La CGT se reúne con europarlamentarios

LA CGT SE REUNE CON EUROPARLAMENTARIOS

El 18 de febrero de 2010, en el Hotel Radison en Bogotá, la CGT se reunió con la Comision de Parlamentarios de la Union Europea con quienes intercambió opiniones acerca de los derechos humanos, la libertad sindical en Colombia y la visión de la Confederación acerca del TLC con los Estados Unidos y los Tratados de Asociación de la Union Europea.

La CGT fijó su posición sobre los Sindicatos que han asistido a reuniones en Europa y Estados Unidos, apoyando los TLC, dijo no estar de acuerdo, pero dentro de la pluralidad que existe en la CGT respeta la opinión de los mismos, a su vez estos sindicatos expresaron ante los Parlamentarios Europeos que asistieron a varias misiones, no en nombre de alguna Central, mucho menos en representación del Gobierno de Colombia.

La CGT también pidió respeto por la OIT, pues uno de los Euro parlamentarios se refirió a la OIT de manera peyorativa calificándola como una Organización en decadencia y sin ninguna validez.

La CGT explicó con suma claridad que su posición de no estar de acuerdo con los Tratados de Asociación entre Colombia y la Union Europea van mucho más allá del tema Sindical, razón por la cual demandó de los miembros de la Misión del Parlamento Europeo, un compromiso para que si en un momento dado el acuerdo Comercial llegare a ser aprobado, hacer todo lo pertinente para que las preferencias arancelarias se mantengan, se proteja nuestro aparato productivo, y los inversionistas en Colombia respeten los derechos de Organización, negociación colectiva y huelga. Así mismo que quienes comercian con productos de nuestro país exijan que las empresas exportadoras protejan los anteriores derechos, así como los convenios y recomendaciones de la OIT.

La CGT destacó la validez de esta sesión de trabajo con los voceros del Parlamento Europeo, teniendo presente que en “un mundo globalizado nadie puede declararse autosuficiente”, precisó el Secretario General de la Confederación JULIO ROBERTO GOMEZ ESGUERRA quien además, manifestó: “no se trata de cerrar nuestra economía y cortarle el paso a los intercambios comerciales, sino más bien impedir que se repitan las experiencias negativas de la apertura económica que tuvo sus inicios en la década de los 90, con resultados desastrosos para con el aparato productivo nacional así como la quiebra del campo”, puntualizó el Líder Sindical.

Departamento de Información y Prensa

Bogotá, febrero 22 de 2010

http://www.cgtcolombia.org/b_de_1.html

Mínimo regional

Yohir Akerman

El Colombiano, Medellín

Febrero 23 de 2010

Los economistas más importantes del país salieron en tropa a criticar y desechar la propuesta del salario mínimo regional.

Asegurando que eso elevaría la migración de las zonas rurales a las urbes; generaría más pobreza en las zonas deprimidas; y sería inconstitucional por la desigualdad que causaría, rechazaron la interesante e innovadora propuesta del gobierno para reducir la pobreza.

Es innegable que el costo de vida no es el mismo en las ciudades que en el campo. Es más, varía entre las mismas ciudades. Eso hace que sea elemental pensar en salarios mínimos aplicables a ciertas regiones o áreas determinadas, que tienen un nivel de desarrollo económico y una situación del mercado de trabajo relativamente similares. No hacerlo sólo protege a una pequeña parte del mercado laboral, aumentando los ingresos de algunos, a costa de extender y proteger la informalidad.

Los países más desarrollados del mundo cuentan con sistemas de ese talante. Desde 1938, Estados Unidos tiene un salario mínimo federal, pero con la posibilidad de elevarlo dependiendo de las condiciones económicas de cada estado, con el fin de afrontar las enormes diferencias de renta entre regiones como California y Luisiana, por ejemplo.

Japón cuenta con salarios mínimos regionales, con una coordinación nacional que agrupa a 47 prefecturas en tres grupos relativamente homogéneos, a los cuales el gobierno proporciona pautas de ajuste generales. La Unión Europea, pese a compartir un mercado continental y una moneda, tiene salarios mínimos dependiendo de la situación económica de cada país y, en algunos casos, de cada región.

En América Latina, países como Chile, México, Panamá y Uruguay tienen implementado este esquema. México cuenta con tres niveles aplicables por áreas geográficas de igual desarrollo y en Chile la figura es uno de los ejes de su moderna política económica, con un apoyo estatal a las pequeñas y medianas empresas, para que puedan saber dónde hay oportunidades de mercado y demanda para sus productos o servicios.

Es indiscutible que una medida como ésta genera descentralización, al hacer que las empresas trasladen las plantas o fábricas de producción a regiones con menores costos laborales. Eso ayuda a reducir la pobreza de las zonas más deprimidas por medio de la generación de empleo directo e indirecto. Es un tema que favorecería a los empleadores y, sobre todo, a los empleados, lo cual se traduce en mejores condiciones para la economía en general.

La propuesta hecha por el director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahíta, necesita un estudio más a profundidad del que ya hicieron los conservadores economistas que la atacaron. El salario mínimo unificado tiene sentido cuando hay homogenización productiva en las diferentes regiones del país, y las cifras convergen al mismo ritmo en las urbes que en las zonas rurales. Y, lastimosamente, ese no es el caso en nuestro país.

"Gasto de salud fuera del POS enloqueció"

Teresa Tono (Entrevista)

El País, Cali

Febrero 21 de 2010

En la primera entrevista que concede, Teresa Tono, considerada una de las artífices de los controvertidos decretos de Emergencia Social, defiende y explica las medidas.

¿Quién es Teresa Tono?

Soy médica, casada durante 25 años con mi compañero de universidad, médico en ejercicio e investigador y madre de dos adolescentes. Soy una investigadora de los sistemas de salud que siente que a todas las personas se le deben dar los servicios de salud que necesitan, sin olvidar que los recursos son limitados.

¿Cómo llegó al Ministerio de Protección?

Conocí a Juan Luis Londoño, entonces Ministro de Salud, en 1993 cuando se estaba debatiendo el proyecto de ley de seguridad social integral que más tarde sería la Ley 100, yo era una estudiante del doctorado de sistemas de salud de UCLA y le hice unas sugerencias con respecto al proyecto de Ley, que le deben haber gustado porque en Enero de 1994 me invitó a participar en la reglamentación de la misma. Mi contrato con el Ministerio terminó en Septiembre de ese mismo año. Ocho años más tarde cuando el Presidente Álvaro Uribe fue elegido, Juan Luis Londoño quien fue nombrado Ministro de Salud, volvió a llamarme y me pidió que le colaborara en la dirección del Programa de Apoyo a la Reforma en Salud, que había sido creado tiempo atrás para darle operatividad a la Ley 100.

Al Gobierno le preocupaba que existía un estancamiento en la implementación de la reforma y buscaban darle un impulso. Acepté sin dudarlo porque ese programa era el sueño de un investigador como yo: es la aplicación de los resultados de las investigaciones en la toma de decisiones para el mejoramiento del sistema. Cuando falleció Juan Luis, Diego Palacio, quien también hacía parte del equipo de salud, fue nombrado Ministro. Yo lo acompañe hasta lograr el cumplimiento de los objetivos del Programa de Apoyo a la Reforma en Salud en el 2008.

¿Qué filiación política tiene? ¿Cual es su padrino político?

No participo, ni he participado en política. Soy del partido de la búsqueda tenaz de la cobertura y calidad de los servicios de salud. Dedico todo mi tiempo libre a mi familia y en el trabajo sólo participo en investigación o en la aplicación de los resultados de la investigación a la toma de decisiones respecto del sistema de salud. Eso me ocupa todo el tiempo. No tengo padrino político.

¿Qué condiciones de trabajo tenía usted en los contratos con el BID y con el Gobierno colombiano?

El Programa de Apoyo a la Reforma en Salud era un programa de crédito externo firmado en 1996 entre el Gobierno Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar la implementación de la Ley 100. Mi relación con el Gobierno y el Programa inició en el 2003 cuando asumí la dirección ejecutiva del Programa y era responsable por el cumplimiento de los objetivos del crédito en los términos del contrato entre el Gobierno y el BID. Durante los seis y medio años que fui directora del programa fui contratista remunerada de acuerdo a lo establecido en el decreto de austeridad en el gasto del 2001, que fija las normas para la contratación de ese tipo de funciones en el Gobierno.

¿En qué consistió su labor dentro del Programa de apoyo a la reforma de la salud?

Fue un trabajo del cual me siento muy orgullosa. Si bien recibí el Programa cuando ya llevaba varios años operando y había alcanzado algunos logros importantes, me correspondió promover el desarrollo del sistema de información, la implementación del sistema de garantía de calidad, hoy orgullo de nuestro país y el trámite del proyecto de ley de recursos humanos, hoy la Ley 1164 de 2007, al igual que el desarrollo e implementación de una estrategia para la gestión del régimen subsidiado en los municipios, adoptada plenamente en 130 municipios y entregada a la totalidad del país, se desarrolló la metodología de ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, se desarrollaron las guías hoy vigentes de VIH/Sida, enfermedad renal crónica y de promoción de la salud y prevención de las enfermedades de salud pública, se diseñó, desarrolló e inició la operación del sistema de información Sispro, con sus componentes de Registro Único de Afiliados, Sismed y la Pila, entre otros, y muchos proyectos que contribuyeron a la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En concepto del Banco Interamericano de Desarrollo y de la firma externa que nos evaluó al finalizar el Programa, éste contribuyó a la duplicación de la afiliación entre el 2002 y el 2008, llegándose al 90% de cobertura en la actualidad, con particular énfasis entre las personas de menores ingresos; al mayor uso de servicios particularmente por parte de los afiliados al régimen subsidiado y a las personas de menores ingresos; a la disminución en la inequidad en el uso de los servicios; al cambio en la forma de financiarse los servicios haciéndolo más equitativo al disminuirse el gasto de bolsillo, al efecto redistributivo del ingreso que esto genera; y al fortalecimiento de las instituciones.

¿Por qué volvió a ser requerida por el Ministerio de la Protección, para que continuara el trabajo?

Al terminar la labor con el Programa de Apoyo a la Reforma, en el 2008, me invitaron a hacer parte del grupo de profesionales del Centro de Gestión Hospitalaria, que es una entidad sin ánimo de lucro, una corporación en la cual participan entidades de todos los tipos del sector salud: hospitales, fundaciones, EPS, universidades, industria, cajas de compensación y Fonade y cuya misión es fomentar el mejoramiento de la calidad de atención en salud en Colombia mediante la aplicación de métodos de mejoramiento en las instituciones, la investigación y el apoyo a la formulación e implantación de políticas para el logro de los propósitos del sistema. Cuando la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-760, el Ministerio de la Protección Social seleccionó al Centro de Gestión Hospitalaria, a fines del 2008, para que le brindara asesoría profesional en la preparación de unos escenarios técnicos y económicos para dar respuesta a las órdenes incluidas en la Sentencia y yo hice parte del equipo que trabajó en ese proyecto.

¿Cómo se vínculó a la Asociación Centro de Gestión Hospitalaria en el marco de la emergencia social?

Una vez terminado el proyecto en el que se le presentaban al Gobierno varias opciones de manejo técnico, fuimos contratados a fines del 2009, para apoyar la adopción de algunas de las propuestas contenidas en el proyecto anterior, particularmente el diseño y desarrollo de los procesos operativos de un organismo técnico científico que respalde la adopción de los principios científicos en la prestación de los servicios de salud. Esto no es un invento colombiano, un ejemplo de ello es el National Institute for Clinical Excellence - NICE (Instituto para la Excelencia Clínica, www.nice.org) del Reino Unido. Un sistema avanzado de salud como el inglés se apoya en esta institución, conformada por investigadores de reconocida trayectoria, para decidir si un servicio de salud debe ser financiado por el estado a partir de su capacidad para mejorar la salud de las personas.

¿Cuál fue su participación en la elaboración de los decretos de emergencia social?

Los miembros del equipo del Centro de Gestión Hospitalaria, preparamos una propuesta técnica a partir de los escenarios que le mencioné. Le entregamos al gobierno la argumentación del porqué debe fortalecerse la autonomía profesional de los médicos, de cómo la aplicación de estándares de buenas prácticas y calidad, contribuyen al mejoramiento de los servicios de salud, y enfatizamos que para que esa autonomía fuera real debía entregarse a los representantes legítimos de los médicos y los odontólogos la facultad para establecer los estándares de buenas prácticas y calidad. También argumentamos en favor de la creación de un organismo técnico científico, que de manera autónoma y en forma científica adopte los estándares de calidad en el caso de los servicios de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, con el objetivo de que estos servicios se entreguen en condiciones que optimicen los recursos.

¿Siendo usted médico, no considera un irrespeto las restricciones al ejercicio profesional contenidas en la emergencia social?

Los decretos de emergencia social hacen lo contrario, les entrega a los médicos y los odontólogos el poder para definir las condiciones en que se ejerce la profesión, eso es lo que dice el artículo 23 del decreto 131. Asegura que son ellos quienes definen que es la calidad en el día a día de los médicos, le entrega a la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas y las facultades de medicina el poder extraordinario de definir y adoptar los estándares que les aplican. Adicionalmente, garantiza que a los médicos solo los pueden juzgar otros médicos, como claramente lo establece el artículo 32 del decreto 131.

¿Proponer que los colombianos paguen de su bolsillo los tratamientos que no están en el POS no es un abuso con los usuarios?

En la actualidad en el Plan Obligatorio de Salud hay copagos y cuotas moderadoras, que se ajustan a los ingresos de las personas y su condición de afiliación. Lo que hace el Gobierno es similar y encuentro que es justo que los que tienen más ayuden a financiar el servicio de los que tienen menos.

¿Es cierto que el sistema de salud colombiano está a punto de colapsar?¿Porqué?

Yo estoy convencida de que lo que está por colapsar es la financiación, porque el gasto en servicios no incluidos en el POS enloqueció. Y lo que a mí me preocupa es que no es equitativo y peor aún, no es claro que ese gasto produzca mejoras en la salud de las personas.

Luego de todos sus años de trabajo en el sector, ¿qué diagnóstico hace de él?, ¿cuál es la falla más protuberante?

Nuestro sistema es un modelo mundial. Hemos conseguido unos niveles de cobertura y equidad que muchos similares a nosotros imitan. La dificultad mayor es la convicción de algunos de que el Estado debe darle todo a todos, ya. Y para muchos, especialmente, los salubristas como yo, ese sería el mundo ideal. Sin embargo, no hay un solo país en el mundo que haya podido conseguir esto. Ni siquiera los Estados Unidos, Canadá o Alemania que tienen muchísimos más recursos.

Existe la percepción de que el gran problema de la salud es que se volvió un negocio de los intermediarios, en especial las EPS y que el gobierno con la emergencia social lo que ha querido es favorecerlas. ¿Qué opina?

Lo que hizo el gobierno fue intervenir todo el sector, con el propósito de enfrentar la serísima crisis generada por el desbordamiento del gasto en lo No POS. Adicionalmente cumplió las órdenes de la Corte Constitucional de acelerar la unificación de los planes de beneficios de los dos regímenes y acelerar la afiliación universal. Me desconcierta cuando se interpreta que esto favorece a las EPS, es como estar jugando al juego del mundo al revés.

¿Qué cree que hay detrás de la controversia que se ha desatado con estos decretos?

Hay una angustia comprensible de las personas de que se les garanticen los servicios de salud, en la mitad de un contexto político que se presta para debates apasionados. Un paralelo fascinante es el dilema del Presidente Obama quien le prometió a los estadounidenses una reforma al sector salud y no ha encontrado la manera de generar el consenso requerido para obtener su aprobación.

En pocas palabras

 "Estoy convencida de que hay que darle autonomía y fundamentación científica al ejercicio de mi profesión y que, cuando los recursos son limitados, debe financiarse lo que más beneficie a la población".

 "La ciencia biomédica es muy exitosa, se está produciendo tecnología y medicamentos mucho más rápidamente de lo que cualquier sociedad puede absorber su costo”.

 "Yo sólo recibo mi sueldo como empleada del Centro de Gestión Hospitalaria. El Centro recibirá como pago por su trabajo $725 millones de pesos.”

Impresionantes efectos de nivelación del POS en Barranquilla

Por nivelación de regímenes Subsidiado y Contributivo, disminuyó avalancha de tutelas en Barranquilla

Presidencia de la República

Servicio de Prensa, www.presidencia.gov.co

Bogotá, febrero 20 de 2010

El Secretario de Salud de la ciudad, Luis Alexander Moscoso, reveló que las EPS pasaron de recibir un promedio de 120 tutelas en un mes a solo cuatro, gracias al plan piloto de nivelación de ambos regímenes. Además, destacó la reducción de los tiempos de espera de los pacientes tanto en la autorización de servicios como en la prestación de los mismos.

Bogotá, 20 febrero 2010 (SP). Los primeros 20 días de operación del plan piloto de nivelación del Régimen Subsidiado con el Contributivo en la ciudad de Barranquilla arrojan resultados positivos, destacó este sábado el Secretario de Salud de la ciudad, Luis Alexander Moscoso, durante el Consejo Comunal sobre el sector de la salud que se llevó a cabo este sábado en la Casa de Nariño.

El funcionario reveló que este plan, en el que participan 544 mil ciudadanos de la capital del Atlántico, ha permitido la reducción en el número de tutelas presentadas por reclamación de servicios.

“El ente territorial no ha recibido en los 20 días una sola tutela por eventos no POS. Las EPS bajaron de alrededor de 120 tutelas en un mes, a recibir cuatro tutelas”, explicó Moscoso.

Además, resaltó la disminución en los tiempos de espera de los pacientes tanto en lo que tiene que ver con la autorización de servicios como en la prestación de los mismos.

“Disminución del 80 por ciento en las quejas y derechos de petición por prestación de servicios de salud. Disminución en los tiempos de autorización que estaban entre 10 y 30 días, bajaron de 3 a 10 días en este momento.Disminución de los tiempos de obtención efectiva del servicio.

“Una vez el servicio era autorizado, el paciente debía ir a una IPS (Institución Prestadora de Salud) pública y esperar la agenda de esta IPS, y podía oscilar entre 10 días y tres meses. En este momento como está nivelado, las EPS (Entidad Promotora de Salud) cuando no hay oportunidad en la IPS pública, lo remite a una privada y estamos entre 3 y 10 días”, anotó el Secretario de Salud de Barranquilla.

Otro resultado de este plan piloto es el incremento en el número de servicios que antes eran no POS para estos 554 mil barranquilleros.

“Cinco mil servicios que antes eran no POS hoy son prestados por las EPS, y los usuarios que fueron a la medicina especializada salieron con medicamentos, exámenes de laboratorio y radiología de una vez”, indicó Moscoso.

Así mismo, el funcionario reportó una disminución de cerca del 80 por ciento de los gastos por parte de los usuarios a la hora de acceder a los servicios.

Explicó que de los 544 mil usuarios del plan piloto, 400 mil pertenecen a nivel uno del Sisben, quienes ahora no pagan ningún valor por la cuota de recuperación. Al aplicar este plan en todo el país a partir del 1º de abril, este beneficio redundaría en 18 millones de colombianos de más escasos recursos.

“Para una persona que tenía que hacerse una tomografía axial computarizada en una entidad pública, que vale un millón de pesos, tenía que aportar 50 mil pesos, no se podía hacer el tratamiento porque no tenía los 50 mil, hoy 400 mil barranquilleros no tienen que bajar un solo peso en cuota de recuperación.

“Y eso significaría que 18 millones de colombianos del nivel uno de Sisben, no tendrían que pagar esa cuota y creo que eso es un avance gigantesco lo que significa un alivio para muchas personas que no podían obtener ese servicio por esa barrera”, expresó Moscoso.

Luego de escuchar el informe, el Presidente Álvaro Uribe Vélez elogió los resultados que presenta el plan piloto en la capital del Atlántico.

“Barranquilla nos está poniendo un punto muy alto. Yo creo que hay que dar aplausos. Barranquilla merece un aplauso”, subrayó el Jefe de Estado.

Salario mínimo

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Febrero 20 de 2010

Todos estamos de acuerdo en el deseo de que los colombianos tengan un salario que otorgue condiciones dignas de vida. Eso sería lo ideal. Pero, el debate sobre el Salario Mínimo (SM) no se refiere a ello; está circunscrito más bien, a las siguientes preguntas: ¿Fijar el SM contribuye al propósito de que los más vulnerables tengan garantizada su subsistencia? ¿Cuáles son los efectos de un SM fijo? ¿Qué puede hacerse para que todos los colombianos tengan un salario digno?

Tenemos un salario mínimo legal y a pesar de ello muchos colombianos ganan mucho menos. Según un estudio del Banco de la República tan sólo el 5,9% de los trabajadores ganan un salario mínimo; en tanto que el 29.9% gana menos de esa cifra. Más aún, el porcentaje de trabajadores que ganan un SMLM tiende a disminuir, en tanto cada vez son más los trabajadores con un salario menor al SM. Y un dato más interesante aún es que en la fracción más pobre de la población el 67,2% de los trabajadores percibe un salario menor al legal mensual.

Así que por sólo aspirar y regular que ese debería ser el salario mínimo ello no sucede. No se trata, en este caso, de un problema de implementación de la ley, sino de la realidad económica del país. Dentro del grupo de colombianos que trabajan y que ganan menos de un salario mínimo una fracción importante se agrupa en la informalidad, trabajadores independientes y los ayudantes familiares. Si, por ejemplo, una microempresa necesita un empleado debe contar con $515.000 para el salario mínimo y 50% adicional que deberá pagar en salud, pensiones, cesantías y parafiscales, es decir $257.000. Si la empresa produce tan sólo $300.000 pesos tiene tres opciones: no contratar a nadie y mantenerse como una empresa familiar sin posibilidades de crecimiento; vincular un miembro de la familia que estaría cumpliendo con un trabajo por menos de lo que la ley exige; contratar informalmente a un trabajador al que sólo le pagará los $300.000. La cuestión no es fácil, por una parte, es cierto que un salario tan bajo no hace justicia al trabajador, pero esa, tal vez, no sería la visión de los 2.830.000 colombianos que no tiene empleo. ¿Qué es mejor más empleo y menos salario?

Entre los efectos de tener un salario mínimo que disuena con las realidades nacionales, tenemos que aquellas personas que no ganan un salario mínimo quedan por fuera del sistema de protección social del país; significa que no pueden contribuir a pensiones, cesantías ni salud de acuerdo a sus ingresos, sino que deben hacerlo de acuerdo a ese salario mínimo, que resulta muy alto para muchos. Además, tampoco tienen garantías, pues si bien podrían demandar a sus patrones para obtener lo que es legal, muchos de ellos comprenden que esta es una visión de corto plazo, que compromete su capacidad de trabajar en el tiempo.

La cuestión de si reducir el salario mínimo contribuye a arreglar el problema no es fácil de resolver. No sería aceptable que los trabajadores que hoy en día ganan el mínimo tuvieran que ganar menos. La experiencia de la ley de generación de empleo que preveía rebajas salariales para la creación de nuevos empleos no mostró mayores resultados. Lo que sí es evidente es la necesidad de flexibilizar el sistema de protección social, de manera que quienes ganan menos del mínimo puedan vincularse y obtener si no todos los servicios al menos lo básico que proteja sus derechos fundamentales.

Violencia antisindical: sincerar el debate

Tomás Uribe Mosquera*

Portafolio, Bogotá

Febrero 19 de 2010

¿Cómo conciliar juicios sentenciosos sobre nuestra violencia antisindical con el descenso que reflejan las cifras oficiales y de ONG sindicales? Según la Agencia Laboral ENS y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) (No es muda la muerta, nov./09, p.80), el número de sindicalistas asesinados bajó en un 72,9% (de 191 a 49) durante el 2002-08. Esta tendencia se mantiene en el 2009, con 39 homicidios. En un nivel más bajo, las cifras oficiales siguen propensión similar.

La tasa nacional de homicidio (2009: 35.2 por 100.000 habitantes) supera siete veces la de sindicalistas (4.9). Mejía y Uribe (¿Es Sistemática y Focalizada la Violencia contra Sindicalistas?, nov./09), anotan además que ésta cae mucho más rápido que aquella: 74 vs. 44% durante 2002-08. Su ritmo 'menguante' supera el de otras categorías vulnerables (periodistas, alcaldes, concejales, indígenas...).

Ello puede deberse, i.a., a la política de Seguridad Democrática y al programa de protección individual para personas vulnerables: 1.900 líderes sindicales de un total de 9.000 colombianos protegidos (abril/08).

Salvo excepción, evolucionan favorablemente los indicadores de violencia antisindical, del 'cuatrienio Pastrana' al 'Uribe-1' (Informe ENS-CCJ, p.29): mucho aumentan hostigamiento (de 57 a 139) y, con cifras muy bajas, tortura (3 a 17) y allanamiento ilegal (4 a 8); los demás varían muy poco (amenazas, desplazamiento forzado: 52,7% del total de casos) o bajan substancialmente (homicidios y el resto: 45,2%).

El descenso se acelera durante Uribe-2 hasta el 2009 (p.31): se disparan desplazamiento forzado (de 207 a 303) y, con cifras bajas, allanamiento ilegal (de 8 a 10); los demás (81,2%) caen notablemente. Mediante análisis econométrico de tipo panel, aparentemente robusto, Mejía y Uribe concluyen que la violencia antisindical (homicidios y amenazas) está correlacionada con indicadores locales de desarrollo y violencia general, pero rechazan la hipótesis de que la determine la actividad sindical.

A ello se contrapone la fe de la izquierda nacional y muchas figuras internacionales en "una violencia antisindical sistemática, estructurada, selectiva y continuada en el tiempo" (Ibid, p.47) y ésta corrobora "la intención histórica de exterminio de lo sindical en el país" (pp.7 y 21). Poco más, poco menos dijo el entonces candidato Obama en octubre/09 al declarar su oposición a ratificar el TLC con Colombia: "la historia de Colombia en la actualidad es que líderes sindicales han sido blanco de asesinato sobre una base bastante sistemática y no ha habido judicialización".

Según George Miller, opositor declarado de ese y otros TLC, aún sin ratificar en la Cámara de Representantes de E.U., "los trabajadores en Colombia han sido muertos por disposición del Gobierno, de los industriales, de la clase económica de ese país..." (enero/10). En diciembre pasado, la Confederación Europea de Sindicatos (es-Etuc) "(puso) de manifiesto su indignación frente al asesinato continuo de sindicalistas en Colombia". También 'reiteró' su oposición a las negociaciones que actualmente se están llevando a cabo entre la UE y los Gobiernos de Colombia y Perú, y cuya finalidad es concluir acuerdos comerciales bilaterales".

La ONG británica JFC hace idéntico llamado y aduce que "el asesinato de sindicalistas en Colombia está en auge, con aumento del 25% frente al año anterior". Afirmaciones afines sobre nuestra violencia antisindical y sendos acuerdos comerciales emanan de distintos partidos y grupos canadienses y europeos.

¿Cómo explicar conclusiones que, más allá de su muy efectiva retórica anticomercial, van en contravía del acervo estadístico a disposición de los interesados, empezando por nuestros sindicatos, y libremente 'accesible' por quienes los apoyan internacionalmente? Como nada es más peligroso que descalificar personas y organizaciones sociales en un país con la tradición violenta de Colombia, más vale procurar entender sus posiciones.

Los sindicalistas parten de una doble legitimidad moral. Quien padece la violencia sabe más de ella que quienes la observan 'desde afuera'. Algo así como el hambre: resulta difícil definirla científicamente, pero quien la siente desde luego sabe qué es. Colombia cuenta, además, con una cruenta historia reciente de violencia paramilitar contra grupos de izquierda, incluidos numerosos sindicalistas.

Sobre los vínculos regionales entre paramilitares, Estado y dirigencia política durante 1997-2003, resaltan las investigaciones de Claudia López (en Semana.com) y la Corporación Arco Iris ('Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdo políticos', 2007). Para quienes sufrieron o presenciaron esta violencia, puede pesar más la historia cercana que la evolución favorable en los principales indicadores de violencia antisindical.

Hay, luego, el gran debate acerca de si los 'grupos o bandas emergentes' no son más que una reconfiguración de los grupos paramilitares (sus 'herederos', según HRW) u obedecen una motivación oportunista y crapulosa, y ésta los concentrará en en su 'negocio' en vez de llevarlos al sangriento 'control social' que antecedió a la desmovilización paramilitar. En el segundo caso, los sindicalistas no tienen porqué temer más, localmente, que otros colombianos.

En el primero, es natural que se sientan a riesgo y juzguen temporal y reversible el mejoramiento en los indicadores distintos a desplazamiento y allanamiento illegal (amenazas, homicidios/atentados, detención arbitraria, hostigamiento...).

Ello explicaría que busquen transmitir otro mensaje de urgencia a la comunidad internacional, como el plasmado en ENS-CCJ (pp. 27-28, 47-48) y HRW-2010 (pp.49-52), así requiera hacer uso puntual o selectivo de la información disponible. Dicha comunidad, desde luego, es responsable de lo que elige creer.

Media finalmente la heterogeneidad del universo sindical colombiano. Abarca tanto sectores 'seguros' (banca, gran industria manufacturera, transporte aéreo, otros servicios de alto valor agregado...), en donde es ínfima la violencia antisindical, como actividades expuestas a ésta en zonas de conflicto social latente: extractivas (petróleo, banano, palma...); educativa; judicial; de la construcción; y de servicios públicos municipales.

La mucho menor violencia del primer subconjunto, al promediarse con la del segundo, la mitiga e 'invisibiliza'. Salvo que se lo propongan expresamente, estudios serios como el de Uribe y Mejía (Op.Cit.) difícilmente recogerán esta diferencia acaso esencial. El problema de agregación sectorial es negado por los interesados. La Agencia Laboral ENS imputa 'intenciones' de 'manipulación estadística' al Gobierno cuando "optó por diferenciar tácticamente las cifras de asesinatos contra educadores sindicalizados..." (dic./09).

Esta negación socava quizás la principal explicación técnica del divorcio estadístico entre violencia sentida y contabilizada. ENS-CCJ sí admite su desagregación espacial e institucional y llama a priorizar su investigacion en "12 departamentos y 25 sindicatos que concentran el 85 por ciento de los homicidios cometidos contra sindicalistas" (p.48). El nexo entre uno y otro tipo de desagregación es manifiesto: 2/3 de los homicidios registrados en 1986- 2009 corresponden a Sintrainagro, Fecode y USO, tradicionalmente asociados con banano, enseñanza y petróleo, pero también a Antioquia (incluido Urabá), Santander, Valle, César y Magdalena, principal 'entorno violento' de estas actividades.

Los datos no sustentan la dialéctica moderna del exterminio. En distintos tiempos y lugares, hubo agresión frontal del paramilitarismo contra movimientos de izquierda, incluido el sindical (2/3 de cuyos homicidios causó en 1986-2009), y la alarma que infunde su 'reconfiguración' percibida se vierte en informes como ENS-CCJ y HRW-2010. Sindicalistas y Gobierno deben sincerar el debate, con sendos reconocimientos públicos.

Gobierno: las bandas delincuenciales pueden no ser 'nuevas' y sí traer amenazas para el mundo sindical y la izquierda, amén de un mayor reto aun frente a judicialización e impunidad. Sindicalistas: sin perjuicio de las ejecuciones extrajudiciales aducidas (21 en 1996-2008, p.34), los homicidios han caído considerablemente (en 4/5) desde el 2002, bajo la política de Seguridad Democrática y con esquemas de protección individual, y la violencia antisindical 'total' evoluciona, mucho menos aprisa, en el misma sentido.

* Consultor internacional.

Seis de cada diez trabajadores están en la informalidad según el Dane

Portafolio, Bogotá

Febrero 10 de 2010

Hay cerca de 5,3 millones de informales en las 13 principales ciudades. Los nuevos empleos no se pueden ver con optimismo porque obedecen al rebusque, dice la Asobancaria.

La informalidad laboral no deja de crecer, al punto que para el trimestre septiembre-noviembre del 2009 impuso un récord frente a iguales periodos de años anteriores.

De acuerdo con las cifras del Dane, que desde diciembre del 2008 no había vuelto a publicar datos sobre informalidad, en el trimestre mencionado esta llegó a 58 por ciento, es decir, que de cada 100 trabajadores ocupados en las 13 grandes áreas metropolitanas 58 fueron clasificados como informales.

Se consideran informales los empleados particulares y obreros que laboren en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta 10 personas, incluyendo al patrono y/o socio; los trabajadores, familiares o no, sin remuneración (TSR); el servicio doméstico; los trabajadores por cuenta propia (TCP), excepto los independientes profesionales; y los patrones o empleadores de empresas de diez trabajadores o menos.

La informalidad, así definida, alcanzó el 58 por ciento; sin embargo, el trabajo que estaba realizando el Dane para buscar una medición más precisa de ese fenómeno y que, según sus directivos, fue el motivo para que el año pasado no se reportara dicha información, encontró evidencia de que las personas que ocupan entre seis y nueve empleados generan en su mayoría empleo formal.

Dicho de otra manera, la informalidad se concentra en los establecimientos que tienen hasta cinco empleados y que, junto con las otras características mencionadas, marcó 51,9 por ciento, superior en 0,5 puntos a la de un año atrás. Esta información sale por primera vez a la luz pública.

Según las cifras oficiales, de los 9'064.000 ocupados en las 13 áreas metropolitanas, cuando se incluyen los establecimiento de hasta 10 trabajadores, 5,3 millones son informales, que se reducen ligeramente a 4,7 millones cuando solo se tienen en cuenta los que tienen un máximo de cinco empleados.

La ocupación total en el país ha crecido en los últimos años, pero principalmente en donde no existen relaciones laborales o estas no cumplen con todos los mandatos de ley, como un contrato de trabajo y afiliación a la seguridad social.

Para la presidenta de la Asociación Bancaria (Asobancaria), María Mercedes Cuéllar, "los indicadores de informalidad entre los trabajadores son alarmantes", apreciación que coincide con la de todos los analistas del sector público y privado, aunque no todos comparten el origen de la misma.

Cuéllar destaca que aunque se están generando nuevos puestos de trabajo, estos no parecen de buena calidad. "Es en particular preocupante el incremento de trabajadores por cuenta propia dentro del total de ocupados que está ocurriendo desde 2007", comenta la presidenta del gremio bancario.

A mediados de ese año, agrega, los trabajadores por cuenta propia, que salvo los profesionales independientes clasifican como informales, eran aproximadamente 36 por ciento de los ocupados, mientras que hoy son casi 44 por ciento.

"Aunque no cabe duda de que la economía está creando nuevos puestos de trabajo, no se puede tomar este hecho con mucho optimismo, puesto que esto parece responder más al rebusque de la oferta de trabajo que al dinamismo de la demanda de trabajo", advierte Cuéllar. Presencia masiva del rebusque

El 53,8 por ciento de los informales (2,8 millones) que laboran en establecimientos que tienen hasta 10 trabajadores, junto con los demás criterios de informalidad, están clasificados como trabajadores 'por cuenta propia'. Esa categoría, que algunos estudiosos llaman 'falso cuentapropismo' porque da una idea equivocada de independencia laboral, lidera de lejos las cuentas de la informalidad, pues su inmediato seguidor es el renglón de los informales vinculados a empleadores particulares, con 26,4 por ciento.

Los patronos o empleadores en ese tipo de establecimiento participan con el 7,7 por ciento del total de trabajadores informales, seguidos por los empleados del servicio doméstico (trabajadoras domésticas propiamente dichas, jardineros y conductores de hogares, entre otros), con 7,3 por ciento.

Según el Dane, en el trimestre septiembre-noviembre del año pasado había 255.000 trabajadores que no recibían remuneración laborando en negocios de la familia o de otros hogares.

JORGE CORREA C. / REDACCIÓN DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

http://www.portafolio.com.co/economia/economiahoy/seis-de-cada-diez-trabajadores-del-pais-estan-en-la-informalidad-segun-el-dane_7094308-3

Salario mínimo por regiones

Boris F. Zapata Romero

El Universal, Cartagena

Febrero 17 de 2010

Si bien es cierto que la política ocupa la mayor parte de nuestros debates y discusiones, no se pueden dejar de lado discusiones tan importantes, e incluso urgentes, como el empleo.

Si, efectivamente el empleo pertenece al ámbito de la política, pero cuando afirmo que la gente está pendiente de la política me refiero a que es la política desde lo electoral, pues los temas profundos que a ella atañen parecen no importar a la mayoría, incluyendo a la generalidad de los políticos de carrera.
Precisamente esta semana, el empleo fue abordado con una propuesta para enfrentar el desempleo en Colombia del Director de Planeación Nacional, Esteban Piedrahita, que consistió en que era el momento de comenzar a discutir un salario mínimo diferenciado por regiones.

El argumento bajo el cual abrió el debate en un diario reconocido, consiste en que el salario mínimo en el país es de alrededor de 3.000 dólares anuales, mientras que el PIB per cápita es de 5.000, lo que hace porcentualmente al salario mínimo ser aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita.

Tal razón llevó a Esteban Piedrahita a preguntar: ¿Por qué no pensar en un salario mínimo para Bogotá, que tiene el mismo ingreso per cápita que Uruguay, y otro para un departamento como Chocó, que tiene un ingreso per cápita como Bolivia?

En medio de la discusión del Voto por la Región Caribe, papeleta que se debe pedir el próximo 14 de marzo, creo en la pertinencia de la propuesta, bajo las razones que bien expone el Director del Departamento de Planeación Nacional.

Es claro que los detractores de la propuesta tienen razón en cuanto a que ésta en sí misma no resuelve el problema del desempleo, pero si se logra que haga parte de una serie de medidas de choque, sin duda ayudaría a bajar los índices de desempleo del país.

En cuanto a la Región Caribe, considero que es beneficioso en la medida en que puede ayudar a mitigar las desigualdades enormes que hay; por ejemplo, citando cifras del Observatorio del Caribe Colombiano, mientras el crecimiento del PIB de la región es de alrededor de 5 puntos porcentuales, la media nacional llega casi al 7%, o que la pobreza por ingresos en el Caribe Colombiano es del 56,7% mientras que para el país el promedio es de 49,7%.

La propuesta de diferenciar el salario mínimo por regiones a mi parecer traería consecuencias positivas, todas ellas a favor del empleo, como el mejoramiento de la productividad regional, una distribución de la inversión privada mayor y más equitativa, una distribución del ingreso mejor, así como también en aspectos conexos como la cualificación y capacitación de la mano de obra, la formalización de miles de empresas que ejercen sus actividades sin legalizarse y que hacen parte del problema del empleo mal remunerado e inestable.

Ahora bien, lo que sí es necesario es que tal medida sea adoptada de manera que no genere salarios de hambre; no se debe olvidar que la idea de que exista un salario mínimo legal, en otras palabras, de que este no sea impuesto por el sector privado a su leal entender y parecer, es el de proteger a los trabajadores y sectores vulnerables, asegurándoles un ingreso vital.

*Abogado y Analista Político

Quitar los parafiscales no mejora el empleo

Revista Dinero, Bogotá

Febrero 19 de 2010

Contrario a lo que han encontrado los economistas del país en los últimos diez años, el Observatorio del Mercado de Trabajo del Externado sostiene que reducir los parafiscales no reduciría el desempleo y sí afectaría la distribución del ingreso.

“La disminución o eliminación de los aportes parafiscales al Icbf, Sena y Cajas de Compensación no aumentará el empleo en Colombia”, es la conclusión de un estudio que acaba de publicar el Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia.

El resultado va en contravía de una gran cantidad de estudios que se han realizado en los últimos diez años, en los que han participado economistas del BID, de Fedesarrollo y de la Universidad de los Andes, entre otros, y que destacan cómo los costos laborales no salariales - que incluyen los aportes parafiscales -, son de los más altos en el hemisferio. Esto, dicen, le resta competitividad a la producción nacional y dificulta la creación de empleo.

¿Cómo se producen entonces los nuevos resultados? De un lado, el Observatorio argumenta que los estudios previos usaron métodos estadísticos de calidad dudosa. “Un escrutinio minucioso y riguroso de estos estudios revela que ellos no aportan evidencia empírica definitiva y que no se puede derivar alguna conclusión certera de política”, dice.

Otro elemento está en que mientras la parafiscalidad laboral se ha modificado muy poco en los últimos años, las contribuciones a seguridad social han aumentado de forma sistemática. “Si hubo un impacto negativo sobre el empleo, éste debe atribuirse, en casi su totalidad, al aumento de los costos no salariales relacionados con pensiones, salud y riesgos profesionales”.

Pero incluso si estuviera equivocado con lo anterior, los investigadores del Observatorio piensan que no habría garantía de que la eliminación de los parafiscales aumente el empleo. “Aún si se aceptara que la introducción de los gravámenes a la nómina reduce el empleo, así como lo sostiene la literatura económica nacional, no se puede garantizar que, automáticamente, la eliminación o disminución de los mismos lleve a aumentos de la ocupación”, afirman. Aseguran que en países como Suecia, Finlandia y Chile, donde se disminuyeron los impuestos a la nómina, no se encontró evidencia estadística significativa que mostrara un aumento de la ocupación.

Sostienen que con modelos económicos más precisos (modelos de equilibrio general, como los llaman los economistas), se puede simular lo que ocurriría si se emplearan otras fuentes de financiación para el Icbf, el Sena y las cajas de compensación, diferentes a los parafiscales. El resultado no parece muy bueno. “El empleo nacional aumentaría en un 1%, pero que se verificaría un empeoramiento de la ya inicua distribución del ingreso nacional”, señalan.

No obstante, le encuentran un problema al manejo de los aportes como están diseñados en la actualidad. Afirmas que la parafiscalidad tiene sentido económico en la medida en que los aportes que pagan las empresas se transformen en servicios y bienestar para los trabajadores y sus familias. “En este sentido, la política perseguida por este gobierno y los anteriores en materia de parafiscalidad laboral ha sido mal enfocada, dado que se han desviado parte de los recursos para financiar la provisión de servicios que benefician a colectivos diferentes de los trabajadores de las empresas aportantes”. Señalan que la atención a la población pobre y vulnerable debe ser financiada con otros instrumentos tributarios, “so pena de transformar los aportes parafiscales en un impuesto puro, es decir en un pago sin ninguna contraprestación directa, que desdibujaría el objetivo originario de la parafiscalidad”.

http://www.dinero.com/actualidad/empleo/quitar-aportes-parafiscales-no-mejora-empleo_68927.aspx

El salario más mínimo y más

José Manuel Restrepo A.

El Nuevo Siglo, Bogotá

Febrero 18 de 2010

Me han sorprendido recientemente las actuaciones del Gobierno Nacional en la apertura de temas muy polémicos de política económica, social y educativa. Y digo que sorprende por cuanto no es común que ad-portas de cierre de gobierno, este tome la decisión de gastar su capital político en temas que a todas luces no logran consensos y ni siquiera acuerdos mayoritarios. Peor aún, cuando dichos debates se hacen en medio de una confusa campaña presidencial y de elección a Congreso de la República, en donde sobran los oportunistas carentes de ideas, que hacen de estos debates el tema de sus campañas. Demuestra esto último la incapacidad de dichos candidatos para proponer ideas pero, además, lo sencillo que es hacer populismo cuando se toca la fibra del bolsillo de los colombianos. Podría indicar esto también que no habrá más reelecciones y que esta es la oportunidad para responsablemente cerrar una agenda de gobierno.

Como lo defendí en este espacio, y sin aceptar los contratos millonarios “pasaditos de Tono” para los asesores de los decretos de emergencia social, o las imprecisiones parciales de los mismos, es valiente del Ministro de la Protección Social, y ahora más del propio Presidente de la República, la titánica tarea de enfrentar políticos populistas, academias médicas, sindicatos, enemigos de siempre y muchos más, para tratar de demostrarnos que el propósito es ampliar la cobertura de servicios a los menos favorecidos, evitar la evasión y corrupción en los pagos de salud, y diseñar un modelo de prestación de servicios a la medida de Cundinamarca y no de Dinamarca, que sea costeable y sostenible.

No contentos con este peligroso frente de discusión, ahora el Director de Planeación Nacional ha abierto un debate nacional al retomar la idea de salarios mínimos diferenciados por regiones. No faltaron de nuevo los populistas y enemigos de siempre rechazando la idea, sin haberle dado un debate suficiente. Una propuesta como esta tendría un resultado favorable en generar empleo formal antes inexistente en ciertas regiones con un salario a la medida del costo regional de la canasta familiar, sin perjuicio del análisis sobre los efectos negativos en una posible migración laboral a las regiones de más alto ingreso. Los argumentos en contra van por la vía de inconstitucionalidad e ilegalidad, como insinuando que es inconstitucional atacar la pobreza en el país. A propuestas como ésta, le surgen alternativas en congresistas irresponsables que prefieren elevar las cargas laborales recuperando las horas extras, para allí sí, acabar con la generación productiva del país, y de “pasadita” con la generación de empleo.

A pesar de lo tardío con que llegan estas propuestas, es valiente del Gobierno traerlas al escenario del debate y enfrentar dramas que este país nunca, por la incapacidad de sus gobernantes, ha enfrentado.
El futuro debate que se abrirá será la Reforma a la Ley 30 de 1992 de la Educación Superior. Habrá que alquilar balcón para ese nuevo berenjenal.