USTR y TLC

Por Libardo Botero*

Blog Debate Nacional

Septiembre 20 de 2009

El 15 de septiembre venció el plazo fijado por el USTR (Representante Comercial de Estados Unidos) para recibir opiniones de la sociedad civil en torno al TLC firmado por ese país con Colombia. Se pedía sobre todo responder preguntas sobre los derechos laborales, la violencia contra los sindicalistas, y la impunidad en el juzgamiento de esos crímenes entre nosotros.

Gary Locke, Secretario de Comercio de EEUU, había expresado hace unas semanas que su gobierno mantiene “algunas preocupaciones sobre el tema de la violencia contra los sindicalistas, así que estamos desarrollando un plan de acción, quizás acuerdos adicionales que podrían ser incorporados y presentados ante los miembros del Congreso" para proceder a abrirle paso al trámite del TLC en el legislativo. El cuestionario mencionado arriba refleja el interés de tener algún soporte en materia laboral para proponer aquellos “acuerdos adicionales”, antes de darle curso a la ley en el Capitolio, satisfaciendo ciertos sectores sindicales y líderes demócratas reacios al acuerdo.

El ejercicio del USTR fue sumamente exitoso: recibió cerca de doscientos documentos de numerosos gremios económicos de los dos países, empresas, académicos, ONG de derechos humanos, sindicatos, ciudadanos comunes y corrientes. Me di a la tarea dispendiosa pero fructífera de mirar prácticamente todos los archivos colgados en la página web correspondiente (http://www.regulations.gov), y quedé gratamente sorprendido.

No faltan cinco o seis ONG y personas que repiten el trillado discurso contra el TLC, descalificando los logros del país en derechos humanos con las acostumbradas deformaciones de nuestra realidad, lo que seguramente les restará credibilidad ante sus destinatarios. Pero es sorprendente el plebiscito apabullante, como no podemos menos que calificarlo así, a favor del tratado, sustentado de manera muy seria en los logros del país en materia tan sensible como la mencionada. Abundan no pocos en las razones económicas que demuestran sus beneficios. Si el USTR se propuso buscar por ese medio apoyo para dilatar la agenda del TLC, el resultado obtenido ha sido el contrario. No le quedará fácil en adelante propiciar más entorpecimientos o proponer nuevas exigencias.

Un ciudadano norteamericano que fue Cuerpo de Paz en Colombia, verbigracia, destaca que el TLC proporciona los mecanismos para vigilar e incidir en la normatividad laboral y corregir los abusos en derechos humanos, reforzando la autoridad de la ley y las oportunidades de empleo. No acogerlo debilitará esas alternativas. Aprobarlo, en cambio, “demostrará a los colombianos nuestro respeto por sus esfuerzos y ayudará a estrechar más los lazos binacionales”, concluye.

Desde otro ángulo Daniel Mejía, profesor de economía de la Universidad de los Andes, efectúa un convincente análisis estadístico del fenómeno de la violencia antisindical, tomando como base las mismas cifras de los opositores al TLC, para probar sin atenuantes el descenso vertical de los crímenes contra los trabajadores organizados, y la tasa reducidísima de homicidios de sindicalistas frente a los demás sectores de la sociedad colombiana.

Las centrales obreras, tan acuciosas en estos menesteres, brillaron por su ausencia. Sin embargo un grupo importante de sindicatos, al cual tuve el honor de asesorar en la elaboración del documento que enviaron al USTR, no deja de reconocer los vacíos y abusos que subsisten en el país, pero se centra en los avances y solicita no darle más largas al asunto de la aprobación del TLC por el Congreso norteamericano. Indican cómo la OIT, que podría considerarse el árbitro por excelencia a escala mundial, no solo excluyó hace tres años a Colombia de la lista de consuetudinarios violadores de derechos laborales, sino que este año la incluyó en la lista de mayores progresos en este particular. Una comisión de expertos de ese organismo, lo mismo que el Comité de Normas, llegó a esa conclusión. EEUU no debiera ir en contravía de tan serio dictamen. “Colombia necesita apoyo para seguir por esta senda de progreso que tantos esfuerzos y sacrificios ha implicado, y no bloqueos o condenas por no haber logrado resolver todos sus problemas”, sentencian al final los sindicatos.

Ojalá el gobierno de Obama atienda este vigoroso clamor ciudadano expresado copiosamente ante el USTR.

* Economista e investigador.

Sindicatos y TLC

Daniel Mejía

La República, Bogotá

Julio 10 de 2009

Los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá están bloqueados. Uno de los principales argumentos que los opositores del TLC han utilizado para sostener este bloqueo es la falta de resultados en materia de protección a los sindicalistas.

Pero, ¿cuáles son los indicadores concretos de la violencia contra sindicalistas en Colombia? ¿Ha habido progresos en esta materia? Cualquier asesinato es un hecho muy grave, más aún cuando el móvil de éste es la posición ideológica o política de la persona asesinada. Sin embargo, a la hora de evaluar los avances hechos para enfrentar un problema tan grave como lo es la violencia contra sindicalistas, es muy importante mirar las cifras y estudiar los indicadores concretos de resultados; especialmente si se pretende usarlos para bloquear los tratados de libre comercio que Colombia quiere suscribir con otros países.

Las estadísticas de asesinatos de sindicalistas reportadas por la Escuela Nacional Sindical (ENS) y por la Vicepresidencia de la República contrastan con las aseveraciones recientes de algunos congresistas, periodistas y miembros pertenecientes a sindicatos en Colombia y otros países.

Según los datos de la ENS, los asesinatos de sindicalistas aumentaron entre 1986 y la primera mitad de los 90, alcanzando un pico máximo de 274 sindicalistas asesinados en 1996. Entre 1996 y 1999 el número de sindicalistas asesinados disminuyó hasta alcanzar 82 asesinatos en 1999, para luego aumentar de nuevo hasta 2001 cuando el número de sindicalistas asesinados alcanzó 194.

Desde 2002 el número de sindicalistas asesinados ha caído de manera sostenida hasta los últimos datos disponibles a mayo de 2009. Cuando se comparan los asesinatos de sindicalistas con los homicidios totales se puede apreciar que los primeros han disminuido aún más rápido que los segundos. En particular, mientras que el número de homicidios totales en Colombia cayó 44% entre 2002 y 2008, el número de asesinatos de sindicalistas disminuyó 74% durante el mismo período; es decir, 1.7 veces más rápido que los homicidios totales.

La otra forma de ver las estadísticas sobre criminalidad es enfocándose en las tasas de homicidios. Es decir, en el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, o el número de homicidios de sindicalistas por cada 100.000 sindicalistas. De nuevo, las dos tasas han bajado notablemente, pero la segunda ha bajado mucho más rápido que la primera.

Mientras que en 2002 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en Colombia era aproximadamente 70, la tasa de homicidios de sindicalistas (por cada 100,000 sindicalistas) era de aproximadamente 22. A 20008 estas dos tasas eran 36 y 6 respectivamente. De hecho, en 2008, la tasa de homicidios de sindicalistas en Colombia alcanzó el mismo nivel (6.1) que la tasa de homicidios general en E.U. en 2008.

Los datos de la Vicepresidencia no sólo confirman una caída sostenida en los homicidios de sindicalistas entre 2002 y los últimos datos disponibles a 2009 (caída que, sorpresivamente, es mayor cuando se utilizan los datos de la ENS), sino también que los homicidios de sindicalistas caen más rápido que los homicidios de otros grupos vulnerables como periodistas, maestros, concejales, etc. En otras palabras, los avances en materia de protección a sindicalistas son aún mayores que los avances alcanzados en materia de protección de otros grupos vulnerables de la población.

Como le dijo Julio Roberto Gómez (presidente de la CGT) recientemente a la BBC, “nadie tiene por qué ser asesinado por el hecho de ser sindicalista”. Pero los debates deben estar basados en hechos, y los hechos (basados en las estadísticas disponibles tanto de la ENS como de la Vicepresidencia) indican lo contrario de lo que muchos quieren argumentar para bloquear los TLCs con E.U. y Canadá.

De la lista negra a la lista blanca

Libardo Botero*

Blog Debate Nacional, Medellín

Junio 23 de 2009

Cada que Colombia negocia o quiere ratificar algún tratado comercial, saltan los tradicionales detractores a recitar sus letanías: que hay un “genocidio” contra el sindicalismo, que somos territorio hostil para los derechos laborales. Algunos despistados –o malintencionados- políticos, académicos y comunicadores, aquí y allá, les hacen eco de inmediato.

Pero los hechos pueden más que esa retórica retorcida, y así lo va reconociendo la comunidad internacional. Desde 2006 fuimos excluidos de la “lista negra” de la OIT, en la que estuvimos por años, que incluye a los países donde más se violan los derechos de los trabajadores. Un acuerdo tripartito permitió la presencia en Colombia de la OIT para vigilar y apoyar el proceso de mejoría, que viene avanzando.

Ahora, en el marco de la Conferencia anual de la OIT que acaba de concluir, se ha producido un nuevo hito, algo así como entrar en su “lista blanca”. Primero fue el informe de la Comisión de Expertos, presentada a ese evento, que calificó el de Colombia como un “caso de progreso” en distintas materias. Ese concepto fue respaldado por delegaciones de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, la Organización Internacional de Empresarios, y, visto con buenos ojos por la misma Confederación General de Trabajadores (CGT).

Luego, la Comisión de Aplicación de Normas, basada en el anterior informe, incluyó nuestro país en la lista de casos de progreso. Aunque reitera observaciones en distintos aspectos y falencias innegables, destaca en sus conclusiones el apoyo del Gobierno a la rama judicial y la Fiscalía General para esclarecer crímenes contra sindicalistas, los avances en reparación de víctimas por vía administrativa, la ley que traslada la declaración de ilegalidad de la huelga a los jueces, y fallos de la Corte Constitucional que protegen la libertad y el registro de sindicatos.

En dicha Comisión nuestro embajador ante OIT, Angelino Garzón, el 8 de junio expresó “el reconocimiento del Gobierno Nacional al informe presentado por la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones, que define a Colombia como un caso en progreso e insta a continuar avanzando en el camino trazado y a tener en cuenta sus opiniones y recomendaciones”. A las deliberaciones asistieron delegados de las Altas Cortes colombianas, empeñadas en participar de consuno con gobierno, trabajadores y empresarios en el fortalecimiento de las garantías laborales.

Los hechos son tozudos. El 80 por ciento de los casi doscientos casos resueltos de esos crímenes se han producido en los tres últimos años, tras lustros de impunidad. Según la Fiscalía, la mayoría no tenían relación con la pertenencia de las víctimas a sindicatos, y sus autores fueron paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes o delincuentes comunes. Aunque unos pocos fueron cometidos por agentes estatales, según palabras del Fiscal “no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano”

Es un mito que somos el país de mayor violencia sindical en el mundo. Somos sí, el único país del orbe donde una entidad, la Escuela Nacional Sindical (ENS), lleva la contabilidad diaria de sindicalistas asesinados (por cualquier motivo), y los presenta, a coro con la cúpula sindical, como “terrorismo de Estado”. En otras partes llevan solo datos de afiliados asesinados por su actividad sindical, que son pocos en el mundo, como en Colombia. Con esa perversión, resultamos los campeones de esta tragedia sin serlo. Si en otros países con elevadas tasas de homicidio y grados de afiliación sindical superiores al nuestro llevaran esa estadística, resultarían con más sindicalistas asesinados que Colombia.

La realidad es distinta. Según la Fiscalía, en 2005 en Colombia asesinaron 1.294 comerciantes, 1.050 desempleados, 949 agricultores, 800 de oficios varios, 545 albañiles, 446 estudiantes, 428 guerrilleros, 381 vendedores ambulantes, 375 conductores, 236 soldados profesionales, entre otros. Ese año la ENS reportó 72 sindicalistas asesinados y el gobierno 40. La tasa de homicidios del país es de 33 por cien mil habitantes, de 86 para policías y para los sindicalistas de apenas 5. Ser sindicalista es menos peligroso que ser comerciante, agricultor, albañil, estudiante o soldado.

La OIT ha dictado su fallo. Pese a carencias reconocidas, nuestros progresos merecieron en Ginebra reconocimiento y estímulo. ¿Tendrán la gallardía de reconocerlo así los críticos empecinados y ayudar a empujar el carro en lugar de atrancarlo?

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia

La seguridad de los sindicalistas y el bloqueo al TLC*

Por: Daniel Mejía.

http://www.lasillavacia.com/elblogueo/blogoeconomia/la-seguridad-de-los-sindicalistas-y-el-bloqueo-al-tlc

Los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá están bloqueados. Uno de los principales argumentos que los legisladores estadounidenses y canadienses han utilizado para sostener este bloqueo es la falta de resultados del actual gobierno colombiano en materia de las condiciones de seguridad de los sindicalistas. Los argumentos, sin embargo, se han basado muy poco en resultados y cifras concretas y mucho en demagogia y lobby para bloquear el TLC con el fin de proteger intereses particulares. ¿Cuáles son los indicadores concretos de la violencia contra sindicalistas en Colombia? ¿Ha habido progresos en esta materia? En particular, las estadísticas que acá se muestran sobre la evolución en el tiempo de los homicidios de sindicalistas en Colombia contrastan con las aseveraciones recientes de algunos congresistas, periodistas, y miembros pertenecientes a sindicatos en Colombia y otros países.

Cualquier asesinato es un hecho muy grave, más aún cuando el móvil de éste es la posición ideológica o política de la persona asesinada. Sin embargo, a la hora de evaluar los avances hechos para enfrentar un problema tan grave como lo es la criminalidad y la violencia contra sindicalistas en Colombia, es muy importante mirar las cifras y estudiar indicadores concretos de resultados; especialmente si se pretende usarlos para bloquear los tratados de libre comercio que Colombia quiere suscribir con otros países como EE.UU. y Canadá.

El Gráfico 1 muestra la evolución de la tasa de homicidios en Colombia por cada 100,000 habitantes (panel A) y la tasa de homicidios de sindicalistas por cada 100,000 sindicalistas (panel B).[1] La tasa de homicidios de sindicalistas en 2008 fue 6,1, mientras que para la población total fue de 36. En otras palabras, la tasa de homicidios para la población total es 6 veces mayor que la tasa de homicidios asociada a personas afiliadas a sindicatos en Colombia. Para ver esto basta notar la diferencia en las escalas de los dos paneles del Gráfico 1. La tasa de homicidios de sindicalistas en Colombia en 2008 alcanzó uno de los niveles más bajos desde 1986 (año desde el cual se tienen datos).



Como se aprecia en los dos paneles del Gráfico 1, las dos tasas de homicidios han bajado notablemente en Colombia. Sin embargo, la tasa de homicidios de sindicalistas ha bajado más rápidamente que la tasa de homicidios para la población total. Esto se puede observar en el Gráfico 2, en donde se muestra la razón entre la tasa de homicidios para la población total y la tasa de homicidios de sindicalistas en Colombia. Como se observa en este gráfico, la tasa de homicidios de la población total sobre la tasa de homicidios de sindicalistas ha venido creciendo de manera sostenida desde el año 2001. En otras palabras, los progresos en materia de reducción de homicidios de sindicalistas han sido mayores que los progresos en materia de reducción de homicidios para la población total. Cabe anotar que dada la forma en que se construye esta última gráfica, es posible utilizar la información disponible hasta mayo de 2009.

Una nota un poco más larga sobre este tema se puede descargar de: http://www.webpondo.org/dmejia/ssytlc.pdf

[1] Cabe anotar que las cifras de asesinatos de sindicalistas utilizadas en esta Gráfica fueron tomadas de documentos de la Escuela Nacional Sindical (ENS), no de las cifras que maneja el Gobierno Nacional sobre asesinatos de sindicalistas. En otras palabras, el indicador de homicidios de sindicalistas en Colombia toma el número de homicidios de sindicalistas en Colombia entre 1995 y 2008 reportados por la ENS y el número de personas afiliadas a sindicatos en Colombia, también reportados por la ENS.

¿Signos alentadores?

Libardo Botero*

Blog Debate Nacional, Medellín

Junio 4 de 2009

Varios sucesos de los últimos días en nuestro mundo laboral pueden constituir signos alentadores, además de contradecir la prédica empeñada en mostrar a Colombia como territorio hostil a las demandas de los trabajadores.

Sus protagonistas, las organizaciones sindicales talvez más representativas del sector privado y público, Sintrainagro, la Uso y Fecode, afiliadas todas a la principal y más vertical central obrera, la CUT.

Urabá fue por más de dos décadas una de las regiones más violentas de Colombia. El sindicalismo pagó allí una cuota de sangre espantosa, con más de 800 víctimas, la mayoría asalariados bananeros afiliados a Sintrainagro, por cuenta sobre todo de la ferocidad de las Farc. Pero el cambio ha sido profundo: desde hace ocho años no ha sido asesinado ni un solo sindicalista, en el sector bananero la tasa de afiliación supera el 90 por ciento, los sindicatos actúan con entera libertad, las empresas han asumido el reto de la responsabilidad social como pocas en el país.

De suerte que, pese al repudio explicable de algunos, los trabajadores de la fruta pudieron realizar un paro como una actividad legal normal, contando con toda la protección del Estado. Es posible que el reajuste salarial logrado pudiera haberse obtenido sin la huelga, pero esos son los gajes de nuestro sistema de garantías y derechos.

Mientras el conflicto laboral se desenvolvía, algunos voceros de la CUT viajaban a Europa para atacar el Acuerdo Comercial que se negocia con la UE, aduciendo falta de garantías sindicales en el país. La paradoja reside en que ese convenio ha de favorecer sobre todo la exportación de la fruta al reducir los exorbitantes impuestos que se pagan para el acceso al Viejo Continente, y con ello el empleo y la calidad de vida en Urabá. Afortunadamente en los medios sindicales de esta región las prédicas absurdas contra la seguridad democrática y los tratados comerciales no tienen mucho eco.

Uno de los reclamos históricos del sindicalismo en Colombia, respaldado por la OIT, ha sido el de la negociación colectiva en el sector público. Pues bien, el gobierno a través del decreto 535 de 2009 otorgó tal derecho, bajo la figura de acuerdo concertados negociables cada dos años, con las obvias limitaciones legales en temas como el salarial, cuya fijación corresponde al Congreso a través de la ley de presupuesto en el orden nacional.

La CUT respondió rechazándolo ya que, según sus palabras, ese derecho de negociación “no existe en la realidad, pues las autoridades no tienen ninguna obligación de recibir y menos negociar las peticiones que les presentan los sindicatos de empleados públicos”, entre otras razones.

Pues la sorpresa es que Fecode, con alrededor de 300.000 afiliados, pese a las opiniones de la CUT, acaba de firmar con el Ministerio de Educación el primer acuerdo concertado bajo la nueva norma legal, contemplando amplios beneficios para el magisterio.

Por último, la Uso pactó hace poco con ECOPETROL una especie de “pacto de no agresión”, talvez recapacitando sobre desastrosas experiencias del pasado, con el fin de moderar las expresiones utilizadas en los reclamos laborales y darles un conducto apropiado.

¿Podrá pensarse que hay una nueva actitud en reconocidos sectores del sindicalismo? Sería de suma importancia que tales acontecimientos abrieran senderos de concertación, sobre todo en esta época de crisis económica, para bien del país y de los trabajadores. Ellos pueden ser pilares para cimentar el “diálogo social” y buscar un pacto por el “empleo decente”, como lo pregona la OIT.

Por el contrario sería decepcionante que se prosiguiera, por cierto liderazgo ideologizado, en la ambigua y dañina actitud de pregonar a los cuatro vientos una supuesta negación de derechos, mientras se los utiliza al máximo en provecho propio.

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

Colombia en la lista de progresos en derechos laborales de la OIT

Colombia nuevamente en lista de la OIT por progresos en aplicación de normas laborales

Ministerio de la Protección Social

Boletín de Prensa No 051

Junio 4 de 2009

En un informe de la Comisión de Expertos de la OIT, se reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno y de sus esfuerzos, reconocidos por las organizaciones sindicales, para llevar adelante las investigaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas.

Bogotá, 4 de junio de 2009.- Después de tres años, la Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, incluyó a Colombia en la lista de casos individuales que serán analizados la próxima semana en el marco de la 98 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, por ser un caso de progreso de Normas Internacionales de Trabajo.

El país había estado por fuera de este listado y en esta oportunidad el Organismo compuesto por sindicatos, empresarios y gobiernos estudiará los avaneces de nuestro país en los últimos tiempos.

El informe de la Comisión de Expertos de la OIT resalta el esfuerzo del Estado en la lucha contra la impunidad y la protección de los dirigentes sindicales.

“La Comisión toma nota de todas las medidas adoptadas por el Gobierno y de sus esfuerzos, reconocidos por las organizaciones sindicales, para llevar adelante las investigaciones relativas a las violaciones de los derechos humanos de los sindicalistas” señala el informe.

Agrega que “la Comisión pide al Gobierno que continúe tomando todas las medidas a su alcance para llevar adelante y agilizar todas las investigaciones relacionadas con los actos de violencia contra el movimiento sindical y expresa la firme esperanza que las medidas recientemente adoptadas en relación con el nombramiento de nuevos fiscales y jueces permitirán disminuir la situación de impunidad y lograr el esclarecimiento de los actos de violencia cometidos contra los dirigentes sindicales y los afiliados así como la captura de los responsables de los mismos. La Comisión pone de relieve la tarea desempeñada por los jueces de descongestión y expresa la esperanza de que los mismos continúen desarrollando sus funciones”

En otro aparte del informe, los expertos indicaron que “la Comisión expresa su satisfacción en los casos en los que, tras los comentarios que ha formulado sobre un asunto específico, los Gobiernos han adoptado medidas, ya sea a través de la adopción de una enmienda a la legislación, ya sea a través de un cambio significativo en la política o en la práctica nacional, con lo que se logra un mayor cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los correspondientes Convenios. La razón para la identificación de los casos de satisfacción es doble: dejar constancia de que la Comisión se congratula por las medidas positivas adoptadas por los gobiernos en respuesta a sus comentarios, y aportar un ejemplo a otros gobiernos e interlocutores sociales que tienen que tratar asuntos similares.”

El Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt, estará presente en Ginebra haciendo parte de la delegación tripartita colombiana para las deliberaciones y conclusiones del caso e intervendrá ante el organismo de control como lo hizo el año anterior, para informar a la comunidad internacional sobre los avances que en esta materia ha logrado Colombia.

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=18686&IDCompany=3

Sindicatos: ni tan pocos ni tantos

Por Juan Carlos Guataquí*

Portafolio, Bogotá

Mayo 18 de 2009

Los días posteriores a las actividades del Día del Trabajo fueron el escenario de otro acto de la ya sorprendente y recurrente discusión nacional que gira sobre las cifras y no sobre lo que ellas dicen.

Coloquialmente habría que preguntarse quién se beneficia tanto de trasladar la discusión, haciendo una analogía, hacia las características de la escala de grados centígrados y no al hecho de que un individuo que tiene más de 40 grados de temperatura está enfermo. En este caso la discusión en particular giró en torno a las cifras de desempleo y la posible relación entre la tasa de sindicalización y el número de personas que participaron en las marchas de protesta.

La incidencia efectiva de la sindicalización en Colombia ha sido uno de los aspectos más polémicos y metodológicamente rezagados de las estadísticas laborales en Colombia. El último censo sindical data de 1990.

Históricamente, los registros se actualizaban en función de los sindicatos creados pero sus ajustes a la baja eran muy deficientes: se suprimían de los registros muy pocos de los sindicatos que desaparecían. Adicionalmente las reformas laborales, al flexibilizar la relación laboral, tornaron más complejo el manejo conceptual de la relación de dependencia laboral, el cual es un factor clave para la sindicalización.

En un reciente estudio coautorado con Andrés García y Mauricio Rodríguez hemos tratado de ofrecer un análisis de los determinantes de la sindicalización en Colombia. Hemos encontrado que la tasa de sindicalización, de acuerdo con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares es de 3,05 por ciento, medida como porcentaje del total de ocupados en el país, y que se incrementa a un 5,38 por ciento si se mide como proporción de los trabajadores asalariados.

Más importantes quizás que estos índices son los resultados relacionados con los determinantes de la sindicalización. En términos generales, la probabilidad de que un trabajador asalariado se sindicalice es mayor si es hombre, creciente en su nivel de edad y función inversa de los niveles educativos.

La sindicalización es función positiva del tamaño de la firma, es mayor en el sector público y al interior de dicho sector la sindicalización femenina se incrementa notoriamente. Pasto exhibe la mayor densidad sindical y Barranquilla la menor, mientras que la mayor densidad sindical en el sector público se encuentra en Cali. Los operarios muestran mayor sindicalización que los empleados administrativos.

Según los resultados, a la luz de los factores analizados, los patrones característicos de la sindicalización son semejantes a los de otros países latinoamericanos, considerando las características de los individuos que manifiestan pertenecer a un sindicato.

No obstante, y de nuevo tratando de enfatizar lo que las cifras dicen y no las cifras mismas, la violencia ejercida contra los sindicalistas muy probablemente ha reducido la membresía sindical y conlleva el efecto de que las características estructurales de la sindicalización en Colombia no puedan ser comparadas directamente con las de otros países dado que existen factores nacionales específicos que es necesario tener en cuenta.

* Profesor U. del Rosario.

Pacto Social por el empleo

Libardo Botero

Blog Debate Nacional, Medellín

Mayo 18 de 2009

Según el Dane, el alza de la tasa de desempleo no se debe tanto a la pérdida de empleo –como en EEUU- sino a falta de nuevas plazas para la masa de trabajadores que ingresa al mercado. La informalidad campea, lo ratifica la última encuesta de Fedesarrollo, pero tampoco es un fenómeno nuevo. En todo caso, crear empleo e impedir su pérdida es una necesidad imperiosa de la situación.

Hay un cierto consenso en fórmulas keynesianas para estimular la producción a través del gasto público. Pero en cuanto al tipo de empleo a generar no lo hay. Múltiples propuestas se ventilan. Fedesarrollo reitera la de flexibilizar la normatividad laboral, en especial los costos que gravan la nómina, como los parafiscales, o eliminar la rigidez del salario mínimo (casi tres millones de personas devengan por debajo de éste). Algunos se lamentan de que no tengamos un buen seguro de desempleo. Otros recuerdan la necesidad de ajustar el sistema pensional. Pero las centrales sindicales se oponen con verticalidad a esas fórmulas, señalando, entre otras cosas, que no han sido los trabajadores los causantes de la recesión. Impulsan, junto con el Polo Democrático, una reforma laboral que vuelva a las rigideces del pasado.

Como se ve, el problema no es fácil. Hace poco el Presidente Uribe señaló que “no se puede crear empleo afectando la remuneración” y se declaró opuesto a modificar la parafiscalidad. Sin embargo, para prohijar empleo temporal, con una buena dosis de realismo ha propuesto ampliar un tiempo el contrato de aprendizaje, que carece de parafiscales; o flexibilizar su pago para los nuevos contratos. El momento no está para rigideces conceptuales o espejos retrovisores. Al momento de salvarse del naufragio poco cuenta la discusión de quién fue el responsable.

Los trabajadores de Coltejer dieron al país un ejemplo de sensatez el año pasado: aceptaron renunciar a una convención colectiva insostenible, para salvar la empresa, bajo el liderazgo de un nuevo sindicalismo. Hoy está en recuperación, los empleos se salvaron, con contratos a término indefinido y nueva convención colectiva. La minoría ultrarradical, que en actitud suicida prefería hundir la nave a sacrificar unos beneficios, negoció sus indemnizaciones por unos millones y allí concluyó su lucha “heróica”.

No siempre los asalariados son ajenos a la crisis. Para muestra, los casos de Chrysler y General Motors en EEUU. Su sindicato, UAW, se negó con obstinación en el pasado a reducir garantías en salud y otros aspectos, restándoles competitividad a los gigantes automotrices, que llegaron debilitados a la recesión actual. Si bien accionistas y dueños de bonos están pagando la factura por equivocaciones del pasado, los obreros también: de 200.000 sindicalizados de hace apenas 10 años cayeron hoy a 60.000 en la GM. Y en las dos empresas han tenido que aceptar recortes salariales y prestacionales impensados, de miles de millones de dólares, y aún con ello no se ha logrado salvarlas de la bancarrota. Para mantener a flote el Boston Globe, reconocido diario de esa ciudad, los sindicatos aceptaron reducciones equivalentes a 20 millones de dólares, cifra que de todos modos no asegura plenamente la supervivencia del rotativo.

Es necesario el concurso de empresarios, gobierno y trabajadores, para buscar salidas creativas y eficaces a las falencias actuales en empleo. Y darle cuerpo a la propuesta de un Pacto Social con ese fin que el 1 de mayo del año pasado elevaran en Medellín el Nuevo Sindicalismo y el Presidente Uribe. Con mente abierta de todas las partes. Los empresarios, evitando la precarización de las relaciones de trabajo. Y los sindicatos o centrales que estén dispuestos, aceptando discutir las regulaciones laborales.

Los países nórdicos de Europa, con un sistema de protección social envidiable, aplican el llamado “Sistema de Gante”. Sus sindicatos son fuertes, cubriendo el 80% de los asalariados, excepcional en el mundo. La razón: manejan un vigoroso seguro de desempleo, de hasta 4 años con mesadas significativas, que solo pueden disfrutar los afiliados. A cambio no hay normas que fijen salario mínimo, ni derecho de huelga, ni convenios colectivos obligatorios. ¿Cuánto se puede ceder acá de parte y parte para salir adelante? Ojalá empresarios, sindicatos y gobierno, aprendieran de la sensatez de los trabajadores de Coltejer y de los vientos innovadores que soplan del norte de Europa.

Sindicalistas asesinados: una contabilidad retorcida

Por Libardo Botero*

Blog “Debate Nacional”

Mayo 5 de 2009

Para el gobierno van 10 sindicalistas asesinados este año. Las centrales obreras, siguiendo su fuente dilecta, la Escuela Nacional Sindical (ENS), apuestan por 9, un poco menos como cosa rara. Yo pienso que pueden ser más. Hace poco un líder sindical me informaba del asesinato por delincuentes comunes, de un miembro de su organización; pero se niega a reportarlo pues no comparte el criterio de darle una connotación política que no tiene. Nos duele y repudiamos el asesinato de cualquier compatriota, ¿pero qué sentido tiene esta cruel contabilidad?

Somos el único país en el mundo que tiene una entidad dedicada a registrar esa cuenta fatídica -la ENS- y a edificar sobre ella un mito: que somos el país más peligroso del mundo para el sindicalismo. Hay una especie de morbo en rebuscar muertos a tutiplén para elevar la suma lo más alto posible y enrostrarla al gobierno, pese al evidente descenso de los casos. La Confederación Sindical Internacional reprodujo hace unas semanas la información de sus pares colombianos sobre 4 sindicalistas muertos, cuando ya se había aclarado que dos no eran sindicalistas y un tercero murió de infarto y no asesinado. A la CSI solo le interesa difundir la versión que le llega y parece regodearse con ello.

Para la lista cualquier tipo de muerto vale, con tal de presentar un “genocidio” contra el sindicalismo por obra y gracia del gobierno y los empresarios. Pero la realidad es que la inmensa mayoría de los muertos no lo son por su calidad de sindicalistas, y los autores principales son guerrilleros, paramilitares o delincuentes comunes. Acaba de declarar el Fiscal Mario Iguarán: “En los dos últimos años se ha proferido más del 73 por ciento del total de las sentencias condenatorias que por asesinato de sindicalistas se han dictado en la historia judicial de este país. Y los culpables son las Auc, la guerrilla y la delincuencia común. Si bien se han asesinado sindicalistas en razón de su actividad, debe anotarse que en un buen número de casos son ultimados por causas ajenas a su calidad de sindicalistas. En otros casos, hemos concluido que la responsabilidad es atribuible a miembros de la Fuerza Pública, pero no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano”. Nada de eso se reconoce pues se quiere mostrar lo contrario a toda costa.

Tengo la sospecha de que nuestra situación no es diferente a la de otros países, o inclusive de menor cuantía, pero en ninguna otra parte tienen una entidad especializada en llevar esa estadística, ni grupos interesados en magnificarla y deformar el fenómeno. EEUU, por ejemplo, tiene un total de homicidios similar al de Colombia, entre 16 y 17 mil por año; y una tasa de afiliación sindical 3 veces superior a la nuestra, con unos 16 millones de miembros. Solo en los lugares de trabajo son asesinadas alrededor de 1.000 personas al año. La probabilidad de que un sindicalista sea asesinado –por diversas causas, ajenas a su afiliación- es significativa; es presumible que algunos centenares de sindicalistas mueran asesinados cada año. Y así puede ocurrir en México o Brasil, entre otros, con mayor sindicalización que nosotros, población más elevada y grados importantes de violencia. Pero no llevan esa contabilidad retorcida ni sufren la saña enfermiza que Colombia.

Según datos de la Fiscalía, en 2005 en Colombia fueron asesinados 1.294 comerciantes, 1.050 desempleados, 949 agricultores, 800 personas de oficios varios, 545 albañiles, 446 estudiantes, 428 guerrilleros, 381 vendedores ambulantes, 375 conductores, 236 soldados profesionales, entre otros grupos sociales. El mismo año la ENS reportó 72 sindicalistas asesinados y el gobierno 40. La tasa de homicidios del país es de 33 por cien mil habitantes, de 86 para policías y para los sindicalistas de apenas 5. Ser sindicalista es menos peligroso que ser comerciante, agricultor, albañil, estudiante o soldado. Pero para el mundo solo cuentan los asesinatos de sindicalistas. El resto de colombianos no tiene dolientes. Si aquella cifra baja a cero, así la degollina siga para el resto, bienvenidos serán el TLC con EEUU y el Plan Colombia o el Acuerdo con la Unión Europea. ¿Podemos seguir permitiendo esa lógica perversa?

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).

Sindicatos y guerrilla

Libardo Botero C.*

El Tiempo, Bogotá

Marzo 4 de 2009

En el reciente operativo militar que permitió capturar al mayor secuestrador de las Farc en el centro del país, el 'negro Antonio', sucedieron dos hechos contradictorios. El comerciante Gregorio Aguilar, secuestrado por los bandidos, apareció de repente con un pañuelo blanco corriendo hacia la Fuerza Pública y fue rescatado, demacrado y lloroso. Otro personaje, Juan Efraín Mendoza Gamba, huyó junto con los guerrilleros pero fue capturado luego, encontrándose en perfecto estado físico, bien vestido y portando un celular. Se supo después que era directivo de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), perteneciente a la CUT. Después de versiones encontradas, Mendoza aseveró ante un juez que se encontraba allá... ¡secuestrado!

Se reveló luego que Mendoza tenía antecedentes de detenciones en circunstancias dudosas. Y que, al igual que otro miembro del sindicato, Liliana Patricia Obando, detenida por vínculos con las Farc, cruzó mensajes comprometedores con alias 'Raúl Reyes'. Ahora resulta que, de creer la versión del sindicado ante el juez, las Farc secuestraron a uno de los "amigos de Fensuagro", como los califica 'Reyes' en sus correos. Bastante extraño. Tremendo daño ha hecho al sindicalismo el vínculo de muchos de sus miembros con organizaciones armadas ilegales. Y poco ha ayudado la actitud de la dirigencia de las centrales, más interesada en atacar al Gobierno que deslindar campos con los insurgentes.

El episodio de julio del 2007, cuando algunos sindicalistas colombianos hicieron presencia en un Foro en Quito, que brindó respaldo a las Farc y al Eln, es sintomático: para la cúpula sindical, el acusado resultó siendo el Gobierno dizque por poner en peligro la vida de los sindicalistas con su denuncia, y no los mismos sindicalistas por su presencia en el foro. En dicho evento, 'Raúl Reyes', abatido después en el mismo Ecuador, presentó denso documento defendiendo la lucha armada.

Esto no es nuevo. La historia de Urabá es patética. El sindicalismo bananero estuvo permeado desde el principio por Farc, Eln y Epl. Cuando el Epl dejó las armas hace 20 años y se reinsertó sufrió feroz arremetida de las Farc con el fin de apoderarse del mayor sindicato de la región, Sintrainagro, que dirigían los "esperanzados". Resultado: un auténtico genocidio, con 844 sindicalistas asesinados (la tercera parte de los asesinados desde 1986 en Colombia), sobre todo por las Farc. Los mayores homicidas de sindicalistas han sido la guerrilla y los paramilitares, trenzados en disputas de dominio territorial, tráfico de drogas y otros cometidos. Ese oscuro panorama está ya, por fortuna, bastante superado.

La afirmación de que los homicidios de sindicalistas obedecen a una "masacre" de origen empresarial o gubernamental es una distorsión que, desafortunadamente, la dirigencia de las centrales obreras se empeña en sostener. Acaba de señalar Tarcisio Mora que esa cruzada de "exterminio" prosigue, con 4 sindicalistas asesinados en lo corrido de este año, expresión de lo que calificó como "terrorismo de Estado". Resulta que, según información oficial, de dos no hay constancia de afiliación sindical, pues son miembros de asociaciones campesinas. De los otros dos, educadores, uno falleció (no fue asesinado) de infarto en un prostíbulo, y el otro fue asesinado al parecer por delincuentes comunes. ¿Dónde está el "exterminio" por parte del Estado? En el caso del "secuestrado" Mendoza, Tarcisio Mora quiso guardar distancia y dejar a la justicia proceder.

Es evidente que el sindicalismo en Colombia se ha debilitado, al igual que en casi todo el mundo, por diversos factores. Entre nosotros, en parte, por la violencia vivida. Que ahora, por fortuna, ha sido superada en gran medida. Entonces, insistir que prosigue un supuesto "extermino" de sindicalistas, ¿no es crear precisamente temor y prevención entre los trabajadores para afiliarse y contribuir a ese debilitamiento?

* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC)