20 feb 2010

Impresionantes efectos de nivelación del POS en Barranquilla

Por nivelación de regímenes Subsidiado y Contributivo, disminuyó avalancha de tutelas en Barranquilla

Presidencia de la República


Servicio de Prensa, www.presidencia.gov.co

Bogotá, febrero 20 de 2010


El Secretario de Salud de la ciudad, Luis Alexander Moscoso, reveló que las EPS pasaron de recibir un promedio de 120 tutelas en un mes a solo cuatro, gracias al plan piloto de nivelación de ambos regímenes. Además, destacó la reducción de los tiempos de espera de los pacientes tanto en la autorización de servicios como en la prestación de los mismos.

Bogotá, 20 febrero 2010 (SP). Los primeros 20 días de operación del plan piloto de nivelación del Régimen Subsidiado con el Contributivo en la ciudad de Barranquilla arrojan resultados positivos, destacó este sábado el Secretario de Salud de la ciudad, Luis Alexander Moscoso, durante el Consejo Comunal sobre el sector de la salud que se llevó a cabo este sábado en la Casa de Nariño.

El funcionario reveló que este plan, en el que participan 544 mil ciudadanos de la capital del Atlántico, ha permitido la reducción en el número de tutelas presentadas por reclamación de servicios.

“El ente territorial no ha recibido en los 20 días una sola tutela por eventos no POS. Las EPS bajaron de alrededor de 120 tutelas en un mes, a recibir cuatro tutelas”, explicó Moscoso.

Además, resaltó la disminución en los tiempos de espera de los pacientes tanto en lo que tiene que ver con la autorización de servicios como en la prestación de los mismos.

“Disminución del 80 por ciento en las quejas y derechos de petición por prestación de servicios de salud. Disminución en los tiempos de autorización que estaban entre 10 y 30 días, bajaron de 3 a 10 días en este momento.Disminución de los tiempos de obtención efectiva del servicio.

“Una vez el servicio era autorizado, el paciente debía ir a una IPS (Institución Prestadora de Salud) pública y esperar la agenda de esta IPS, y podía oscilar entre 10 días y tres meses. En este momento como está nivelado, las EPS (Entidad Promotora de Salud) cuando no hay oportunidad en la IPS pública, lo remite a una privada y estamos entre 3 y 10 días”, anotó el Secretario de Salud de Barranquilla.

Otro resultado de este plan piloto es el incremento en el número de servicios que antes eran no POS para estos 554 mil barranquilleros.

“Cinco mil servicios que antes eran no POS hoy son prestados por las EPS, y los usuarios que fueron a la medicina especializada salieron con medicamentos, exámenes de laboratorio y radiología de una vez”, indicó Moscoso.

Así mismo, el funcionario reportó una disminución de cerca del 80 por ciento de los gastos por parte de los usuarios a la hora de acceder a los servicios.

Explicó que de los 544 mil usuarios del plan piloto, 400 mil pertenecen a nivel uno del Sisben, quienes ahora no pagan ningún valor por la cuota de recuperación. Al aplicar este plan en todo el país a partir del 1º de abril, este beneficio redundaría en 18 millones de colombianos de más escasos recursos.

“Para una persona que tenía que hacerse una tomografía axial computarizada en una entidad pública, que vale un millón de pesos, tenía que aportar 50 mil pesos, no se podía hacer el tratamiento porque no tenía los 50 mil, hoy 400 mil barranquilleros no tienen que bajar un solo peso en cuota de recuperación.

“Y eso significaría que 18 millones de colombianos del nivel uno de Sisben, no tendrían que pagar esa cuota y creo que eso es un avance gigantesco lo que significa un alivio para muchas personas que no podían obtener ese servicio por esa barrera”, expresó Moscoso.

Luego de escuchar el informe, el Presidente Álvaro Uribe Vélez elogió los resultados que presenta el plan piloto en la capital del Atlántico.

“Barranquilla nos está poniendo un punto muy alto. Yo creo que hay que dar aplausos. Barranquilla merece un aplauso”, subrayó el Jefe de Estado.

Salario mínimo

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Febrero 20 de 2010

Todos estamos de acuerdo en el deseo de que los colombianos tengan un salario que otorgue condiciones dignas de vida. Eso sería lo ideal. Pero, el debate sobre el Salario Mínimo (SM) no se refiere a ello; está circunscrito más bien, a las siguientes preguntas: ¿Fijar el SM contribuye al propósito de que los más vulnerables tengan garantizada su subsistencia? ¿Cuáles son los efectos de un SM fijo? ¿Qué puede hacerse para que todos los colombianos tengan un salario digno?

Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentaje de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.

Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario mínimo y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: no contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2.830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?

Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además, tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.

La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que sí es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.

19 feb 2010

Violencia antisindical: sincerar el debate

Tomás Uribe Mosquera*

Portafolio, Bogotá

Febrero 19 de 2010

¿Cómo conciliar juicios sentenciosos sobre nuestra violencia antisindical con el descenso que reflejan las cifras oficiales y de ONG sindicales? Según la Agencia Laboral ENS y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (No es muda la muerta, nov./09, p.80), el número de sindicalistas asesinados bajó en un 72,9% (de 191 a 49) durante el 2002-08. Esta tendencia se mantiene en el 2009, con 39 homicidios. En un nivel más bajo, las cifras oficiales siguen propensión similar.

La tasa nacional de homicidio (2009: 35.2 por 100.000 habitantes) supera siete veces la de sindicalistas (4.9). Mejía y Uribe (¿Es Sistemática y Focalizada la Violencia contra Sindicalistas?, nov./09), anotan además que ésta cae mucho más rápido que aquella: 74 vs. 44% durante 2002-08. Su ritmo 'menguante' supera el de otras categorías vulnerables (periodistas, alcaldes, concejales, indígenas...).

Ello puede deberse, i.a., a la política de Seguridad Democrática y al programa de protección individual para personas vulnerables: 1.900 líderes sindicales de un total de 9.000 colombianos protegidos (abril/08).

Salvo excepción, evolucionan favorablemente los indicadores de violencia antisindical, del 'cuatrienio Pastrana' al 'Uribe-1' (Informe ENS-CCJ, p.29): mucho aumentan hostigamiento (de 57 a 139) y, con cifras muy bajas, tortura (3 a 17) y allanamiento ilegal (4 a 8); los demás varían muy poco (amenazas, desplazamiento forzado: 52,7% del total de casos) o bajan substancialmente (homicidios y el resto: 45,2%).

El descenso se acelera durante Uribe-2 hasta el 2009 (p.31): se disparan desplazamiento forzado (de 207 a 303) y, con cifras bajas, allanamiento ilegal (de 8 a 10); los demás (81,2%) caen notablemente. Mediante análisis econométrico de tipo panel, aparentemente robusto, Mejía y Uribe concluyen que la violencia antisindical (homicidios y amenazas) está correlacionada con indicadores locales de desarrollo y violencia general, pero rechazan la hipótesis de que la determine la actividad sindical.

A ello se contrapone la fe de la izquierda nacional y muchas figuras internacionales en "una violencia antisindical sistemática, estructurada, selectiva y continuada en el tiempo" (Ibid, p.47) y ésta corrobora "la intención histórica de exterminio de lo sindical en el país" (pp.7 y 21). Poco más, poco menos dijo el entonces candidato Obama en octubre/09 al declarar su oposición a ratificar el TLC con Colombia: "la historia de Colombia en la actualidad es que líderes sindicales han sido blanco de asesinato sobre una base bastante sistemática y no ha habido judicialización".

Según George Miller, opositor declarado de ese y otros TLC, aún sin ratificar en la Cámara de Representantes de E.U., "los trabajadores en Colombia han sido muertos por disposición del Gobierno, de los industriales, de la clase económica de ese país..." (enero/10). En diciembre pasado, la Confederación Europea de Sindicatos (es-Etuc) "(puso) de manifiesto su indignación frente al asesinato continuo de sindicalistas en Colombia". También 'reiteró' su oposición a las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo entre la UE y los Gobiernos de Colombia y Perú, y cuya finalidad es concluir acuerdos comerciales bilaterales".

La ONG británica JFC hace idéntico llamado y aduce que "el asesinato de sindicalistas en Colombia está en auge, con aumento del 25% frente al año anterior". Afirmaciones afines sobre nuestra violencia antisindical y sendos acuerdos comerciales emanan de distintos partidos y grupos canadienses y europeos.

¿Cómo explicar conclusiones que, más allá de su muy efectiva retórica anticomercial, van en contravía del acervo estadístico a disposición de los interesados, empezando por nuestros sindicatos, y libremente 'accesible' por quienes los apoyan internacionalmente? Como nada es más peligroso que descalificar personas y organizaciones sociales en un país con la tradición violenta de Colombia, más vale procurar entender sus posiciones.

Los sindicalistas parten de una doble legitimidad moral. Quien padece la violencia sabe más de ella que quienes la observan 'desde afuera'. Algo así como el hambre: resulta difícil definirla científicamente, pero quien la siente desde luego sabe qué es. Colombia cuenta, además, con una cruenta historia reciente de violencia paramilitar contra grupos de izquierda, incluidos numerosos sindicalistas.

Sobre los vínculos regionales entre paramilitares, Estado y dirigencia política durante 1997-2003, resaltan las investigaciones de Claudia López (en Semana.com) y la Corporación Arco Iris ('Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdo políticos', 2007). Para quienes sufrieron o presenciaron esta violencia, puede pesar más la historia cercana que la evolución favorable en los principales indicadores de violencia antisindical.

Hay, luego, el gran debate acerca de si los 'grupos o bandas emergentes' no son más que una reconfiguración de los grupos paramilitares (sus 'herederos', según HRW) u obedecen una motivación oportunista y crapulosa, y ésta los concentrará en en su 'negocio' en vez de llevarlos al sangriento 'control social' que antecedió a la desmovilización paramilitar. En el segundo caso, los sindicalistas no tienen porqué temer más, localmente, que otros colombianos.

En el primero, es natural que se sientan a riesgo y juzguen temporal y reversible el mejoramiento en los indicadores distintos a desplazamiento y allanamiento illegal (amenazas, homicidios/atentados, detención arbitraria, hostigamiento...).

Ello explicaría que busquen transmitir otro mensaje de urgencia a la comunidad internacional, como el plasmado en ENS-CCJ (pp. 27-28, 47-48) y HRW-2010 (pp.49-52), así requiera hacer uso puntual o selectivo de la información disponible. Dicha comunidad, desde luego, es responsable de lo que elige creer.

Media finalmente la heterogeneidad del universo sindical colombiano. Abarca tanto sectores 'seguros' (banca, gran industria manufacturera, transporte aéreo, otros servicios de alto valor agregado...), en donde es ínfima la violencia antisindical, como actividades expuestas a ésta en zonas de conflicto social latente: extractivas (petróleo, banano, palma...); educativa; judicial; de la construcción; y de servicios públicos municipales.

La mucho menor violencia del primer subconjunto, al promediarse con la del segundo, la mitiga e 'invisibiliza'. Salvo que se lo propongan expresamente, estudios serios como el de Uribe y Mejía (Op.Cit.) difícilmente recogerán esta diferencia acaso esencial. El problema de agregación sectorial es negado por los interesados. La Agencia Laboral ENS imputa 'intenciones' de 'manipulación estadística' al Gobierno cuando "optó por diferenciar tácticamente las cifras de asesinatos contra educadores sindicalizados..." (dic./09).

Esta negación socava quizás la principal explicación técnica del divorcio estadístico entre violencia sentida y contabilizada. ENS-CCJ sí admite su desagregación espacial e institucional y llama a priorizar su investigacion en "12 departamentos y 25 sindicatos que concentran el 85 por ciento de los homicidios cometidos contra sindicalistas" (p.48). El nexo entre uno y otro tipo de desagregación es manifiesto: 2/3 de los homicidios registrados en 1986- 2009 corresponden a Sintrainagro, Fecode y USO, tradicionalmente asociados con banano, enseñanza y petróleo, pero también a Antioquia (incluido Urabá), Santander, Valle, César y Magdalena, principal 'entorno violento' de estas actividades.

Los datos no sustentan la dialéctica moderna del exterminio. En distintos tiempos y lugares, hubo agresión frontal del paramilitarismo contra movimientos de izquierda, incluido el sindical (2/3 de cuyos homicidios causó en 1986-2009), y la alarma que infunde su 'reconfiguración' percibida se vierte en informes como ENS-CCJ y HRW-2010. Sindicalistas y Gobierno deben sincerar el debate, con sendos reconocimientos públicos.

Gobierno: las bandas delincuenciales pueden no ser 'nuevas' y sí traer amenazas para el mundo sindical y la izquierda, amén de un mayor reto aun frente a judicialización e impunidad. Sindicalistas: sin perjuicio de las ejecuciones extrajudiciales aducidas (21 en 1996-2008, p.34), los homicidios han caído considerablemente (en 4/5) desde el 2002, bajo la política de Seguridad Democrática y con esquemas de protección individual, y la violencia antisindical 'total' evoluciona, mucho menos aprisa, en el misma sentido.

* Consultor internacional.

Seis de cada diez trabajadores están en la informalidad según el Dane

Portafolio, Bogotá

Febrero 10 de 2010

Hay cerca de 5,3 millones de informales en las 13 principales ciudades. Los nuevos empleos no se pueden ver con optimismo porque obedecen al rebusque, dice la Asobancaria.

La informalidad laboral no deja de crecer, al punto que para el trimestre septiembre-noviembre del 2009 impuso un récord frente a iguales periodos de años anteriores.

De acuerdo con las cifras del Dane, que desde diciembre del 2008 no había vuelto a publicar datos sobre informalidad, en el trimestre mencionado esta llegó a 58 por ciento, es decir, que de cada 100 trabajadores ocupados en las 13 grandes áreas metropolitanas 58 fueron clasificados como informales.

Se consideran informales los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta 10 personas, incluyendo al patrono y/o socio; los trabajadores, familiares o no, sin remuneración (TSR); el servicio doméstico; los trabajadores por cuenta propia (TCP), excepto los independientes profesionales; y los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos.

La informalidad, así definida, alcanzó el 58 por ciento; sin embargo, el trabajo que estaba realizando el Dane para buscar una medición más precisa de ese fenómeno y que, según sus directivos, fue el motivo para que el año pasado no se reportara dicha información, encontró evidencia de que las personas que ocupan entre seis y nueve empleados generan en su mayoría empleo formal.

Dicho de otra manera, la informalidad se concentra en los establecimientos que tienen hasta cinco empleados y que, junto con las otras características mencionadas, marcó 51,9 por ciento, superior en 0,5 puntos a la de un año atrás. Esta información sale por primera vez a la luz pública.

Según las cifras oficiales, de los 9'064.000 ocupados en las 13 áreas metropolitanas, cuando se incluyen los establecimiento de hasta 10 trabajadores, 5,3 millones son informales, que se reducen ligeramente a 4,7 millones cuando solo se tienen en cuenta los que tienen un máximo de cinco empleados.

La ocupación total en el país ha crecido en los últimos años, pero principalmente en donde no existen relaciones laborales o estas no cumplen con todos los mandatos de ley, como un contrato de trabajo y afiliación a la seguridad social.

Para la presidenta de la Asociación Bancaria (Asobancaria), María Mercedes Cuéllar, "los indicadores de informalidad entre los trabajadores son alarmantes", apreciación que coincide con la de todos los analistas del sector público y privado, aunque no todos comparten el origen de la misma.

Cuéllar destaca que aunque se están generando nuevos puestos de trabajo, estos no parecen de buena calidad. "Es en particular preocupante el incremento de trabajadores por cuenta propia dentro del total de ocupados que está ocurriendo desde 2007", comenta la presidenta del gremio bancario.

A mediados de ese año, agrega, los trabajadores por cuenta propia, que salvo los profesionales independientes clasifican como informales, eran aproximadamente 36 por ciento de los ocupados, mientras que hoy son casi 44 por ciento.

"Aunque no cabe duda de que la economía está creando nuevos puestos de trabajo, no se puede tomar este hecho con mucho optimismo, puesto que esto parece responder más al rebusque de la oferta de trabajo que al dinamismo de la demanda de trabajo", advierte Cuéllar. Presencia masiva del rebusque

El 53,8 por ciento de los informales (2,8 millones) que laboran en establecimientos que tienen hasta 10 trabajadores, junto con los demás criterios de informalidad, están clasificados como trabajadores 'por cuenta propia'. Esa categoría, que algunos estudiosos llaman 'falso cuentapropismo' porque da una idea equivocada de independencia laboral, lidera de lejos las cuentas de la informalidad, pues su inmediato seguidor es el renglón de los informales vinculados a empleadores particulares, con 26,4 por ciento.

Los patronos o empleadores en ese tipo de establecimiento participan con el 7,7 por ciento del total de trabajadores informales, seguidos por los empleados del servicio doméstico (trabajadoras domésticas propiamente dichas, jardineros y conductores de hogares, entre otros), con 7,3 por ciento.

Según el Dane, en el trimestre septiembre-noviembre del año pasado había 255.000 trabajadores que no recibían remuneración laborando en negocios de la familia o de otros hogares.

JORGE CORREA C. / REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/seis-de-cada-diez-trabajadores-del-pais-estan-en-la-informalidad-segun-el-dane_7094308-3

Salario mínimo por regiones

Boris F. Zapata Romero

El Universal, Cartagena

Febrero 17 de 2010

Si bien es cierto que la política ocupa la mayor parte de nuestros debates y discusiones, no se pueden dejar de lado discusiones tan importantes, e incluso urgentes, como el empleo.

Si, efectivamente el empleo pertenece al ámbito de la política, pero cuando afirmo que la gente está pendiente de la política me refiero a que es la política desde lo electoral, pues los temas profundos que a ella atañen parecen no importar a la mayoría, incluyendo a la generalidad de los políticos de carrera.
Precisamente esta semana, el empleo fue abordado con una propuesta para enfrentar el desempleo en Colombia del Director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahita, que consistió en que era el momento de comenzar a discutir un salario mínimo diferenciado por regiones.

El argumento bajo el cual abrió el debate en un diario reconocido, consiste en que el salario mínimo en el país es de alrededor de 3.000 dólares anuales, mientras que el PIB per cápita es de 5.000, lo que hace porcentualmente al salario mínimo ser aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Tal razón llevó a Esteban Piedrahita a preguntar: ¿Por qué no pensar en un salario mínimo para Bogotá, que tiene el mismo ingreso per cápita que Uruguay, y otro para un departamento como Chocó, que tiene un ingreso per cápita como Bolivia?

En medio de la discusión del Voto por la Región Caribe, papeleta que se debe pedir el próximo 14 de marzo, creo en la pertinencia de la propuesta, bajo las razones que bien expone el Director del Departamento de Planeación Nacional.

Es claro que los detractores de la propuesta tienen razón en cuanto a que ésta en sí misma no resuelve el problema del desempleo, pero si se logra que haga parte de una serie de medidas de choque, sin duda ayudaría a bajar los índices de desempleo del país.

En cuanto a la Región Caribe, considero que es beneficioso en la medida en que puede ayudar a mitigar las desigualdades enormes que hay; por ejemplo, citando cifras del Observatorio del Caribe Colombiano, mientras el crecimiento del PIB de la región es de alrededor de 5 puntos porcentuales, la media nacional llega casi al 7%, o que la pobreza por ingresos en el Caribe Colombiano es del 56,7% mientras que para el país el promedio es de 49,7%.

La propuesta de diferenciar el salario mínimo por regiones a mi parecer traería consecuencias positivas, todas ellas a favor del empleo, como el mejoramiento de la productividad regional, una distribución de la inversión privada mayor y más equitativa, una distribución del ingreso mejor, así como también en aspectos conexos como la cualificación y capacitación de la mano de obra, la formalización de miles de empresas que ejercen sus actividades sin legalizarse y que hacen parte del problema del empleo mal remunerado e inestable.

Ahora bien, lo que sí es necesario es que tal medida sea adoptada de manera que no genere salarios de hambre; no se debe olvidar que la idea de que exista un salario mínimo legal, en otras palabras, de que este no sea impuesto por el sector privado a su leal entender y parecer, es el de proteger a los trabajadores y sectores vulnerables, asegurándoles un ingreso vital.

*Abogado y Analista Político

Quitar los parafiscales no mejora el empleo

Revista Dinero, Bogotá

Febrero 19 de 2010

Contrario a lo que han encontrado los economistas del país en los últimos diez años, el Observatorio del Mercado de Trabajo del Externado sostiene que reducir los parafiscales no reduciría el desempleo y sí afectaría la distribución del ingreso.

“La disminución o eliminación de los aportes parafiscales al Icbf, Sena y Cajas de Compensación no aumentará el empleo en Colombia”, es la conclusión de un estudio que acaba de publicar el Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia.

El resultado va en contravía de una gran cantidad de estudios que se han realizado en los últimos diez años, en los que han participado economistas del BID, de Fedesarrollo y de la Universidad de los Andes, entre otros, y que destacan cómo los costos laborales no salariales - que incluyen los aportes parafiscales -, son de los más altos en el hemisferio. Esto, dicen, le resta competitividad a la producción nacional y dificulta la creación de empleo.

¿Cómo se producen entonces los nuevos resultados? De un lado, el Observatorio argumenta que los estudios previos usaron métodos estadísticos de calidad dudosa. “Un escrutinio minucioso y riguroso de estos estudios revela que ellos no aportan evidencia empírica definitiva y que no se puede derivar alguna conclusión certera de política”, dice.

Otro elemento está en que mientras la parafiscalidad laboral se ha modificado muy poco en los últimos años, las contribuciones a seguridad social han aumentado de forma sistemática. “Si hubo un impacto negativo sobre el empleo, éste debe atribuirse, en casi su totalidad, al aumento de los costos no salariales relacionados con pensiones, salud y riesgos profesionales”.

Pero incluso si estuviera equivocado con lo anterior, los investigadores del Observatorio piensan que no habría garantía de que la eliminación de los parafiscales aumente el empleo. “Aún si se aceptara que la introducción de los gravámenes a la nómina reduce el empleo, así como lo sostiene la literatura económica nacional, no se puede garantizar que, automáticamente, la eliminación o disminución de los mismos lleve a aumentos de la ocupación”, afirman. Aseguran que en países como Suecia, Finlandia y Chile, donde se disminuyeron los impuestos a la nómina, no se encontró evidencia estadística significativa que mostrara un aumento de la ocupación.

Sostienen que con modelos económicos más precisos (modelos de equilibrio general, como los llaman los economistas), se puede simular lo que ocurriría si se emplearan otras fuentes de financiación para el Icbf, el Sena y las cajas de compensación, diferentes a los parafiscales. El resultado no parece muy bueno. “El empleo nacional aumentaría en un 1%, pero que se verificaría un empeoramiento de la ya inicua distribución del ingreso nacional”, señalan.

No obstante, le encuentran un problema al manejo de los aportes como están diseñados en la actualidad. Afirmas que la parafiscalidad tiene sentido económico en la medida en que los aportes que pagan las empresas se transformen en servicios y bienestar para los trabajadores y sus familias. “En este sentido, la política perseguida por este gobierno y los anteriores en materia de parafiscalidad laboral ha sido mal enfocada, dado que se han desviado parte de los recursos para financiar la provisión de servicios que benefician a colectivos diferentes de los trabajadores de las empresas aportantes”. Señalan que la atención a la población pobre y vulnerable debe ser financiada con otros instrumentos tributarios, “so pena de transformar los aportes parafiscales en un impuesto puro, es decir en un pago sin ninguna contraprestación directa, que desdibujaría el objetivo originario de la parafiscalidad”.

http://www.dinero.com/actualidad/empleo/quitar-aportes-parafiscales-no-mejora-empleo_68927.aspx

18 feb 2010

El salario más mínimo y más

José Manuel Restrepo A.

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 18 de 2010


Me han sorprendido recientemente las actuaciones del Gobierno Nacional en la apertura de temas muy polémicos de política económica, social y educativa. Y digo que sorprende por cuanto no es común que ad-portas de cierre de gobierno, este tome la decisión de gastar su capital político en temas que a todas luces no logran consensos y ni siquiera acuerdos mayoritarios. Peor aún, cuando dichos debates se hacen en medio de una confusa campaña presidencial y de elección a Congreso de la República, en donde sobran los oportunistas carentes de ideas, que hacen de estos debates el tema de sus campañas. Demuestra esto último la incapacidad de dichos candidatos para proponer ideas pero, además, lo sencillo que es hacer populismo cuando se toca la fibra del bolsillo de los colombianos. Podría indicar esto también que no habrá más reelecciones y que esta es la oportunidad para responsablemente cerrar una agenda de gobierno.


Como lo defendí en este espacio, y sin aceptar los contratos millonarios “pasaditos de Tono” para los asesores de los decretos de emergencia social, o las imprecisiones parciales de los mismos, es valiente del Ministro de la Protección Social, y ahora más del propio Presidente de la República, la titánica tarea de enfrentar políticos populistas, academias médicas, sindicatos, enemigos de siempre y muchos más, para tratar de demostrarnos que el propósito es ampliar la cobertura de servicios a los menos favorecidos, evitar la evasión y corrupción en los pagos de salud, y diseñar un modelo de prestación de servicios a la medida de Cundinamarca y no de Dinamarca, que sea costeable y sostenible.


No contentos con este peligroso frente de discusión, ahora el Director de Planeación Nacional ha abierto un debate nacional al retomar la idea de salarios mínimos diferenciados por regiones. No faltaron de nuevo los populistas y enemigos de siempre rechazando la idea, sin haberle dado un debate suficiente. Una propuesta como esta tendría un resultado favorable en generar empleo formal antes inexistente en ciertas regiones con un salario a la medida del costo regional de la canasta familiar, sin perjuicio del análisis sobre los efectos negativos en una posible migración laboral a las regiones de más alto ingreso. Los argumentos en contra van por la vía de inconstitucionalidad e ilegalidad, como insinuando que es inconstitucional atacar la pobreza en el país. A propuestas como ésta, le surgen alternativas en congresistas irresponsables que prefieren elevar las cargas laborales recuperando las horas extras, para allí sí, acabar con la generación productiva del país, y de “pasadita” con la generación de empleo.


A pesar de lo tardío con que llegan estas propuestas, es valiente del Gobierno traerlas al escenario del debate y enfrentar dramas que este país nunca, por la incapacidad de sus gobernantes, ha enfrentado.
El futuro debate que se abrirá será la Reforma a la Ley 30 de 1992 de la Educación Superior. Habrá que alquilar balcón para ese nuevo berenjenal.

17 feb 2010

El Acuerdo Comercial con la Unión Europea

Editorial

El Espectador, Bogotá

Febrero 17 de 2010

Esta semana llegará al país una misión de parlamentarios de la Unión Europea, de distintas naciones y filiaciones políticas.

Vienen con el propósito de conocer de primera mano la evolución de la economía, la política y los aspectos sociales en tiempos recientes, para concretar su respaldo al Tratado de Libre Comercio entre esa rica región del mundo y Colombia. Por lo tanto es oportuno hacer unas reflexiones sobre este crucial acuerdo.

En primer lugar, sea esta una nueva ocasión para reiterar la conveniencia para nuestro país de embarcarse en una iniciativa comercial y económica de esta naturaleza y envergadura. Porque este tratado —cuya negociación concluirá en Bruselas la semana entrante— les brindará a los empresarios nacionales grandes oportunidades de ampliar sus mercados mediante exportaciones a naciones con una elevada capacidad adquisitiva. Vale la pena recordar que la Unión Europea cuenta con 500 millones de consumidores y un ingreso per cápita anual de 37 mil dólares. Un mercado equivalente a 85 veces el de Colombia.

Adicionalmente, el acuerdo comercial estimulará la llegada de capitales europeos en forma de inversión extranjera, puesto que su entrada en vigencia es un voto de confianza en la solidez y el potencial de la economía nacional. Todo esto permitirá un mayor dinamismo del aparato productivo, lo cual redundará en más puestos de trabajo y en mayores recaudos tributarios para hacer inversión social.

Algunos dirigentes de izquierda de varias naciones europeas han planteado que este Tratado de Libre Comercio se le debe negar a Colombia por su desempeño en materia de Derechos Humanos. Argumentan que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para protegerlos y que por lo tanto no se le debería dar al país este privilegio. Una posición que no es justa ni lógica.

Es injusta, porque si bien es cierto que en el país subsisten serios problemas en cuestión de Derechos Humanos, también es verdad que en los pasados ocho años se ha registrado un muy significativo avance, que se evidencia en la reducción de más del 50 por ciento en los homicidios, del 90 por ciento en los secuestros y del 85 por ciento en los crímenes de activistas sindicales.

Es ilógica la actitud de estos pocos opositores europeos, puesto que negarle a Colombia esta gran posibilidad comercial sería contraproducente para su avance social y económico. Porque este acuerdo servirá para fortalecer la economía legal generando negocios nuevos en muchos sectores y regiones, le brindará al Estado recursos adicionales para la salud, la educación y los servicios públicos de los ciudadanos menos favorecidos, y creará nuevos empleos vinculados a las exportaciones adicionales que se producirán con su implantación. Además, un acuerdo de esta naturaleza, como lo demuestran las experiencias de otras naciones que los han adoptado, eleva los estándares de las condiciones laborales.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería, ha hecho una buena labor impulsando este Tratado, cuya aprobación final quedará en manos de los eurodiputados en el segundo semestre de este año. Ojalá los parlamentarios de las 27 naciones de la Unión Europea concluyan que una de las mejores maneras de ayudar a Colombia es mediante la puesta en marcha del poderoso instrumento de progreso social y económico que es este gran acuerdo comercial que se firmará en mayo en Madrid.

16 feb 2010

Una pildorita de sensatez

Saúl Hernández Bolívar

El Tiempo, Bogotá

Febrero 16 de 2010


La Organización Mundial de la Salud define que la salud es "el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Pero, también puntualiza que el presupuesto asignado en un país al bienestar social debe estar asociado al nivel de riqueza colectiva.

La sociedad actual parece atravesar una etapa de negación de la muerte; hay quienes no buscan calidad de vida a través de los servicios de salud sino prolongar la agonía de manera indefinida y a un costo tal que se vulnera el precepto de justicia en la distribución de unos recursos que son bastante limitados. Hay pacientes que le valen al sistema sumas astronómicas. En muchos casos, ¿no se está preservando su vida por medios artificiales y, en ese caso, no es un atentado contra su dignidad?

¿No tiene importancia estarse gastando la provisión anual de miles de personas?

Colombia destina 25 billones de pesos anuales a la salud, el 8 por ciento del PIB. En promedio, cada afiliado le cuesta al sistema unos 500.000 pesos anuales. La cobertura se ha ampliado significativamente. En 1990, sólo el 16 por ciento de los colombianos tenía atención en salud; en el 2002, subía a cerca del 60 por ciento; y hoy la tiene más del 90 por ciento de la población (41 millones de personas). En el régimen subsidiado tenemos 23,8 millones de afiliados y 17,6 en el contributivo, de los cuales sólo 8 pagan, el resto son parientes beneficiarios. Este año se alcanzará la cobertura universal y, por orden de la Corte Constitucional, se igualarán los beneficios de ambos regímenes, nivelación que cuesta -según Fedesarrollo- 5 billones anuales, por lo que de poco o nada sirve que haya 6 billones en TES.

Francia tiene el mejor servicio de salud del mundo. Allá se destina para la salud el 11 por ciento de su gigantesco PIB, lo que equivale a más de 400 billones de pesos colombianos. Eso les permite contar con cerca de 7 millones de pesos anuales, en promedio, para cada ciudadano. Tienen cobertura universal, pero mientras aquí tenemos a cerca del 60 por ciento de la población en el régimen subsidiado, allá sólo lo está cerca del 7 por ciento. Casi toda la población cuenta con el 'seguro de salud obligatorio', que se financia, igual que aquí, con los aportes salariales (repartidos entre el empresario y el trabajador), y muchos tienen también el 'seguro complementario', diseñado para cubrir enfermedades graves. En todos los casos, el sistema prevé participación financiera del paciente.

Es decir, tener altos estándares en los niveles de atención en salud no depende de "asegurar los recursos necesarios a cargo del Estado" como vienen diciendo, palabras más, palabras menos, los politiqueros que andan en campaña y los críticos que no ven sino errores en este Gobierno. Si los franceses, para darles la mejor salud del mundo a sus 62 millones de habitantes, necesitan 400 billones de pesos, en Colombia se necesitarían unos 300 billones para atender con los mismos parámetros a 45 millones de personas y eso es, más o menos, el 80 por ciento del PIB nacional, y representa toda la recaudación de impuestos del país en cinco años.

Esa es, a grandes rasgos, la realidad de la situación. El nuestro es un país pobre cuya economía naufraga en la informalidad, dejando pocos ciudadanos en grado de contribución. Pero hay gran cobertura y un alto nivel científico que es muy costoso. Así que a las exageradas expectativas por parte de los usuarios, y a los abusos, hay que ponerles freno.

Es cierto que las EPS deben mejorar la atención, que los decretos de la emergencia social no son perfectos, que debió darse el debate previo, que no se debieron contratar asesorías millonarias, etcétera, pero las decisiones que se están tomando van en la dirección correcta. Seamos sensatos, ni siquiera la 'autonomía médica' puede convertir a los médicos en ordenadores del gasto.

Who is misleading the international community?

Who is misleading the international community?

In reference to the communication addressed by the ITUC and the ETUC regarding Colombia*, sent on the 3rd of February 2019 to all MEPs, we wish to express:

1. A sector of the Colombian trade union movement has visited, and will continue to do so, the European Union to defend the adoption of a Commercial Agreement with Colombia. It is not true that our position “is the exact opposite of what Colombian civil society (…) is committed to” that supposedly requests suspending the FTA negotiations. The great majority of Colombians, of Colombian political parties, Congress, Colombian workers and the civic and community movement are in favour of these treaties and they have expressed their will through democratic elections such as those in 2006 when 80% of the voters elected Congressmen and a President who defend commercial agreements. Almost 90% of the Congress approved the FTAs with the USA, Canada and EFTA.

2. Unfortunately, Colombian trade union movement is not representative of the 21 and a half million workers that constitute Colombia’s economically active population, as it brings together less than 4% of the workers: approximately 800,000 members. More than 500,000 of them belong to the public sector, that has barely little more than 1 million civil servants. In contrast, more than 20 million workers from the private and productive sector, who are those that would benefit from the different FTAs, are almost not represented at all. On the other hand, not all unions are affiliated to the Union Centrals, and amongst those which are, we not all share their orientations. Furthermore, not all the confederations share this unrestricted position regarding commercial treaties: CGT, for example, has accepted in its December 2009 Confederation Board meeting to follow up the negotiations and to take a position once their have concluded and not beforehand.

3. The unions that are defending the negotiation of an FTA with the EU are not part of a so called “intensive lobbying campaign” by “the Colombian Government” in “an attempt to mislead the international community” on the situation in our country. Our position is independent, even if we agree with the Government in certain aspects. It is others who have mislead the international community, denying the advances in Colombia in labour rights, human rights, fight against impunity and protection of union leaders. Three years ago ILO excluded Colombia from the list of countries that violate workers rights the most, and in the 2009 Conference, our country was highlighted by the Commission on Norms Applications as one of the outstanding cases of progress. Is ILO misleading the international community?

4. We will continue to express our criteria before the EU and the European civil society with the aim of adopting a commercial agreement that is mutually beneficial, that helps Colombia in its economical progress, that generates more and better employment, and that strengthens the advances in human and labour rights. What can contribute to generate more violence is not the signature of commercial treaties, but the blockage to the alternatives of progress that these treaties stimulate in the different countries.

Bogotá, Colombia, February 5th 2010

Sintracontexa -Directiva Nacional

Sintracontexa -Seccional Rionegro (Coltejer)

Sintraempaques

Sintrainduplascol -Directiva Nacional

Sintrainduplascol -Seccional Medellín

Sintra Coats-Cadena -Pereira

Sinaltrifru -Directiva Nacional

Sinaltrifru -Subdirectiva Apartadó

Unaltrasap -Directiva Nacional

Unaltrasap -Seccional Norte del Valle

Sinaltralux

Sinaltraflor

Sintraequipajeros de Antioquia

Sintraimusa

Utratexcoc,

Federación Agrária “Nuevo liderazgo campesino”

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Qui trompe vraiment la communauté internationale ?

Par rapport aux communiqués émis par la Confédération Syndicale Internationale (CSI) et par la Confédération Européenne syndicale (CES) sur la Colombie, diffusés le 3 février 2010, et adressés aux députés du Parlement Européen, nous, syndicalistes colombiens, déclarons:

1) Un secteur du syndicalisme colombien a rendu visite et continuera à rendre visite à l'Union européenne pour défendre l'adoption d'un accord de commerce entre l’UE et la Colombie. Il est faux de dire que notre position est «exactement opposée à celle de la société civile colombienne», laquelle serait en train de demander la « suspension » des négociations entre l’UE et la Colombie. Cela est faux. La grande majorité des Colombiens et de leurs partis politiques, la majorité du Parlement colombien, la majorité des travailleurs, des communautés et des mouvements civiques sont favorables à la signature de ce traité avec l’UE. Ces majorités ont exprimé cette position lors d'élections démocratiques comme celles de 2006 lorsque 80% des électeurs ont voté en faveur d’un président de la République et d’un Parlement qui soutiendraient ces accords commerciaux. Près de 90% des membres du Congrès colombien ont approuvé les accords commerciaux avec les États-Unis, avec le Canada et avec l’Union Européenne.

2) Le syndicalisme colombien n'est pas, hélas, totalement représentatif de la plupart des 21,5 millions de travailleurs qui constituent la population économiquement active de la Colombie. L'ensemble des syndicats en Colombie rassemble moins de 4% de la population économiquement active du pays, soit quelques 800.000 personnes. Plus de 500.000 d'entre elles viennent du secteur public, lequel compte plus d'un million de fonctionnaires. En revanche, environ 20 millions de personnes travaillent dans le secteur privé et productif. Ce sont eux qui pourraient bénéficier le plus directement des accords de commerce. Pourtant, ils n'ont presque pas de représentation syndicale.

D'autre part, tous les syndicats ne sont pas affiliés à des confédérations syndicales, et parmi eux, tous ne partagent pas les orientations des directions des confédérations. En outre, une partie seulement des confédérations est en défaveur des accords de commerce. Par exemple, la Confédération Générale du Travail (CGT), dans son Conseil confédéral de décembre 2009, a accepté de suivre de près les négociations de l’accord de commerce et a décidé de prendre une position après la conclusion de cette négociation et pas avant celle-ci.

3) Les syndicats qui défendent la négociation d'un accord de commerce avec l'Union européenne ne font pas partie d'une prétendue « campagne de lobbying intense de la part du gouvernement colombien » pour «tenter de tromper la communauté internationale» sur la situation de notre pays. Notre position est autonome et elle coïncide, certes, sur certains points, avec celle du gouvernement.

Ce sont les autres qui ont trompé la communauté internationale, en niant l'amélioration des droits du travail en Colombie, en niant l'amélioration du respect des droits de l'homme, de la lutte contre l'impunité et pour la protection des syndicalistes. Depuis trois ans, l'OIT exclut la Colombie de la liste des pays où l’on viole le droit du travail. Lors de la Conférence de l’OIT de 2009, la Colombie a été félicitée par la Commission d’Application des Normes comme étant l'un des pays où il y a eu les progrès les plus importants. Pour dire cela, l’OIT trompe-t-elle la communauté internationale?

4) Nous allons continuer à expliquer notre point de vue à l'UE et à la société civile européenne, parce que nous voulons que l’accord de commerce soit signé car il sera bénéfique tant pour l’UE que pour les travailleurs colombiens. Un tel accord pourrait aider la Colombie à faire des progrès dans le domaine économique, à générer plus d'emplois, à améliorer la qualité de vie et à renforcer le respect des droits de l'homme et le droit du travail. Ce qui pourrait contribuer à générer plus de violence ce n'est pas la signature des accords de commerce, mais c’est tout ce qui entrave le progrès des nations.

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* Communication addressed by the ITUC and the ETUC regarding Colombia:

Brussels, 3 February 2010

Lobbying by Uribe Government for a Colombia-EU Free trade agreement

To Members of the European Parliament,

The Colombian Government has launched an intensive lobbying campaign at the European Parliament in an attempt to mislead the international community, and the European Parliament in particular, on the advances made by the Uribe Administration regarding the situation of human rights in his country so as to promote an early conclusion of the negotiations of a Free Trade Agreement (FTA).

They have now brought to meetings at the European Parliament people from unrepresentative trade unionists to speak at different Hearings on Colombia about the so called advances made by the Government in the field of human rights and in their fight against impunity and of how the FTA is going to benefit Colombian workers.

We have heard that Mr. Albeiro Franco and Mr. Luis Fernando Cadavid, from the extremely small trade unions UNALTRASAP (agro-industrial and livestock sector) and SINTRACONTEXA (textile and clothing sector) are asking for meetings with MEPs to explain their “vision regarding union rights and human rights in Colombia and on trade agreements”.

Their position is the exact opposite of what Colombian civil society and the ITUC affiliates – CUT, CGT and CTC- are committed to in their permanent efforts to improve the conditions of the people of Colombia, and when they ask the European Parliament to support the interruption of negotiations.

We want you to be aware of these facts and what their strategy is if and when you accept their request for a meeting. The CUT, CGT and CTC who legitimately represent the real aspirations of working people in Colombia are asking Parliament to support the interruption of negotiations at this time. If the international community does not take proper action now, trade unionists in Colombia will continue to die and those responsible for so much violence will continue to enjoy absolute impunity.

Yours sincerely,

John Monks Guy Ryder

ETUC ITUC