Globalización del Comercio y de los Derechos Humanos

Angelino Garzón*

Blog Debate Nacional, Ginebra

Febrero 12 de 2010

En el mundo de hoy no solo se han globalizados los acuerdos y negocios comerciales, sino también los Derechos Humanos de manera integral y los deberes ciudadanos, entre ellos la protección de recursos vitales para la humanidad como el agua y el medio ambiente.

Esa realidad que inevitablemente, de una u otra manera, vive cada país que hace parte del Sistema de Naciones Unidas, más allá de la postura política o ideológica de sus gobernantes, es la que explica muy bien las diversas iniciativas que en materia económica se van desarrollando, cuyas expresiones pueden ir desde las facilidades tributarias, de aranceles y cambiarias para facilitar el comercio internacional o la inversión extranjera, hasta la negociación y firma de acuerdos o tratados de libre comercio entre dos países o grupo de países. Con ello se busca tener reglas de juego mucho mas sólidas y de largo aliento en favor de relaciones comerciales sostenibles en el tiempo y de beneficio recíproco para el desarrollo económico y social de los pueblos de dichos países

En esa perspectiva y en el caso de América Latina, Chile y Brasil, de manera especial, durante sus gobiernos de centro izquierda, son los países que más acuerdos o tratados de libre comercio han firmado tanto a nivel bilateral como multilateral, pero al mismo tiempo, su Institucionalidad democrática se ha consolidado, entre ella, su agenda en materia de Derechos Humanos y sus indicadores de desarrollo humano han mejorado considerablemente.

En el caso particular de Colombia, los esfuerzos de los últimos Gobiernos y principalmente durante el presente Gobierno, han estado dirigidos a la negociación y firma de acuerdos o tratados de libre comercio, como los que ya existen y están en pleno funcionamiento con los países de la ComunidadAndina, con Mercosur, México, Chile, con los países del denominado Triángulo Norte ( Guatemala, Honduras y El Salvador); los que se han firmado y están a la espera de aprobación por parte de sus Congresos como pasa con el de Estados Unidos, Canadá y la Asociación Europea de Libre Comercio - EFTA (Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein) o los que están en pleno proceso de negociación o próximos a iniciarse como en el caso de la Unión Europea, Japón, Panamá y Corea.

Esa agenda de negocios y de relaciones comerciales tiene su propia dinámica y en el caso colombiano, está muy marcada por la necesidad que tenemos de dar pasos mucho más grandes en nuestro desarrollo económico, lo mismo que en nuestra capacidad productiva y competitiva a nivel internacional. Ese desafío, presupone también la implementación de políticas de Estado para seguir avanzando en materia educativa, cultural, en investigación, ciencia y tecnología, lo mismo que en materia de infraestructura de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local.

Pero en la materialización de dichos propósitos económicos, nos vamos encontrando con la otra realidad como es la globalización de los Derechos Humanos, de la cual hacen parte los Derechos Laborales y las libertades sindicales, lo mismo que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Esa ruta democrática, con la cual la comunidad internacional cada día está siendo más exigente en su fomento, respeto y desarrollo, es la que en mi opinión, nos debe llevar a diferenciar la dinámica de las agendas comerciales con la dinámica de las agendas en materia de Derechos Humanos y asuntos humanitarios, pero al mismo tiempo, teniendo clara conciencia, que en la medida que continuemos avanzando en el mejoramiento y fortalecimiento de la situación de los Derechos Humanos y asuntos humanitarios en Colombia, lo mismo que en la seguridad democrática, sus efectos serán muy positivos en los diversos escenarios nacionales e internacionales, lo mismo que en la dinámica de negocios y acuerdos comerciales con los diversos países del mundo.

Colombia es un caso que vale la pena analizar sobre violencia armada y desarrollo, porque al mismo tiempo que se ha mantenido la lucha permanente contra la actividad criminal de los grupos armados ilegales y su estrecha relación con el narcotráfico, el país ha continuado su crecimiento económico, los niveles de pobreza y de violencia han disminuido tanto en la parte urbana como rural y la Institucionalidad democrática se ha fortalecido. Es decir, todo lo contrario de las pretensiones de los grupos armados ilegales.

La violencia afecta negativamente la actividad de la sociedad civil en defensa de los Derechos Humanos y es contraria al fortalecimiento del diálogo social, de unas relaciones laborales mas fraternas y al desarrollo y fortalecimiento de los partidos políticos en todas sus expresiones, pero ante todo, porque a la larga, la violencia y el terrorismo, se constituyen en los mejores aliados de prácticas tan perjudiciales para la Democracia como son entre otras la corrupción y la impunidad.

Colombia es un país en progreso y en tal sentido, los indicadores económicos, sociales, culturales y ambientales, lo mismo que en materia de Derechos Humanos, asuntos humanitarios y de seguridad democrática, deben continuar contando con validadores que generen toda credibilidad tanto en la sociedad colombiana como en la comunidad internacional. Las estadísticas oficiales que están sometidas al control técnico, jurídico y político de las diversas instancias del Estado colombiano continúan siendo un excelente validador que debemos defender ante la comunidad internacional.

Otro excelente validador son los informes oficiales de los diversos Organismos y procedimientos del Sistema de Naciones Unidas o en la Región de la Organización de Estados Americanos- OEA, que por su rigurosidad Institucional, pueden constituirse en el mejor referente de validación de nuestros datos oficiales y de testimonio de los esfuerzos del Estado y la sociedad colombiana de estar trabajando por ser un país mejor.

También, muchos Estados, centros de pensamiento y personas con un gran nivel de reconocimiento internacional, con sus opiniones favorables a Colombia y de reconocimiento como un país en progreso, como un socio válido con el cual se debe desarrollar una agenda positiva, se constituyen en expresiones públicas que contribuyen enormemente a la validación de nuestros informes oficiales, a la objetividad con que deben mirarnos y tratarnos los Organismos Internacionales y al mismo tiempo, nos estimulan a que Colombia siga siendo un actor cada día mas activo en la agenda global de Derechos Humanos y del comercio internacional.

En esa perspectiva, la Asamblea Especial de las Naciones Unidas que se llevará a cabo en el mes de septiembre en Nueva York, para evaluar el cumplimiento de las Metas del Milenio, que son parte integrante de los Derechos Humanos, se constituye en una buena oportunidad para mostrar a Colombia como un país en progreso y donde las políticas públicas del Gobierno y de las otras Instituciones del Estado colombiano relacionadas con los temas de acuerdos o tratados de Libre Comercio, de lucha contra la actividad criminal de grupo armados ilegales, entre ellos las Farc y las bandas emergentes, y la promoción y respeto de los Derechos Humanos, tienen entre sí vasos comunicantes que se alimentan recíprocamente y que demuestran que el éxito de una buena política en materia de desarrollo económico, de bienestar social y de consolidación de la seguridad democrática contribuye a la consolidación de una política permanente en materia de Derechos Humanos y asuntos humanitarios, pero que también, en el mundo de hoy, es muy importante, que la comunidad internacional sea cada día mas exigente en que paralelo al crecimiento económico debe haber un crecimiento integral de los Derechos Humanos.

Ese propósito político y democrático, es una de las fortalezas del Estado colombiano y de manera especial del actual gobierno. Eso explica nuestras actuaciones en el seno de los diversos Organismos Internacionales. En el caso particular de Ginebra, el Gobierno colombiano, no solamente ha defendido los mandatos y procedimientos de los Organismos Internacionales relacionados con los Derechos Humanos, con el Derecho Internacional Humanitario –DIH-, los asuntos humanitarios y las Libertades Sindicales, entre otros, sino que ha venido colaborando con los mismos y contribuyendo al desarrollo de su mandato en lo que tiene que ver con Colombia.

Eso explica por ejemplo, nuestra actuación en el seno del Consejo de Derechos Humanos con la presentación del Examen Periódico Universal sobre Colombia-EPU, la invitación a los Relatores Especiales en materia de Derechos Humanos, nuestros informes a los Comités de Expertos de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y de la Comisión de Normas y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo – OIT, lo mismo que nuestros compromisos con el trabajo y recomendaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de Agencias Humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR- y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados-ACNUR-, lo mismo que con todos los Organismos Internacionales de Naciones Unidas con sede en Ginebra Suiza.

Situaciones similares también se viven de manera positiva en otros Organismos Internacionales y en diversas partes del mundo en los ámbitos bilateral y multilateral. Esta positiva realidad, es la que está llevando, a que en los informes de los diversos Organismos Internacionales encargados de los temas de Derechos Humanos y Humanitarios, se está reconociendo la apertura del Estado colombiano al escrutinio internacional y el espíritu de cooperación del Gobierno colombiano con todos los procedimientos de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos y Humanitarios.

Pero no solamente hemos venido logrando el reconocimiento internacional a la voluntad, mejoramiento y capacidad Institucional de Colombia en materia de Derechos Humanos y Humanitarios, sino que al mismo tiempo, hemos venido avanzando en la diversificación de la agenda y en la participación activa y propositiva en la visión integral de los Derechos Humanos, tal como quedó demostrado en la reciente cumbre mundial sobre el medio ambiente en Copenhague, en la Resolución aprobada en Nueva York en beneficio de la población Afrodescendiente, en las Resoluciones aprobadas a iniciativa de Colombia y otros países en el seno del Consejo de Derechos Humanos sobre mortalidad materna y leyes que discriminan a la mujer, la invitación a Colombia para que exponga su experiencia exitosa del Epu en diversos escenarios como sucedió recientemente con la participación de la Vicecanciller Adriana Mejía Hernández en la reunión del Wilton Park en el Reino Unido, que ha sido el foro por excelencia para promover acuerdos internacionales al más alto nivel y con la realización exitosa de la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Parte de la Convención de Ottawa sobre minas antipersonal llevada a cabo en diciembre del año pasado en Cartagena.

Paralelo a ello, también se observa una participación de Colombia cada día más activa, en los distintos temas de la agenda multilateral y en los escenarios políticos internacionales, lo cual nos brinda un espacio importante para compartir y resaltar las fortalezas de Colombia en estos temas, como recientemente sucedió con la participación del Canciller Jaime Bermúdez Merizalde en la Conferencia Internacional de Londres sobre Afganistán.

Hoy en el desarrollo de la agenda de Derechos Humanos y de asuntos humanitarios, nos hemos salido del remolino de los muertos, de estar siempre a la defensiva y antes por el contrario, lo que se percibe por parte del Gobierno colombiano a través de la actividad multilateral y bilateral de la Cancillería, es que estamos haciendo presencia cada vez más activa en los diversos escenarios internacionales de Derechos Humanos y asuntos humanitarios y lo que tendríamos que hacer bajo la coordinación de la Cancillería, es posiblemente encontrar todos los mecanismos que nos permitan estar intercambiando mas información y experiencias entre las diversas Embajadas y Misiones, lo mismo que lograr un mejor nivel de coordinación y eficacia de las diversas Instituciones del Estado colombiano que tienen que ver con la promoción y defensa de los Derechos Humanos, incluyendo los culturales, sociales, laborales y ambientales.

Otra fortaleza de Colombia en materia de Derechos Humanos y asuntos humanitarios es todo el proceso de paz, desmovilización, desarme y reintegración de personas vinculadas a grupos armados ilegales, incluyendo un buen número de niños y niñas, lo mismo que el proceso de visibilización de miles de víctimas de la irracional violencia que ha sufrido el pueblo colombiano y lo más importante, los procesos de verdad, justicia y reparación que se han iniciado a favor de las víctimas. En esa perspectiva, es bueno destacar, que el Estado y la sociedad deben ser flexibles y generosos con el victimario que decide abandonar las actividades en los grupos armados ilegales, de someterse a la justicia, de colaborar con la verdad de los hechos, de pedir perdón a las víctimas y de colaborar con la reparación de las mismas, pero al mismo tiempo, el Estado, tiene que enviar un mensaje claro a la sociedad colombiana y la comunidad internacional, en el sentido que frente a las víctimas, es mucho más sensible, generoso y solidario que frente a los victimarios.

En tal sentido, en los diversos escenarios internacionales de Derechos Humanos y asuntos humanitarios, nuestros esfuerzos también deben estar dirigidos a mostrar la voluntad del Estado colombiano para que ningún hecho criminal que ha violentado la dignidad o el derecho a la vida de los seres humanos quede en la impunidad, lo mismo que su decisión de que haya justicia y reparación con las víctimas. En esa perspectiva, es muy importante mostrar las prácticas inhumanas como el secuestro, el uso de minas antipersonal o las acciones terroristas de las farc, el eln, lo mismo que las acciones criminales de los grupos emergentes y la estrecha relación de todos éstos grupos armados ilegales con las actividades del narcotráfico pero al mismo tiempo, es importante señalar, que la existencia de dichos grupos armados ilegales no tienen ninguna razón de ser hoy en Colombia y que en el caso de la guerrilla se ha convertido en el principal obstáculo para la existencia y consolidación de un proyecto político de centro izquierda en Colombia y para el mejoramiento del bienestar social de la población más pobre de Colombia.

En los escenarios internacionales de Ginebra y en los Representantes de las Misiones acreditadas ante los Organismos de Derechos Humanos, se percibe una creciente preocupación no solamente frente a las actividades criminales de la guerrilla, sobre lo cual existe ya más conciencia, sino también sobre las actividades de los grupos emergentes y la violencia que generan sobre la población civil. Frente a todos éstos grupos armados ilegales, cada vez más se reconoce su relación con el negocio ilícito del narcotráfico y de cómo ésta situación puede llegar a afectar la Democracia en Colombia.

Los integrantes de la Misión de Colombia ante Naciones Unidas y demás Organismos Internacionales, estamos conscientes de nuestra responsabilidad ante la población colombiana de continuar contribuyendo al desarrollo de la agenda en materia de Derechos Humanos y Humanitarios del Estado colombiano. En tal sentido, el año 2010, será de una intensa actividad tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en los demás Organismos internacionales, entre ellos la OIT, ACNUR, la OMS, la OMPI, la OIM y la Conferencia del Desarme. Por ejemplo, en el caso del Consejo de Derechos Humanos, éste año, tendremos la presentación del informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los mismos en Colombia y la presentación de los informes de los Relatores Especiales de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, de Ejecuciones Extrajudiciales, de Independencia de Jueces y Abogados, y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Por otra parte, quisiera anotar que la agenda en materia de Derechos Humanos y asuntos humanitarios estará siempre incompleta frente a la comunidad internacional y frente a escenarios de negociación de los acuerdos o tratados de libre comercio, si desde el Estado colombiano, no continuamos haciendo todos los esfuerzos en beneficio de un dialogo social más fluido y productivo con los diversos sectores de la sociedad civil, entre ellos, los Sindicatos y las ONGs de Derechos Humanos. Es verdad que muchos de sus dirigentes piensan y actúan muchas veces más con una postura de oposición política, de intransigencia frente al Gobierno nacional o de negarse a reconocer los avances que en materia de Derechos Humanos y asuntos humanitarios, incluyendo los temas laborales y ambientales que la comunidad internacional nos está reconociendo, pero la respuesta del Gobierno a dichas posturas tan negativas, debe ser, que dichos avances no hubieran sido posibles sin las iniciativas y propuestas de la sociedad civil y, en los temas laborales, las de los Dirigentes Sindicales y Empresariales.

Igualmente, en la búsqueda de ese diálogo social entre los Voceros Empresariales, Sindicales y Gubernamentales, en temas relacionados con los Acuerdos o Tratados de Libre Comercio, es importante abrir un debate sano, desprevenido y sin adjetivos, sobre como, en la materialización de los mismos, hoy tienen los trabajadores el mejor mecanismo para avanzar en la protección y mejoramiento de sus Derechos Laborales y en las Libertades Sindicales a través de la figura de las cláusulas de compromiso social y ambiental que el Estado colombiano ha demostrado que está dispuesto a firmar en el marco de los acuerdos comerciales con cada uno de los países y siendo fiel al convencimiento de que en el mundo de hoy no solamente se globalizaron los negocios sino también los Derechos Humanos y los Deberes ciudadanos.

En la búsqueda y materialización de esos acuerdos o tratados de libre comercio con rostro humano y cláusulas sociales, laborales y ambientales, pesa mucho nuestro agenda que actualmente desarrollamos en la Comisión de Normas, en su Comité de Expertos y en el Comité de Libertad Sindical, donde a partir de la firma del Acuerdo Tripartito de 2006 y su posterior desarrollo, incluyendo nuestra presentación en la Comisión de Normas en junio de 2009, se han venido presentando avances en el desarrollo de la legislación laboral colombiana, en la protección de los dirigentes sindicales y en la lucha contra la impunidad, los cuales se reconocen en el reciente informe de la Comisión de expertos de la OIT en la aplicación de las Normas Laborales y en el de la Señora CleopatraDumbian, Directora de la Comisión de Normas de la OIT, sobre su reciente visita a Colombia.

Como no estamos hablando de una estrategia de publicidad o de relaciones públicas sino de una realidad que se manifiesta que Colombia es un país en progreso a todo nivel y que su consolidación depende mucho que podamos seguir avanzando considerablemente en la materialización de varios acuerdos o tratados de libre comercio, es importante anotar que el Componente Laboral y el respeto a las Libertades Sindicales que actualmente se aborda desde una mirada de Derechos Humanos, debe llevarnos a intensificar la promoción de la cultura del dialogo social entre empresarios, trabajadores y Gobierno a nivel nacional, regional y local, lo mismo que consolidar todos los mecanismos que de manera positiva se han venido implementando para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la Comisión de Normas y en el Comité de Libertad Sindical de la OIT, lo mismo que en otros Organismos Internacionales relacionados de manera integral con los asuntos humanitarios y los Derechos Humanos.

Al expresarle mi agradecimiento al Gobierno colombiano y de manera especial a todo el equipo de la Cancillería, de la Vicepresidencia de la República, de la Dirección de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, de los diversos Ministerios, entre ellos, de la Protección Social, del Interior, del Medio Ambiente, lo mismo que a otras Instituciones del Estado como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, que con su colaboración permanente, han sido decisivos en el diario trabajo de la Misión en Ginebra, me permito recomendarle Señor Canciller, que la reunión regional sobre los temas económicos en desarrollo de la Cumbre de Davos que se tiene previsto realizar en Cartagena en abril del 2010, se convierta en un excelente escenario donde Colombia pueda mostrar los avances en esa estrecha relación que debe existir entre la globalización del comercio y la globalización de los Derechos Humanos.

* Embajador de Colombia ante organismos de las NNUU en Ginebra.

Salud y restricción presupuestal

Juan Carlos Jaramillo

El Colombiano, Medellín

Febrero 11 de 2010

Cualquier observador que se moleste en analizar desapasionadamente el tema, llega a la conclusión de que el sistema de salud en Colombia requiere de ajustes importantes si es que va a cumplir con las funciones que la sociedad espera de él. Las recientes medidas diseñadas para tal fin han recibido duras críticas, muchas de ellas válidas. Pareciera que hubo falta de diligencia en la concepción de los ajustes propuestos y, probablemente también, en la elaboración de los decretos correspondientes. Pero la orientación general de la reforma es válida: como está, el sistema no es sostenible en el tiempo. Para que lo sea, hay que introducir cambios de no poca monta.

Los problemas son económicos: los recursos que recibe el sistema, provenientes tanto de los aportes de los 'asegurados', como de las empresas y del gobierno, simplemente no alcanzan para costear los servicios que muchos desean que se presten. Por lo tanto hay que obtener más ingresos o hay que mejorar la productividad. Y, si ello no basta, hay que limitar en alguna forma los servicios que se prestan. Un sistema con déficits estructurales, como el actual, no es viable. Esta es una verdad que molesta a muchos. Por eso es impopular. Pero por mucho que moleste, no deja de ser verdad.

Las críticas deben dirigirse a donde toca. Al Gobierno se le puede criticar la demora en tratar de solucionar el problema; la manera específica como optó por eliminar algunos excesos; la falta de diálogos, consultas con sectores afectados; y hasta la falta de imaginación. Pero hay que reconocerle que decidió finalmente acometer la tarea, ingrata e impopular, de buscar soluciones a un problema complejo a pesar de estar en año electoral. Las críticas, por válidas que sean, no deben servir de excusa para no hacer nada.

Hay soluciones que deben descartarse. Por ejemplo, quienes consideran que la razón por la cual el sector entró en crisis es el "afán de lucro desmedido de las EPS privadas", y que la solución sería nacionalizar el sistema, deben preguntarse por qué la gran mayoría de los colombianos asegurados han preferido migrar del segmento público al privado. Soluciones simplistas, como las que sugieren que sea el Estado quien cubra cualquier faltante, son igualmente desechables. (¿Quién cubre los faltantes del Estado?).

Al mismo tiempo, hay otras soluciones que, aunque dolorosas, hay que contemplar. Es cierto que la ciencia médica ha logrado avances impresionantes, creando nuevos tratamientos para muchas dolencias. El problema es que algunos son extraordinariamente costosos. Hasta países con ingresos por habitante casi diez veces más altos que los nuestros, restringen el acceso a este tipo de tratamientos. Nosotros tendremos que aceptar, también, que muy pocos pueden acceder a ellos. Esta es una realidad que molesta, en gran parte porque discrimina más fuertemente en contra de los menos pudientes. Pero eso no la hace menos real. Probablemente lo menos injusto sería simplemente excluir del sistema la prestación de este tipo de servicios.

Aunque se han flexibilizado, las Cortes han sido renuentes a aceptar la restricción presupuestal como argumento válido para limitar la prestación de servicios, a pesar de que ello podría llevar al derrumbe del sistema. Pero en algún momento habrá que reconocer que es preferible un sistema de salud imperfecto a uno inoperante. Y es que, si se insiste en que no puede haber restricciones en el acceso a servicios, el sistema se volverá inoperante. El gobierno debe estar atento para evitar que las EPS puedan abusar en casos particulares, pero hay que reconocer las limitaciones del sistema, por doloroso y desagradable que ello sea.

La utopía de la salud gratuita

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 8 de 2010

Decíamos en una columna anterior que la salud no es un cheque en blanco, y que la atención debe tener un límite porque los recursos son finitos. Lamentablemente, muchos medios de comunicación, figuras políticas y líderes de opinión están haciendo populismo barato con el tema, con el cuento de que se trata de un ‘derecho adquirido’, en tanto que al Gobierno le ha faltado hacer pedagogía.

En efecto, la Constitución de 1991 incurre en el exceso de ofrecer en abundancia derechos ilimitados, en tanto que impone muy pocos deberes, por lo que la gente se ha ido malacostumbrando y cree que papá Estado debe proveerlo todo, y que ‘los ricos’ son los que deben pagar. Para comprender el desbarajuste al que se ha llegado es muy útil la ilustración de una opositora del Gobierno como es Cecilia López (El Espectador, 30/01/2010), quien explica que “más del 50% de la población recibe gratis los servicios (de salud) a través del régimen subsidiado; del otro lado, de los 17 millones que pertenecen al régimen contributivo, solo aportan 8 millones porque los restantes 9 millones conforman sus grupos familiares. (…)Eso significa que estos ocho millones sostienen la salud de 9 millones de parientes y de casi 23 millones que no contribuyen”.

Pero eso no es todo. La cobertura del sistema de prestación de servicios de salud ha tenido un crecimiento constante. En 1990, el aseguramiento en la población colombiana apenas llegaba al 16%; y, en 2008, ya rondaba el 90%. Lo que para los expertos de la Universidad Javeriana Fernando Gómez y Enrique Peñaloza Quintero (El Espectador, 28/01/2010), es “un logro colosal en un sistema de aseguramiento donde la mancomunación para la financiación con recursos del contributivo y subsidiado permitieron un crecimiento en cobertura que difícilmente puede presentarse en otro país”.

De hecho, Cecilia López precisa que del 2002 a la fecha, el régimen subsidiado ha crecido un 100% al pasar de 11,5 millones de afiliados a los 23 millones de hoy, mientras que el régimen contributivo sólo creció alrededor de un 30%, al pasar de 13 millones a 17. Muchos analistas que antes criticaban la supuesta ausencia de políticas sociales, argumentan que el Gobierno pecó de populista excediéndose en asistencialismo. Pero la misma Corte Constitucional ha ordenado universalizar la prestación del servicio al 100% de la población y a nivelar el POS, y esto sólo se logrará cobijando en el régimen subsidiado a los seis millones de colombianos que faltan, pues ya pertenecen a los niveles 1 y 2 del Sisbén y de ahí no saldrán fácilmente. Nadie quiere tener empleos formales con todas las prestaciones porque eso significa perder el Sisbén y sus beneficios en salud, vivienda, y educación, entre otros. A esa distorsión se ha llegado.

Pero aparte de que pocos pagan, hay que entender que un sistema sin límites que cubra cualquier enfermedad, cualquier terapia, cualquier tecnología novedosa, etc., es imposible de costear aún para sociedades acaudaladas, y eso arruina el sistema. Sin embargo, debido a la mentalidad que la Constitución del 91 ha estimulado, muchos colombianos creen que la población está siendo víctima de un atropello y le ponen tinte político e ideológico al asunto cuando la verdad es que a cualquier gobierno le hubiera tocado hacer estos ajustes obligatoriamente, pues no es un asunto de política sino de plata.

Además, si bien es cierto que hay muchas fallas, la gente tiene la falsa creencia de que las EPS son de ‘ricos’ que se quedan con todo. No obstante, Saludcoop, por ejemplo, la mayor EPS del país, sólo obtuvo excedentes en 2008 por 24.000 millones de pesos, con ventas de 3 billones (Semana, 04/05/2009), para una rentabilidad inferior al 1%. Y resulta que es una cooperativa, que por ley está obligada a reinvertir y no a repartir utilidades a sus asociados (propietarios), que son una veintena de cooperativas de trabajadores y profesionales de la salud –incluyendo la de profesores de la Universidad Nacional–; el propietario no es Álvaro Uribe Vélez como asegura una leyenda urbana que se saca a relucir, de cuando en vez, con el propósito de reivindicar unos ‘derechos adquiridos ilimitados y desmedidos’ que algunos utópicos reclaman.

Una reforma saludable

Libardo Botero C.

Blog Debate Nacional, Medellín

Febrero 8 de 2010

Ante los decretos de la emergencia social para atender la crisis del sistema de salud observamos el contraste entre una legión de críticos que se han ido lanza en ristre contra ellos, movidos más que nada por un afán oposicionista con claro tinte electoral, y por otro lado la actitud responsable del gobierno, dispuesto a encarar la situación aún a sabiendas de los riesgos que entrañaba en un ambiente caldeado por la cercanía de los comicios. Hubiera esperado unos meses por cálculo electoral, aún a riesgo de sumir en la quiebra no pocos hospitales, pero primó en él la responsabilidad a la hora de decidir.

No es de poca monta el problema. Sus causas encajan dentro de lo que los exegetas consideran hechos “sobrevinientes”, es decir, imprevistos, que colocaron al sistema de salud en peligro, sin que hubieran podido preverse fácilmente por las autoridades, para adoptar medidas preventivas con tiempo. Paradójicamente fue nuestro sistema judicial el propiciador de los severos desajustes, como veremos, el mismo que –a través de la Corte Constitucional- habrá de fallar sobre la validez de la emergencia.

El primer desajuste nace de la multiplicación exponencial de los tratamientos y medicamentos no cubiertos por el plan obligatorio de salud (POS), conocidos como No POS, ordenados por jueces a través de fallos de tutelas. Se han disparado en los dos últimos años, afectando a la vez las finanzas del régimen contributivo y las de los departamentos, que sufren el impacto de los extracostos en el régimen subsididado. El déficit se está acercando a dos billones de pesos, casi la mitad de los cuales pesaba sobre los fiscos departamentales. De ahí la preocupación de los gobernadores, que acompañaron al gobierno central en la búsqueda de salidas.

El segundo hueco se genera por la determinación de la Corte Constitucional, hace como año y medio, de igualar al POS del régimen contributivo el del subsidiado (que es menor). Además, se ha hecho indispensable, por obsoleto, revisar el mismo POS. Cumplir esas metas no es solo un imperativo legal, sino de equidad social. Pero dadas las limitaciones económicas del país, cualquiera esperaría que su adopción fuera gradual. No es solo un asunto de derechos y de justicia, es también de recursos, de respaldo fiscal. Fedesarrollo calcula que la unificación de los POS costará unos cinco billones de pesos, cifra respetable cuya consecución pondrá a prueba al erario público en los años por venir.

Pues bien, el gobierno ha adoptado, después de mucho debatir con gobernadores, expertos, gremios de la salud, ministerios, unas medidas de fondo para encarar el reto. De una parte se ha acudido a elevar algunos gravámenes (y facilitar la creación de otros), a licores, cigarrillos, actividades de juego y azar, que fortalecerán las finanzas departamentales y nacionales. Tuvo el cuidado el ejecutivo, como se sabe, de no afectar la canasta familiar. Y de otro lado, adoptó medidas tendientes a racionalizar algunos aspectos institucionales y operativos del sistema de salud, con el objetivo de aliviar las cargas económicas.

La mayor parte de las críticas a la reforma ocultan la realidad descrita, y de manera demagógica le atribuyen disposiciones y efectos no contemplados, o centran las objeciones en normas subsidiarias que, en la medida en que se ha ido detectando que pudieran tener efectos dañinos se han ido corrigiendo en los decretos reglamentarios. Como la autonomía de los médicos, el porcentaje de contratación con la red pública, la utilización de las cesantías para pagar parte de procedimientos no contemplados en el POS (“excepcionales”), etc.

Ahora se quiere olvidar la gran revolución de los últimos años, que acerca el país a la cobertura universal: pasamos en menos de ocho años de 12 a 18 millones de afiliados al régimen contributivo, y de 11 a 23 millones en el subsidiado, para 41 millones asegurados, de una población de 45 millones. Falta sin duda mejorar la calidad y oportunidad del servicio, pero el salto ha sido enorme.

Valdría la pena preguntarles, sobre todo a los candidatos al Congreso o a la Presidencia: ¿Derogarían las medidas básicas adoptadas en la emergencia social? ¿Qué otras medidas adoptarían para llenar el monumental faltante de varios billones de pesos?

¿Quiénes son los que realmente juegan con la salud de los colombianos? Vistas las cosas en su conjunto, sin apasionamientos ni sectarismo, y sin negar errores o falencias que se han corregido o pueden enmendarse, la emergencia ha producido una reforma saludable.

Tiempo para el comercio

Editorial

The Washington Post, Washington

Febrero 8 de 2010

(Traducción Blog Debate Nacional)

En los últimos días parecía como si el estancamiento político sobre el comercio finalmente estaba a punto de romperse. En el informe sobre el Estado de la Unión centrado en la creación de empleos, el presidente Obama lanzó una Iniciativa Nacional de Exportación para duplicar las exportaciones de EE.UU. en cinco años. En apoyo de este objetivo, se expresó alentadoramente acerca de “fortalecer” las relaciones comerciales con Corea del Sur, Panamá y Colombia, con cada uno de los cuales tiene Estados Unidos un acuerdo de libre comercio (TLC) en espera de la aprobación del Congreso. ¿Sería que el Presidente estaba listo para lidiar con los sindicatos y otros grupos de interés demócratas que los han venido bloqueando? La situación parecía aún más esperanzadora el miércoles: el Secretario del Tesoro Timothy F. Geithner respondió "absolutamente" cuando un miembro del Congreso preguntó si la administración quería concluirlos antes de fin de año.

O eso parecía. En realidad, el Secretario había sido mal interpretado por algún cruce de palabras en la comparecencia, explicó su Departamento en un comunicado de prensa después. La posición de la administración Obama sigue siendo lo que era: se quiere ajustar los acuerdos, en cooperación con el Congreso, y "avanzar" con ellos, pero no hay fecha límite. Y así, a pesar de la prometedora charla, el futuro de los acuerdos de libre comercio sigue siendo incierto. Panamá todavía podría llegar a una votación este año, lo que estaría bien, pero es el más pequeño y menos controvertido de los tres. Un fracaso a la hora de pasar los tratados con Colombia y Corea sería malo para las empresas y los trabajadores estadounidenses.

La Iniciativa de Exportación de la Administración ofrece más apoyo coordinado del gobierno a las empresas que están tratando de vender en el extranjero. Pero cuando se trata de crear puestos de trabajo en cantidad relacionados con las exportaciones, lo crucial es eliminar las barreras arancelarias donde sea posible y tan rápido como sea posible. Mientras Estados Unidos titubea, la Unión Europea está negociando acuerdos comerciales con Corea del Sur, Colombia y otras naciones, lo que amenaza con dejar a los Estados Unidos en una situación de desventaja.

No cabe duda que el comercio es difícil de vender en un año electoral, dado el peso de sus oponentes en el Capitolio. Pero en Colombia, el caso del acuerdo es especialmente fuerte y los hechos en contra especialmente débiles. "Esta administración buscará acuerdos comerciales balanceados [y] ambiciosos que mejoren el acceso a mercado para los trabajadores, empresas, agricultores y ganaderos norteamericanos" dijo este jueves el Secretario de Comercio Gary Locke. Esta es una descripción perfecta del TLC con Colombia: sencillamente le daría a la gran mayoría de mercancía de los EEUU. el mismo acceso libre de impuestos a la economía andina de rápido crecimiento que ya los productos colombianos gozan en los Estados Unidos. Además de este apoyo a las compañías de EE.UU., el acuerdo ayudará a apuntalar un fuerte aliado de EE.UU. en una región en conflicto.

Puesto que no hay un argumento económico en contra de libre comercio con Colombia, los opositores han tenido que recurrir a uno político, a saber, que el TLC beneficiaría a un gobierno con un mal historial de derechos humanos. En verdad, Colombia ha hecho grandes progresos desde los días sangrientos del pasado. En los últimos cuatro años, los asesinatos de sindicalistas, la principal preocupación de los activistas de derechos humanos de EEUU., ha disminuido desde 60 por año hasta 28. Los sindicalistas en realidad tienen seis veces menos probabilidad que los otros colombianos de ser víctimas de homicidio, según un nuevo estudio realizado por Daniel Mejía y María José Uribe, de la Universidad de los Andes en Bogotá.

¿Seguirán los opositores al TLC aferrándose a sus argumentos a pesar de la evidencia abrumadora en contra? ¿Está el tratado de libre comercio con Colombia en el interés de EE.UU.? ¿El Presidente ha sido indulgente con los proteccionistas en el Congreso demasiado tiempo? A las tres preguntas, la respuesta es: "Absolutamente".

La salud no es un cheque en blanco

Saúl Hernández Bolívar

El Mundo, Medellín

Febrero 1 de 2010

Una de las mayores perversiones que han hecho inviable el sistema de salud en Colombia es la corrupción rampante que existe en el acceso a la prestación del servicio a través de la acción de tutela. Según la Unidad Investigativa de El Tiempo (19/09/2009), un juzgado civil municipal de Bogotá ordenó entregarle a un paciente cuatro pares de tenis con cámara de aire, un bastón canadiense, seis meses de gimnasio, protector labial marca Labie, una montura de gafas marca Speedo, consulta de sexología, lentes Transition Ultravioleta, blanqueamiento dental con cubeta y lámpara Led, traslado terrestre para las citas, corte de uñas de pies, pañales Plenitud, gorro de baño, emulsión tópica Fresh Skin Face y alcachofa cynara.

No es un caso aislado. Una paciente con problemas cerebrovasculares, con base en averiguaciones que hacía en Internet, le solicitó a su EPS ser enviada al exterior para someterse a un tratamiento. Inicialmente, la EPS rechazó la solicitud, pero la paciente interpuso una acción de tutela y un juez de primera instancia le otorgó la razón a pesar de no contar con la orden de un médico que la estuviera tratando. Finalmente, la mujer fue remitida a E.U. pero el tratamiento no sirvió.

En otro caso, un paciente que tuvo que ser trasladado a Bogotá para realizarle un transplante, le exigió a su EPS que le proporcionara a su familia vivienda y viáticos para su estadía en la capital del país mientras estaba en lista de espera y hasta terminar el proceso de recuperación. Un juzgado concedió la tutela y ordenó a la EPS cumplir las peticiones.

En un principio, se trasladó al paciente y a su esposa a un hogar de paso y no se autorizaron viáticos por no ser parte de los servicios de salud, pero un nuevo fallo ordenó alquilar un apartamento independiente y pagarles viáticos y alimentación.

Otro paciente, enfermo de sida, interpuso una tutela para que su EPS le suministrara medicamentos, controles médicos, citas con especialistas y exámenes. Pero incluyó una exigencia insólita: depilación periódica de glúteos con tecnología láser. Y aunque ello no hace parte del tratamiento del sida ni está contemplado en el POS, un juzgado civil de Bogotá aprobó la solicitud. Hay miles de casos similares: un enfermo obligó a su EPS a instalarle ascensor en la casa; una señora consiguió que le pusieran a su disposición una ambulancia las 24 horas del día, los 365 días del año; a otros se les han concedido tratamientos con cámara hiperbárica para ‘retardar el envejecimiento’ o sesiones de ‘perroterapia’, todo en establecidos elegidos por el juez . Y, como si fuera poco, extranjeros están obteniendo trasplantes de órganos gratuitamente, a costa nuestra, y saltándose la lista de espera –que está reglamentada por ley–, mediante acciones de tutela.

Lo más grave de todo es que esto no la paga la EPS y muchísimo menos el cotizante, pues los aportes mensuales de un trabajador promedio están muy lejos de cubrir estos excesos. En todos los casos, las EPS le recobraron al Estado –a través del Fosyga– todos los gastos.

Según el Ministro de Protección Social, Diego Palacio, mientras un colombiano promedio le cuesta al sistema 470 mil pesos al año, 280 mil personas que han acudido a la tutela para hacer pedidos exóticos cuestan, en promedio, diez veces más. Y los costos se incrementan año tras año: en 2007 hubo 835.000 recobros que las EPS del régimen contributivo hicieron al Fosyga por eventos no contemplados en el POS, por un valor de 626.000 millones de pesos; en tanto que en 2009 hubo más de 2 millones de recobros, a un costo de 1,85 billones de pesos, o sea un incremento del 280 por ciento en el valor girado.

La polémica sobre la reforma al sistema de salud apenas comienza y va para largo. El sistema hizo crisis en cuanto a su financiación pero no es tan malo como muchos lo pintan, básicamente porque de él se esperan milagros y la gente cree que tiene derecho a todo. Pero ese deseo de preservar la salud a cualquier costo –pagado por otros– contrasta con la manera como la arriesgamos irresponsablemente a diario y la falta de medidas de autocuidado. De otra parte, muchos políticos y medios de comunicación hacen demagogia con el tema, machacando con desvergüenza la insensatez de que la salud es un derecho adquirido que el Estado debe proveer a cualquier costo. Estamos llegando al desvarío de que nadie quiere morirse y si alguien estira la pata, la culpa es de la EPS, el Sisbén, el POS y la Ley 100. Como si los ricos no se murieran también.

Mal le fue a la CUT en Bruselas

Eduardo Mackenzie

El Mundo, Medellín

Febrero 1 de 2010

La CUT está perdiendo el monopolio que abusivamente detentaba en la representación del sindicalismo colombiano ante algunas instancias europeas. El pasado 27 de enero, en efecto, la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo, aceptó por primera vez escuchar el punto de vista de sindicalistas colombianos que se oponen a la nefasta línea de tiene la central obrera extremista sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC), que se negocia entre Colombia y la Unión Europea.

Enrique Albeiro Franco Valderrama, miembro de la dirección de Unaltrasap, sindicato del sector agroindustrial y pecuario de Urabá, y Luis Fernando Cadavid Mesa, presidente de Sintracontexa, del sector textil y de confecciones de Antioquia, pudieron asistir a una parte de los trabajos de esa comisión y controvertir las afirmaciones mentirosas que sobre Colombia había lanzado allí, dos días antes, un vocero de la CUT, Luis Alberto Vanegas.

Enviado a Bruselas por los jefes de la CUT, este activista se presentó ante la comisión para servir el conocido refrito de la “violación sistemática” de los derechos humanos en Colombia. Empleando caracterizaciones y cifras manipuladas, ese individuo concluyó que la Unión Europea debería “eliminar el sistema de preferencias aduaneras con Colombia” y “rechazar la aprobación” del tratado de Libre Comercio con Colombia. El agente de la CUT llegó al extremo de pedir que la UE le dé a Colombia “el mismo trato que le dio a Sri Lanka”, es decir suspender todo sistema de ayudas.

Sin embargo, mal rato pasó Vanegas cuando vio que los esfuerzos de una minoría radical de europarlamentarios para impedir la intervención de Albeiro Franco, partidario de las preferencias arancelarias y del TLC, habían sido rechazados por la mayoría de la comisión. Los europarlamentarios de derecha y de centro estaban contentos de escuchar, por fin, a verdaderos dirigentes sindicales colombianos, con más de veinte años de lucha, contradecir las afirmaciones increíbles de un aparatchik salido no se sabe de qué oficina de la CUT quien exige a la UE “sancionar” a Colombia y estrangular el desarrollo de su economía.

Franco y Cadavid, miembros de la central CGT, no asistieron en nombre de ésta sino de sus respectivos sindicatos. Explicaron que el combate contra la violencia y la pobreza se ganará en Colombia si se mejoran los índices de empleo y de desarrollo económico, para lo cual es clave el comercio internacional y la inversión extranjera. Por el contrario, asfixiar económicamente al país, como preconiza la CUT y los jefes políticos del Polo, favorecerá el caos, el terrorismo y el sufrimiento de las capas más pobres de la nación. “Los acuerdos comerciales con la UE reforzarán el empleo. El sólo hecho de estar discutiendo esos acuerdos ha tenido ya consecuencias positivas para los trabajadores pues la legislación laboral colombiana se ha modernizado y las investigaciones en derechos humanos han aumentado”, explicó Franco. “No vivimos, es cierto, en el Paraíso de Adán y Eva, pero hay que admitir que hay mejoras en la situación del país. Sí hay problemas en Colombia pero reconocemos que el gobierno avanza en la solución de muchos de esos problemas”, agregó.

Ese miércoles también pudieron expresar allí su punto de vista el viceministro colombiano de Protección Social, Ricardo Echeverri, el vicepresidente de la Andi, Alberto Echavarría, y el embajador en Bélgica y ante la UE, Holmes Trujillo. Todos ellos evocaron los avances que ha hecho Colombia en materia económica, de legislación laboral, y en cuando a la protección física de los sindicalistas: cientos de éstos gozan de protección permanente de la policía, razón por la cual los atentados contra ellos han bajado bastante. Demostraron que las investigaciones y sanciones judiciales de los crímenes contra sindicalistas aumentaron y que las cifras de la inseguridad dadas por la CUT son falsas y destinadas a forjar la falsa imagen de que en Colombia hay un “genocidio” de sindicalistas. “Ello es falso”, reiteró Albeiro Franco. “Si en 1986 hubo sólo una investigación de ese tipo de crímenes, en 2009 hubo 222 individuos sancionados penalmente por eso. De las 28 muertes violentas de sindicalistas en 2009 (la CUT dicen que fueron 40), sólo un caso está probado que está ligado a la actividad sindical”. Los otros son víctimas de la delincuencia común.

Algunos europarlamentarios agradecieron haber recibido esas informaciones exactas pues ignoraban cual era la dimensión real del asunto. El socialista Vital Moreira, europarlamentario portugués, presidente de la Comisión Comercial, en conversación con Franco y Cadavid, reveló que su grupo estaba dividido respecto de Colombia: que un sector quería oponerse al TLC y que el otro, y él mismo, estaban dispuestos a que éste fuera aprobado.

Para completar la derrota de la CUT, Cleopatra Doumbia-Henry, una dirigente de la OIT, leyó un comunicado en el que ese organismo reconoce los avances que hay en Colombia en materia de derechos humanos y laborales. El 15 de febrero de 2010 una comisión del Parlamento Europeo visitará a Colombia. Los sindicatos que no viven bajo el terror ideológico de la CUT tendrán otra ocasión para hacerse oír. Hay que ayudar a los europarlamentarios honestos para que rechacen un cierto discurso mendaz que atenta contra los intereses de los trabajadores de Colombia.

La violencia contra los sindicalistas

Santiago Montenegro

El Espectador, Bogotá

Enero 31 de 2010

Una nueva generación de economistas comienza a destacarse por su dedicación a la investigación y por la calidad y pertinencia de sus estudios.

Si los economistas de las tres décadas anteriores fueron primordialmente macroeconomistas, su audiencia fue nacional y su mayor aspiración fue lograr un alto cargo en el Estado, los de esta nueva generación son microeconomistas, escriben y argumentan para el mundo y, en lugar de cargos en el Estado, aspiran a alcanzar reconocimiento académico y científico global. En tanto la anterior generación surgió de la Universidad de los Andes y de la Nacional, los de la nueva provienen de éstas, pero también de otras universidades de Bogotá y de diferentes ciudades.

El profesor Daniel Mejía, de la facultad de economía y del CEDE de Uniandes, es un miembro destacado de esta nueva generación de economistas colombianos. Consistente con la realidad nacional, sus objetos de estudio recientes han sido temas como el narcotráfico y la violencia en Colombia. Su última investigación —con la joven economista María José Uribe— responde a uno de los temas más álgidos y controversiales del debate colectivo, como es la violencia contra los sindicalistas en Colombia. En particular, el propósito de su investigación es responder a la pregunta: ¿ha sido la violencia antisindical sistemática y dirigida? (Documento CEDE N° 28, noviembre de 2009). Más allá de la importancia que tiene el sindicalismo como colectivo social con aspiraciones a gozar de todos los derechos que confiere la Constitución, este debate ha tomado una inusitada importancia al traspasar las fronteras. No sólo los líderes sindicales y las ONG colombianas, sino también ONG de varios países, congresistas y líderes sindicales de los Estados Unidos, Canadá y Europa han argumentado que los tratados de libre comercio con Colombia deben ser bloqueados por la violencia contra los sindicalistas en nuestro país. Utilizando diversas fuentes e indicadores, el estudio de Mejía y Uribe concluye que ha habido una marcada caída en los homicidios de sindicalistas en los últimos ocho años; demuestra que la caída en los homicidios es mayor cuando se utilizan las fuentes de la Escuela Nacional Sindical que con los datos del Gobierno; argumenta que la caída en el homicidio de los sindicalistas es mucho mayor que el desplome en la tasa total de homicidios del país y mayor aún que la caída de las tasas de homicidios de otros colectivos sociales, como las de los maestros, periodistas, alcaldes y concejales. Los autores tampoco encontraron evidencia estadística soportando la hipótesis de que el homicidio contra los sindicalistas está asociado al ejercicio de su actividad, como negociaciones salariales y huelgas. Sin descartar que pueden existir casos individuales en los cuales se ha asesinado y se ha ejercido violencia a personas por sus funciones sindicales, no encontraron evidencia de que éste sea un fenómeno generalizado. En tanto la tasa global de homicidios de Colombia está en 35 por cien mil habitantes (la décima más alta entre 144 países), la de los sindicalistas está en 5, una cifra comparable a la que hoy en día tiene los Estados Unidos o Perú. En su investigación sobre las políticas antidrogas —muy crítica de la política oficial y del Plan Colombia— Daniel Mejía recibió ataques por parte de algunos funcionarios públicos y en ésta sobre la violencia sindical ya ha recibido y recibirá aún más críticas de muchas ONG y organizaciones laborales. Colombia necesita académicos como Daniel Mejía, quienes investigan y escriben, no para halagar a los gobiernos o para complacer a la galería, sino sólo en busca de la verdad.

Viceministro colombiano defiende ante la UE "avances" en libertad sindical

AFP, Bruselas

Enero 27 de 2010

El viceministro colombiano de Asuntos Laborales, Ricardo Andrés Echeverri, defendió el miércoles en Bruselas los "avances" de su gobierno en materia de libertad sindical, un asunto polémico que envuelve las negociaciones con la UE para un acuerdo de libre comercio.

Echeverri se entrevistó con parlamentarios europeos para exponer "los avances significativos en libertad sindical y derechos humanos", que fueron verificados en un reciente "informe" de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), explicó a la AFP.

Las visitas de responsables colombianos a Bruselas se han multiplicado en estos últimos meses, coincidiendo con la recta final de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la UE y Bogotá.

El acuerdo está a la espera de resolver algunos aspectos comerciales que afectan productos como el azúcar o el banano y podría cerrarse en la próxima ronda de negociaciones, en una fecha todavía por determinar.

Algunos diputados europeos, especialmente el grupo de Los Verdes, han denunciado el TLC con Colombia, pidiendo a la Unión Europea que dé marcha atrás al estimar que Bogotá no respeta los derechos humanos y recordando que un buen puñado de sindicalistas son asesinados cada año.

Para Echeverri, "lo que es importante" frente a estas quejas es la constatación del informe "independiente" de la OIT sobre esos progresos.

El viceministro confió en cerrar "lo más rápidamente posible" las negociaciones "porque le interesa al país y a sus trabajadores", ya que creará "empleo", que se traducirá en "bienestar y riqueza", aseguró.

Las tratativas para un TLC con la UE se llevan a cabo paralelamente con Perú y la última ronda tuvo lugar la semana pasada en Lima. Los negociadores indicaron entonces que el próximo encuentro podría tener lugar en febrero o marzo.

España, que este semestre ejerce la presidencia rotativa de la UE, se ha propuesto cerrar el TLC con Perú y Colombia para la cumbre entre europeos y latinoamericanos que se celebrará a mediados de mayo en Madrid.

Al margen de estas negociaciones, el fiscal general de Colombia, Guillermo Mendoza Diago, también se entrevistó el miércoles en Bruselas con responsables europeos para abordar los resultados de la Ley de Justicia y Paz sobre la desmovilización de los grupos armados y la reparación de las víctimas.

Mendoza Diago respondió a las "inquietudes" de los europarlamentarios sobre las "dificultades" de aplicación de la ley y "dejó en claro" que en "ningún caso puede decirse" que el gobierno siga una política que viole los derechos humanos o de los sindicalistas, según afirmó por teléfono a la AFP.

Europa aporta un "gran apoyo" al gobierno en su lucha por poner fin al conflicto colombiano y "teníamos la obligación de venir a informar", dijo.

app/lmm.

http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/world/8130333.shtml