portafolio, Bogotá

Julio 15 de 2010

A la baja cobertura del sistema de pensiones se agrega que grupos tan vulnerables como los trabajadores por cuenta propia no se están preparando para el futuro.

Cinco de cada 100 trabajadores colombianos están confiados en que sus hijos los sostendrán cuando ya no puedan laborar más, número que se eleva a ocho para los que viven en el campo, donde el 65,2 por ciento de la población está sumida en la pobreza. Pero si esa cifra puede llamar la atención, más aún si se tiene en cuenta que es una de las formas de 'ahorro' para el retiro del mercado laboral, sorprende que 63 de cada 100 ocupados no estén haciendo nada para sostenerse cuando ya no puedan trabajar.

Esos son los hallazgos del estudio 'Ahorro para el Retiro en Colombia: Patrones y Determinantes', realizado por Juan Carlos Guataquí, Mauricio Rodríguez-Acosta y Andrés Felipe García-Suaza, investigadores de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del Dane del 2007.

Guataquí explicó que uno de los mecanismos de ahorro para el retiro es tener hijos y prepararlos y que esto fue lo que respondió el 4,95 por ciento de los encuestados por el Dane a la pregunta '¿Qué está haciendo usted actualmente para mantenerse económicamente en su vejez?', al tiempo que 25 por ciento dijo que ahorraba en un fondo de pensiones, 7,1 por ciento acudía a otras formas de ahorro y el restante 63,1 por ciento no hacía previsión alguna.

Lo grave de esa situación es que la población ocupada que no está haciendo ningún ahorro para la vejez es la más vulnerable del mercado laboral, como los trabajadores por cuenta propia, advirtió el investigador, en lo cual coincide con otros estudiosos del tema. Además, agregó, la investigación mencionada ratifica la baja cobertura del sistema pensional colombiano, que según las cuentas de Anif es de apenas 25-30 por ciento de la población económicamente activa, lo que representa uno de los mayores retos para la sociedad colombiana y para las finanzas públicas.

El Censo 2005 registró 2'612.508 personas mayores de 65 años y, según el Ministerio de la Protección Social, cerca del 30 por ciento de las personas entre 60 y 79 años seguían en el mercado laboral, aunque no necesariamente como asalariadas (probablemente la mayoría en la informalidad).

Otros estudios señalan que apenas dos de cada 10 mayores de 65 años reciben una mesada pensional, que más de tres millones de adultos que superan los 55 años son pobres y que la mayoría vive con familiares.

En Colombia, los hijos y nietos son, en general, un refugio para los mayores retirados de la actividad productividad; de acuerdo con el Censo 2005, de 4.000 personas centenarias, 3.760 vivían con sus familias. Muy pocas, 240, estaban en centros geriátricos o Lugares Especiales de Alojamiento.

Así que aunque suene extraño -ya que en el país existen seis fondos privados de pensiones, uno público (el Seguro Social) y unos pocos regímenes especiales- numerosos jefes de hogar todavía la apuesta a 'pensionarse' en casa con recursos que los hijos les transfieren para su sostenimiento, que para el caso de los que viven en las ciudades, según el trabajo de Guataquí y sus dos colegas, son cuatro de cada 100 ocupados.

La investigación mencionada señala que el porcentaje de ocupados que no ahorran para la vejez es aproximadamente 20 puntos porcentuales mayor en las zonas rurales, donde todos los canales de ahorro exhiben porcentajes similares, mientras que en las zonas urbanas el ahorro en el fondo de pensiones es el canal más importante de ahorro para el retiro.

"Preparar a los hijos como mecanismo explícito de protección en la vejez manifiesta ser una opción significativa tanto en las zonas urbanas como en las rurales", siendo mayor en estas últimas, es una de las conclusiones del estudio.

JORGE CORREA C. / REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

Pensionarse joven

Juan Alberto Castro

La República, Bogotá

Julio 1 de 2010

En varios países de Europa se están abriendo camino reformas legales para aumentar la edad de jubilación, en algunos casos para incrementarla a 65 años en igualdad de condiciones para mujeres y hombres.

Difícil discusión en cualquier parte del mundo pero sobre todo allí donde el estado del bienestar es una bandera política que choca con la realidad de los hechos y la necesidad urgente de disminuir el gasto y el déficit lo que obliga a tocar este tema antes vedado. ¿Cómo está este fenómeno en nuestras latitudes?
La pensión de jubilación es el logro de una vida de trabajo. Depende del aporte del empleado y de su empleador involucrando al estado en función del sistema utilizado ya que los dineros públicos terminan estabilizando el ingreso del pensionado. El aumento de la expectativa de vida, a causa de los avances de la medicina y el mejoramiento de la calidad de vida, aún en países como el nuestro, obligan a revisar unas edades de jubilación que se definieron en nuestro marco legal cuando la gente se moría más joven o su salud se deterioraba a edades más tempranas. Ante estos hechos el legislador estableció en Colombia como edad de jubilación los 57 años para las mujeres y los 62 para los hombres; eso sin contar con los regímenes especiales que, por fortuna, se han ido modificando y cada vez son menos los jubilados a los 40 años de edad en virtud de simplemente cumplir con 20 años de labores continuas.

La expectativa de vida ya esta rondando los ochenta años. Si una mujer, por ejemplo, se pensiona a los 57 años de edad, después de 30 años de trabajo, el sistema pensional debe contar con los recursos para pagarle su mesada durante 23 años, eso sin contar con la existencia de un cónyuge que le sobreviva alargando el pago de la mesada hasta su muerte.

Esto es lo que se conoce como la bomba pensional. Es un tema donde actuarios y expertos tienen mucho que decir. En el primer mundo el problema es aun más delicado dada la baja tasa de nacimientos y la cada vez más longeva población con lo que el sistema tiene que responder por más años de los presupuestados para las mesadas pensionales pero sin contar con el aumento derivado de gente joven ingresando a aportar.

A los 60 años una persona está en muy buenas condiciones físicas e intelectuales y cuenta con un cúmulo de experiencias importantes en el oficio que desempeña. Por tanto, trabajar unos años más no significa un problema incluso por la posibilidad de mejorar lo que se recibirá como pensión en el régimen de prima media.

Para encontrar soluciones al tema pensional - así como al del desempleo y al de la salud - hay que pensar creativamente. ¿Por qué si en el día a día de las empresas la gente no quiere pensionarse a la edad establecida legalmente nos negamos en la práctica a discutir el tema? ¿Por qué no fomentar la creación de primeros empleos con regímenes especiales de prueba y / o parafiscalidad o con incentivos directos a las empresas que los creen? En Francia hace unos años ante una propuesta de "Ley de Primer Empleo" los jóvenes pusieron a arder París. El gobierno aumentó el período de prueba a dos años y así las empresas podrían contratar gente sin experiencia sin tener el costo de las indemnizaciones. Se entendió como una pérdida de privilegios y al final esta novedosa idea no prosperó. Era buena pero primó la desconfianza.

Lo único cierto es que la discusión es obligatoria y sería ideal abrirla sin posiciones preconcebidas aprovechando el ambiente de unidad nacional que se respira a partir de la propuesta de nuestro presidente electo. Es inaplazable.

En mina de Amagá falló la seguridad industrial

Laura Piraján Forero

La República, Bogotá

Junio 18 de 2010

Bogotá. El último reporte de la visita realizada a la mina de Amagá (Antioquia), de la cual es dueña la empresa Carbones San Fernando S.A., da cuenta que en el sitio no se contaba con detectores permanentes de gas.

Así lo dijo el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, al explicar que en la inspección realizada el nueve de junio por el ingeniero Tomás Charry, experto en gas metano y que es contratista de Ingeominas desde enero de este año, no habían chimeneas de evacuación de gases, una práctica que es vital en minas subterráneas. "Pese a esto, hasta ese momento las condiciones estaban bien", recalcó el funcionario.

Desde la explosión (el miércoles en la noche) por la concentración de gas metano en la mina y al cierre de esta edición, se habían rescatado 20 cadáveres y al menos 50 personas seguían atrapadas. La labor de rescate se había dificultado por la alta acumulación del gas que se registra en el socavón.

El presidente del Organismo Latinoamericano de Minería (Olami), Aurelio Martínez, dijo que en el caso que se hubiera descubierto que no habían detectores de gas, éste constituía un elemento para cerrar la mina, ya que prima la vida de los trabajadores.

"Este es un acontecimiento de especial gravedad y lamentable. Es un precedente, una vez más, de que hay que tener un manejo muy cuidadoso en cuanto a políticas de seguridad industrial y de fiscalización, que en este caso corresponde por delegación a funcionarios de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia", manifestó el presidente gremial.

Al respecto, el ministro de Minas reconoció que tenía que haber una condición insegura que provocara el accidente. "La minería subterránea se puede hacer de forma segura si se tienen todas las precauciones que ello demanda. Todas las minas de carbón tienen emisiones de gas metano y ya se conoce cuál es la técnica para manejar este tema. Si hay peligro de una mezcla explosiva suena una alarma, con la cual se hace una evacuación", explicó el funcionario.

Frente al tema, el director de Ingeominas, Mario Ballesteros, dijo que hay especial atención cuando en las minas no hay la ventilación adecuada. "Cuando se encuentra esto, se procede a cerrar la operación y solamente hasta el momento que se corrija la situación se concede nuevamente el permiso".

El ministro de Minas y Energía dijo que en el caso hipotético que se detecte una condición insegura, la única medida que se puede tomar es cerrar la operación, ya que en cualquier momento puede ocurrir un accidente. "Si hay la ventilación adecuada y los detectores de gas se ubican en los sitios correctos, no se debe presentar una tragedia".

Debido a lo anterior, Martínez recalcó que todos los accidentes se pueden evitar si se cumple las normas técnicas de ley.

Investigación

Una vez haya concluido el rescate de los mineros atrapados, se comenzará una investigación profunda para determinar exactamente qué provocó el accidente.

La mina no tenía ninguna orden para estar cerrada. "Tenemos que sentarnos con las personas que hicieron la inspección y evaluar si hay responsables, así como analizar si hay lugar a sanciones. Pero aún no se puede determinar esto, ya que la prioridad es el rescate de los mineros", manifestó Martínez.

El ministro de Ambiente, Carlos Costa, aseguró que la responsabilidad de la explosión tiene relación más con seguridad industrial, que con licenciamiento ambiental.

Condiciones básicas

El ministro de Minas, Hernán Martínez, señaló que las consideraciones básicas de seguridad para la mina subterránea son: chimenas para la evacuación de gases, ventiladores con motores a prueba de explosión, detectores de gases permanentes y buen soporte del techo para que no haya un derrumbe. "Nada se hace teniendo abanicos en la boca del túnel empujando hacia dentro aire, porque se acumulan los gases y no los deja salir. Por esto, debe haber una chimenea al fondo para ayudar a evacuar los gases", recalcó. La mina, que produce 240 mil toneladas de carbón térmico al año, contaba con licencia desde 1992 y tenía a todos los trabajadores asegurados a la seguridad social.

Riesgos profesionales en Colombia

Roberto Junguito

Portafolio, Bogotá

Junio 17 de 2010

Esta semana se lleva a cabo el II Congreso Internacional de Riesgos Profesionales. El evento tiene como objetivo analizar la evolución del Sistema en Colombia, así como las experiencias de otros países como Argentina, Brasil, Chile y España. Nuestra experiencia puede calificarse como exitosa.

El número de trabajadores en el sistema pasó de 3,6 millones a 6,8 entre 1995 y el 2010. De éstos, 4,3 millones están afiliados a las Administradoras de Riesgos Profesionales privadas, en tanto que los restantes, 2.5 millones, están cubiertos por Positiva Compañía de Seguros, que es estatal desde el 2008 y surgió de la unión de la ARP de Previsora Vida y la antigua ARP del Seguro Social.

En términos de cobertura, entre marzo del 2001 y marzo del 2010 se pasó del 56 al 86 por ciento de los trabajadores formales; esto es, el conjunto de los empleados oficiales, privados y del servicio doméstico. Dado que el Sistema de Riesgos Profesionales está diseñado para cubrir a la población ocupada formal, se requiere un sistema de aseguramiento especial diferente del de Riesgos Profesionales para dar cobertura de enfermedades y accidentes ocupacionales de la población informal. En su conjunto, el segmento informal constituye cerca del 50 por ciento de la población ocupada en Colombia.

Desde el punto de vista financiero, también puede afirmarse que el Sistema de Riesgos Profesionales en Colombia ha registrado una evolución positiva. Varios indicadores así lo confirman. Los ingresos por primas recibidas por las ARP presentan un crecimiento mayor al del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, las ARP disponen de reservas para atender las obligaciones de los actuales pensionados, los siniestros avisados y no avisados, las enfermedades profesionales que sucedan en el futuro, y las desviaciones que puedan ocurrir.

Por su parte, la siniestralidad, que mide la relación entre el pago de siniestros y las primas recibidas de las ARP, se ha estabilizado y la inversión en promoción y prevención supera el mínimo establecido por la ley, en beneficio de los trabajadores afiliados. Aunque el balance neto de las administradoras ha sido positivo y creciente, se ha debido exclusivamente al rendimiento financiero de las reservas, pues su resultado técnico ha sido negativo, lo que quiere decir que las primas no han sido suficientes para cubrir los siniestros, los gastos administrativos y la inversión en promoción y prevención. Este es un campo en el cual se debe mejorar.

Si bien el número de accidentes de trabajo ha aumentado, la tasa de accidentalidad, definida como el número de accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores expuestos, se ha estabilizado en los últimos años. Por su parte, la tasa de morbididad (número de enfermedades calificadas por cada 100.000 trabajadores) muestra un crecimiento significativo desde el 2004. Debido a la maduración del sistema, esta tasa se está acercando a patrones internacionales, aunque en el caso colombiano, todavía no se evidencian enfermedades profesionales crónicas características de otros países.

Por último, deben analizarse los retos de la regulación. Se ha avanzado en la afiliación única al sistema de protección social y es inminente la expedición del decreto correspondiente. Sobre la variación de la cotización al Sistema de Riesgos Profesionales se estudia una propuesta metodológica para hacerla más flexible.

También hay reglamentaciones pendientes sobre actualización del Manual de Calificación de Invalidez; la afiliación de trabajadores por días, la creación de la Unidad de Gestión de Pagos y Parafiscales (Ugpp), la definición por parte del Gobierno de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), y, ante todo, la urgencia de la aprobación del proyecto de ley de riesgos profesionales en el Congreso de la República

Una propuesta audaz

Editorial

Portafolio, Bogotá

Junio 17 de 2010

Suena irónico, pero el refrán que afirma que 'a grandes males, grandes remedios' necesita ser puesto en práctica a la hora de cauterizar la vena rota del sector de la salud.

Y es que a pesar del aumento en recursos, todo indica que los esfuerzos hechos son insuficientes y que el próximo Gobierno tiene que hacerle una cirugía mayor a un esquema que, en términos prácticos, se encuentra quebrado y en donde son urgentes los correctivos de fondo.

Por tal motivo, los responsables de la nueva Administración tienen que empezar a escuchar ideas y trabajar propuestas de reforma que sean integrales. En ese sentido, vale la pena estudiar lo dicho por Fedesarrollo a finales de la semana pasada, cuyo planteamiento es verdaderamente audaz.

Antes de entrar en materia, cabe recordar que a comienzos de la década de los 90 algo menos de una tercera parte de la población colombiana contaba con aseguramiento en salud. El 70 por ciento restante, en su mayoría pobre, era atendido por una costosa e ine- ficiente red pública hospitalaria, con lo cual era común que los gastos para tratamientos o enfermedades salieran del bolsillo de los ciudadanos.

Para colmo de males, los recursos públicos no les llegaban del todo a los más necesitados. El cálculo es que 12 por ciento de las hospitalizaciones y 20 ciento de las cirugías beneficiaron a la gente más rica.

Ante esa realidad, la Ley 100 de 1993 tuvo como objetivo el acceso universal, para así proveer servicios de salud en condiciones de equidad y calidad. De tal manera, fueron establecidos dos regímenes -el contributivo y el subsidiado- con solidaridad entre éstos y en su interior.

Además, la norma dispuso que habría competencia entre aseguradores y proveedores y contempló la reducción paulatina de los subsidios a la oferta (es decir, los recursos que financian la red hospitalaria), que serían sustituidos por subsidios a la demanda (que financian el aseguramiento).

Esta también dispuso que hubiera un plan de beneficios (POS) acorde con la realidad epidemiológica de la población y unos pagos a las aseguradoras (UPC) que reflejarían el riesgo asumido por la respectiva aseguradora (EPS).

No obstante, es conocido que varios preceptos en los que se basaba la Ley 100 no se cumplieron y dos fallaron de manera protuberante. En primer lugar, gran parte de los puestos de trabajo generados en los últimos años han sido en el sector informal. Por ejemplo, entre 1994 y el 2009 el empleo por cuenta propia creció casi al doble que el trabajo asalariado.

Como consecuencia, el avance en cobertura se ha dado en el régimen subsidiado y no en el contributivo como estaba previsto. Debido a ello, existen 23 millones de colombianos en el primero y 17,2 millones en el segundo. En segundo lugar, en los últimos seis años se ha multiplicado por 20 el valor de los eventos no cubiertos por el POS, con lo cual el país gasta más en pagar beneficios de lo que gira para sostener la red pública hospitalaria.

En el 2008 la Corte Constitucional obligó a igualar paulatinamente los planes de beneficios de los dos regímenes, aparte de alcanzar la cobertura universal y actualizar el POS. El problema es que la bien intencionada paridad acentúa los incentivos a la informalidad laboral, en el país con las mayores tasas de desempleo del continente.

Por eso cabe preguntarse si, como lo ha sugerido Fedesarrollo, la reforma que deberá adelantar el nuevo Gobierno no debería ser verdaderamente ambiciosa, estableciendo un pilar universal de aseguramiento, igual para todos, financiado por el Presupuesto Nacional, para lo cual sería necesario subir el recaudo impositivo en cerca de 2 por ciento del PIB.

Al fin y al cabo, ante lo dicho por la Corte, carece cada vez más de sentido tener un régimen contributivo donde los trabajadores formales pagan por su propio aseguramiento y por una parte del de los beneficiarios del subsidiado. La solidaridad implícita en el sistema actual debería lograrse con un esquema tributario progresivo.

Eso sí, ninguna reforma será financieramente viable si no se le pone coto al gasto por eventos no contemplados en el POS, para lo cual será necesario que una vez se definan técnicamente el nuevo plan y las normas para su actualización, se expida una ley estatutaria que termine con la práctica de que a través del mecanismo de la tutela cualquier juez pueda extender sin límite el plan de aseguramiento.

Instituto de Seguro Social (ISS), clave en venta de Frontino

Portafolio, Bogotá

Junio 17 de 2010

Con la onza de oro a más de 800 dólares, el acuerdo es rentable para Medoro. Hoy, el oro está a más de 1.200 dólares y se esperan precios altos mientras continúe la incertidumbre financiera.

Sin una oferta del Seguro Social para el manejo de las pensiones, no habría sido posible la venta a la minera canadiense Medoro de Frontino Gold Mines, que lleva 34 años en concurso de acreedores, 28 en concordato y seis en liquidación obligatoria.

Para lograr la venta era necesario entregar a un administrador los 385.000 millones de pesos necesarios para pagarles a los jubilados sus mesadas en el futuro, pero en el sector privado cobraban 100.000 millones de pesos más por esa gestión, y Medoro no estaba dispuesta a pagar esa suma.

Finalmente se logró que el Seguro Social, del Gobierno, cobrara menos de una décima parte, y recibirá entre 8 y 9.000 millones de pesos para encargarse de la conmutación pensional. Medoro espera que la compra, por 200 millones de dólares, se cierre antes del 31 de julio, pero si aún hay detalles pendientes, hay 15 días más para concretar el negocio.

Según el gerente liquidador de Frontino, Luis Fernando Alvarado, la firma se ofreció en venta a unas 150 compañías en el mundo en un trabajo de banca de inversión hecho por la peruana Macroinvest y la colombiana Nogal.

Mientras las propuestas como máximo llegaron a 78 millones de dólares, se presentó la de Medoro, por 200 millones. Para la compañía, el negocio es rentable si los precios del oro se mantienen sobre los 800 dólares onza.

Según Augusto López Valencia, de la junta directiva de Medoro, la producción actual, que ha llegado a 55.000 onzas podría multiplicarse por cuatro. Esas proyecciones permitieron que la compañía se animara a comprar, pese a que hay un factor de riesgo pues, si bien antes de lanzarse al negocio hicieron algunos estudios, Frontino no había hecho el trabajo de exploración propio de estas empresas por encontrarse durante más de tres décadas en dificultades.

Afiliados a cesantías tendrán que escoger su portafolio

Mauricio Jaramillo

La República, Bogotá

Junio 2 de 2010

Bogotá. A partir del próximo primero de julio los 6,4 billones de pesos que están depositados en los fondos de cesantías en Colombia podrán invertirse según la voluntad de los afiliados.

Desde esa fecha, las AFP permitirán escoger dónde invertir estos recursos. Hay tres opciones: fondos de largo plazo, corto plazo o una combinación de ambos. "La selección que hagan es permanente, hasta que decidan cambiarla -aseguró Roberto Borrás, superintendente Financiero-. Es importante tener en cuenta que el fondo de largo plazo tiene una rentabilidad mínima anualizada de 8,8 por ciento, y se caracteriza porque sus inversiones tienen una mayor expectativa de riesgo que el de corto plazo. Este último renta 1,8 por ciento efectivo anual, pero tienen menor riesgo de pérdida".

Los recursos de los portafolios a largo plazo están invertidos especialmente en deuda pública, 45 por ciento, y en segunda medida en acciones, 31,29 por ciento. Similar participación en deuda pública, 47,67 por ciento, tienen los portafolios a corto plazo, cuya segunda inversión más importante, y que representa el 36,70 por ciento de los recursos está hecha en depósitos a la vista de bancos nacionales o internacionales.

Los límites para inversión en acciones de los portafolios de largo plazo son de 40 por ciento, en el caso de títulos de emisores locales; y de 30 por ciento, en el caso de emisores extranjeros. Actualmente, los recursos aportados a los fondos antes del 31 de diciembre de 2009 y que equivalen a 4,4 billones de pesos están en fondos a largo plazo, mientras que las cesantías que han sido depositadas en lo que va de 2010, es decir 1,9 billones de pesos, están en fondos de corto plazo.

Del 16 al 31 de agosto, si los afiliados no han elegido el fondo para tener sus recursos, estos pasaran al portafolio de largo plazo, operación que se repetirá cada año. Si el afiliado ha seleccionado perfil de administración, puede modificarlo.

Para solicitar el traslado de todos o parte de los recursos desde un fondo de corto plazo a uno de largo, el requisito es que hayan transcurrido seis meses desde la última selección. Y para solicitar traslado de todos o parte de los recursos desde un fondo de largo plazo a uno de corto, deben pasar doce meses desde la última modificación.

"Las comisiones -explicó Borrás- de las AFP por administrar estos recursos son del uno por ciento anual en el caso de corto plazo, y de tres por ciento anual en el caso de largo plazo".

El superintendente señaló que no cambian temas como las causales y los trámites para retirar las cesantías; el plazo para consignar los recursos, y la libertad para elegir AFP. La selección de los portafolios podrá hacerse llenando un formato en las entidades, o por internet, si la AFP habilita este servicio.

Este año llegarán seis bancos más

Roberto Borrás, superintendente Financiero, señaló que actualmente hay seis solicitudes de entidades que quieren ser bancos en Colombia y que podrían estar funcionando como tal antes de que termine 2010.

"Algunas son transformaciones dentro del sector nacional, pero otras solicitudes provienen de bancos internacionales", dijo. Aseguró que estas entidades entrarían a disputarse la colocación de microcréditos en Colombia. En cuanto a la integración de los mercados anunció que el próximo 21 y 22 de junio se estará reuniendo con los reguladores de las bolsas de valores de Chile y Perú para concretar la integración. "La primera fase se debe cumplir en 2010", dijo.