PALABRAS DE WALTER NAVARRO, PRESIDENTE DEL SINDICATO DE PROFESIONALES DE EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN, A NOMBRE DEL NUEVO SINDICALISMO
Medellín, Mayo 1 de 2008
“Buenos días a todos:
Nuestra Corta Experiencia Sindical
En el año 2002, cuando a finales de septiembre, nos propusimos crear el sindicato de profesionales de EPM como respuesta al decreto ley 1919 que paradójicamente firmó el presidente Uribe, todos en la Empresa estábamos un poco asustados en involucrarnos en un gremio al cual habíamos sido asépticos y escépticos.
En nuestro trasegar laboral, habíamos sido testigos de varias crisis económicas, políticas y sociales de nuestro azotado país, y vimos como el sindicalismo no fue quien desde el punto de vista social había dado respuesta positiva a la conservación del empleo digno, que en última instancia debería ser la razón de ser de estas agremiaciones.
Nosotros, en el Sindicato de Profesionales, tratando de interpretar no solo el sentir del colectivo de la empresa, sino el de la ciudad, nos constituimos en impulsores del blindaje de nuestra empresa más querida de la ciudad y de la región, tratando de protegerla de la práctica nefasta de connivencia entre políticos y sindicatos que desangraron gran parte del patrimonio público del país.
Más tarde, y ante la inminente compra de EADE por Empresas Públicas de Medellín, tratamos de darle una mano a sus trabajadores para que se afiliaran a nuestro sindicato y así poder facilitar la fácil incorporación de EADE en EPM, pero desafortunadamente pudo más la insensatez de unos pocos que conllevó a los nefastos resultados de más de 200 empleos suprimidos y la pérdida de una serie de beneficios relacionados con la sustitución patronal que se habrían mantenido para quienes hoy trabajan en EPM.
Esta experiencia sirvió, no obstante para que, días después, motivados por nuestra acción en defensa de los trabajadores de EADE, los sindicatos que en EPM denominamos SINDICATOS AMIGOS, nos abordaran para conocer de primera mano, una experiencia sindical que para la mayoría de los colombianos, pasa desapercibida, pero que debemos rescatar y resaltar por cuanto significa en nuestra opinión, el deber ser del sindicalismo del siglo 21.
Es así como conocimos a Gerardo Sánchez, Germán Restrepo, Fernando Cadavid, Camilo Torres, Fernando Bayona, Eufrasio Ruiz, Ana Lucía Rojas, César Velazco, Albeiro Franco, Gustavo Palacios, Mario Isaacs, Javier Ramírez, además de nuestros queridos asesores y amigos Libardo Botero, Antonio López, Alberto Arroyave, Fernando Alameda, Mario de J. Valderrama. Y seguramente algunos que se me escapan. Últimamente tuvimos la grata sorpresa de conocer a Oswaldo Cuadrado con quien compartimos el norte de este nuevo rumbo que está tomando el sindicalismo y por supuesto debemos recordar a nuestro inmolado compañero Jairo Giraldo Rey, quien fue defensor incansable de los más de 6000 puestos de trabajo agroindustrial de la región norte del Valle del Cauca.
Hoy, gracias a nuestras coincidencias en el proceder sindical, estamos aquí reunidos para reivindicar una verdad de pulso: “Una sociedad es viable si todos los grupos que la conforman son viables”. Ese es el eslogan básico de la responsabilidad social y es lo que nos reúne aquí en este Gran Pacto Social Gobierno – Empresarios – Trabajadores, por la dignificación del trabajo, hoy precisamente día Internacional del Trabajo
A continuación les describo asuntos necesarios como contexto de este Pacto Social.
Luces y sombras de nuestra situación
Nuestro país ha vivido momentos difíciles en los últimos lustros, tanto por el azote de la violencia protagonizada por grupos al margen de la ley, como por la crisis económica que sacudió a gran parte del mundo a finales del siglo pasado y comienzos del actual. Los dos fenómenos conjugados provocaron muerte y desolación, caída de la inversión, desempleo, degradación social y graves amenazas a la institución del estado democrático.
Aunque el clima de violencia fue generalizado y afectó en mayor grado a ciertos sectores, el movimiento obrero no escapó a sus letales coletazos. Del mismo modo los trabajadores vieron como sus ingresos se menguaban, numerosos empleos se esfumaban, y las condiciones de contratación laboral para muchos eran reducidas a precarias e indignas condiciones.
Por fortuna el país reaccionó y ha logrado en los últimos años revertir esa situación. Antes que nada, con el combate a los violentos, que ha logrado reducir los índices de criminalidad a estándares cercanos al promedio mundial, cuando estuvieron por décadas disparados y muy por encima de éstos. Todo colombiano sensato que haya vivido aquel pasado no puede hoy menos que reconocer este logro trascendental del gobierno actual. El movimiento sindical debe saludar también los esfuerzos ingentes de las autoridades para protegerlo de amenazas y ataques, aunque, como sucede en el conjunto del país, todavía falte tanto por hacer.
Dentro de ese proceso, el desmonte del paramilitarismo constituye, pese a lo polémico, uno de los logros más importantes. No sólo por el alto número de los desmovilizados, de las armas entregadas, y del consecuente descenso de la criminalidad en las zonas donde operaron. Sino en especial porque se ha llevado a cabo bajo los cánones de una ley como la de Justicia y Paz, sin antecedentes en nuestra historia, regida por los preceptos de verdad, justicia y reparación. Celebramos además el que, de manera institucional, el país adelante esa especie de catarsis que es el proceso de la llamada “parapolítica”, dolorosa pero necesaria para purificar los partidos y las instancias de poder.
No debe olvidarse, sin embargo, que el mayor peligro para el país lo sigue representando la actividad terrorista de las guerrillas que persisten en su accionar. Nosotros aspiramos a que, sin renunciar a seguir en el ejercicio firme de la autoridad por el Estado, más temprano que tarde se llegue a un proceso similar de negociación y reinserción a la vida civil por parte de las guerrillas. No habría razón, en todo caso, para que no se guiara por los mismos parámetros de verdad, justicia y reparación del actual. Y qué bueno sería que el país viviera también una catarsis verdadera, como la actual, que desnudara la relación de tantos sectores aquí y allá con la guerrilla, y se les aplicara el condigno castigo. El movimiento obrero sería, seguramente, uno de los más beneficiados de semejante deslinde, curándose de una de las dolencias que tanto lo ha aquejado.
Pasando a otro aspecto de nuestra situación, el económico y social, también podemos reconocer cambios muy positivos. Hoy observamos una alentadora tasa de crecimiento de nuestro producto interno, un descenso persistente del desempleo, una reducción significativa de la inflación, el incremento sistemático de la inversión, descensos de los niveles de pobreza, y extensión sin pausa de la seguridad social y la cobertura educativa. Así como no tenemos reato en reconocer esos avances, aplaudirlos y desear que se afiancen y perduren, no podemos menos que señalar que persisten enormes desigualdades, carencias y debilidades, que es indispensable afrontar con toda la energía necesaria. El mismo Presidente de la República insiste constantemente en este enfoque.
No queremos entrar en detalle en este particular. Pero sí queremos dejar sentado que es indispensable conjugar los esfuerzos y energías del mayor número de sectores y organizaciones de nuestra sociedad para seguir en el camino de mejoramiento. A eso habremos de referirnos más adelante.
Por un nuevo sindicalismo
Como lo expresé antes, es bien conocido que el sindicalismo no pasa por un buen momento en Colombia ni en el resto del mundo. En casi todas partes ha descendido vertiginosamente la tasa de afiliación desde hace varias décadas, perdiendo por ende capacidad de lucha y liderazgo en la búsqueda del mejor estar de los trabajadores. Distintas causas se atribuyen a ese fenómeno. Probablemente la más poderosa sea, a juicio de muchos analistas, el fenómeno de la globalización y las transformaciones concomitantes en las relaciones económicas y en la organización de la producción y los servicios. Atribuir tales mutaciones a la exclusiva aplicación de políticas denominadas “neoliberales”, estigmatizándolas de contera como retrógradas, parece demasiado simplista y constituye además un fácil expediente para evadir un análisis más integro, en el cual cobran relieve las propias responsabilidades del sindicalismo.
Algunos inclusive han llegado a pronosticar la muerte del sindicalismo, pues presumen que éste fue un movimiento propio de las primeras etapas del capitalismo, que habrá de desvanecerse con el predominio creciente de la que se ha dado en llamar sociedad del conocimiento. Aunque seguramente los cambios económicos tengan efectos más duraderos de lo que suponemos en la esfera de la organización gremial de los trabajadores, de suerte que no sea sensato pensar en volver a los viejos tiempos de un sindicalismo boyante y arrogante, no creemos que el espacio para éste haya desaparecido. Sin embargo, si no se realiza un profundo auto análisis de la situación y se adoptan correctivos de fondo, es previsible que la caída en picada de la afiliación prosiga sin atenuantes.
El caso colombiano es patético. Según los últimos datos conocidos, de hace unos 2 años, los afiliados a sindicatos son solo unos 830.000, apenas el 4.5% de la fuerza laboral, que supera ya los 18 millones de personas. Pero la situación es más dramática si tenemos en cuenta que más del 60% de esos afiliados, es decir alrededor de 500.000 son del sector público, el cual ocupa apenas un poco más de un millón de trabajadores. O sea que allí casi la mitad está sindicalizada. En cambio, en el sector privado, asiento de las principales actividades productivas y de servicios que forjan la riqueza del país, donde se generan en números redondos unos 17 millones de puestos de trabajo, el número de afiliados apenas sí rebasa los 300.000, es decir, menos del 2% del total.
Resulta casi cómica, en medio de esta situación, la arrogancia de quienes se sienten dueños y señores de la representación de los trabajadores y se jactan de ello, cuando no son más que una esquelética mayoría de esa inmensa minoría que son los sindicatos. A nosotros nos preocupa más la situación de aquellos millones de trabajadores desprotegidos y sin herramientas para luchar por su reivindicación y progreso. Más que las garantías mayores o menores de un grupo reducido, valiosas sin lugar a dudas, insita nuestra atención la falta de garantías de la gran masa.
En estas condiciones, un grupo de sindicatos, significativo no tanto por el número sino por la importancia de los sectores a los que está vinculado, ha venido acercándose hace cierto tiempo para buscar alternativas a la crisis que se vive. Y ha llegado finalmente a la conclusión de que es necesario trabajar para fortalecer una corriente que encarne los propósitos de un nuevo sindicalismo.
Decimos nuevo porque uno de los primeros puntos de consenso es la necesidad de abandonar las concepciones, estrategias y prácticas del viejo sindicalismo, mandadas a recoger y que bastante daño les ha hecho a los trabajadores y al país. El apego a esquemas organizativos y de lucha anquilosados, su intransigencia visceral, su sectarismo extremo, su dependencia de grupos políticos radicales, su negativa tozuda a la concertación con empleadores y gobierno, su inflexibilidad ante los cambios en la organización económica y social, su actitud de privilegiar intereses particulares sobre los generales, su ambigüedad en deslindar campos con grupos violentos, entre otros factores, los descalifican para abanderar la recuperación del movimiento sindical.
Permítanme, para el efecto, citar el caso de la empresa Coltejer. Como es sabido, vive una crisis aguda fruto del desplazamiento de los géneros nacionales por extranjeros que aplican un claro dumping, y se encuentra en incapacidad de competir exitosamente con los costos actuales, sobre todo los laborales. Un sector de la dirigencia sindical, anquilosada y que a todo se opone, rechazó la propuesta de los dueños actuales de crear una nueva empresa, convirtiendo las prestaciones de los obreros en acciones, al estilo de lo hecho en Paz del Río, quedando éstos de accionistas mayoritarios. Se le daría una solución a la carga de los jubilados, y la nueva empresa acogería a la mayoría de los trabajadores actuales. Los propulsores del nuevo sindicalismo allí, con Gerardo Sánchez a la cabeza, defendieron la bondad de la fórmula, contra las estridencias de los contradictores de siempre. El resultado fue que primó de manera aplastante la cordura y sensatez de los trabajadores de base que, como lo tituló un diario local, salvaron la empresa. Algo similar sucede en el resto de nuestro sindicalismo: las viejas estructuras y liderazgos no se compadecen con los verdaderos intereses de la mayoría de los trabajadores.
Necesitamos un sindicalismo propositivo, auténticamente independiente, democrático, amigo de la concertación y el diálogo con empleadores y gobierno, flexible ante las mutantes condiciones del entorno económico y social, con sentido de responsabilidad social, prestador de servicios esenciales para sus asociados, respetuoso de la ley, ajeno y contrario a los actores armados ilegales, que coloque el interés auténtico de mejoramiento de los trabajadores y el país por encima de estériles confrontaciones antagónicas de clase.
Con tal propósito, en la brega por este nuevo sindicalismo, seguiremos en el proceso de acercamiento y aglutinamiento de las organizaciones gremiales dispuestas a escucharnos, realizando distintos foros programáticos durante los próximos meses. Hacemos este día un llamado a todas las organizaciones que compartan nuestros principios para que se sumen a esta corriente renovadora del sindicalismo, y al conjunto de trabajadores que están dispersos y desorganizados los alentamos a que se decidan a dar el paso de agremiarse, seguros de que encontrarán en nosotros todo el respaldo y apoyo.
Por un amplio Pacto Social
Decíamos atrás que Colombia necesita, para seguir en su senda de avance y coronar importantes transformaciones económicas y sociales, del concurso decidido de la inmensa mayoría de los compatriotas. Esa unidad no presupone ausencia de debate ni de contradicciones, pero sí unos métodos civilizados para sortearlas, y unas metas comunes concertadas en asuntos cruciales para la nación, que permitan dar el salto adelante que anhelan las mayorías.
Tenemos ejemplos a nivel internacional sumamente valiosos de consensos o pactos entre sectores básicos de la sociedad, como los de España e Irlanda. En el primero, al restaurarse la democracia y aprestarse a ingresar a la Unión Europea, se produjeron, tanto entre los distintos partidos políticos, como entre las organizaciones empresariales y de trabajadores, con el propio Estado a la cabeza, acuerdos sustantivos que han tenido resultados encomiables. Cada sector cedió en determinados puntos, pero el beneficio general fue superior. El acatamiento al Estado de Derecho y el rechazo al terrorismo, en lo político, al igual que transformaciones de envergadura en el sistema de seguridad social, hicieron parte integrante de los acuerdos, asegurando el afianzamiento de la democracia en la Península y la sostenibilidad financiera y extensión de la cobertura del régimen pensional y los servicios de salud que se hallaban en precarias condiciones en el pasado. Los temores al ingreso a la Comunidad Europea, válidos en razón del atraso secular de España frente a sus socios del norte, dieron paso al orgullo que sienten hoy al haber coronado con éxito su inserción y ser miembros de primera clase de ese proyecto, gracias en buena medida al consenso mencionado.
Irlanda ha sido calificada como el “milagro celta”, parodiando al de los “tigres asiáticos”. Un pacto social en la década de los 80 del siglo pasado, entre empleadores, trabajadores y gobierno es uno de los principales responsables de la conversión de uno de los países más pobres de Europa para entonces, en el que ostenta hoy el nivel de ingreso per-cápita más alto de ese continente, y el segundo en el mundo. Por siglos Irlanda fue un país pastoril y agrícola, logrando un escaso desarrollo de la industria, y para empeorar las cosas, azotado repetidamente por enfrentamientos violentos. A tal punto que su población, durante el siglo anterior, en lugar de crecer se redujo, por la emigración de millones de personas víctimas del hambre y las guerras. Ostentaba el mayor índice de huelgas de Europa. Para asombro de quienes viven apegados a osificadas estructuras mentales, los trabajadores organizados, dentro del pacto social renunciaron voluntariamente a realizar huelgas durante varios años, y a restringir temporalmente sus exigencias salariales para aplacar la inflación. Entre todos los estamentos se acordó reducir los impuestos en lugar de aumentarlos para estimular la inversión, abrir puertas a la inversión foránea, y desmontar los aranceles en lugar de elevarlos, para facilitar el flujo comercial y de capitales que permitiera la inserción en la economía internacional. Y los resultados contradicen palmariamente la ortodoxia académica: las huelgas desaparecieron por sustracción de materia gracias al nivel de bienestar alcanzado, la reducción de impuestos provocó tal crecimiento económico que el estado goza de un abundante superávit fiscal, y la caída de los aranceles ha conducido a crear un holgado superávit comercial.
La corriente que encarna este nuevo sindicalismo quiere proponer en Colombia un Pacto Social de similares características, aunque obviamente adaptado a nuestras particulares circunstancias. Así se lo hemos hecho saber al gobierno recientemente, en cabeza del señor Presidente Uribe, que ha acogido con beneplácito la propuesta, y nos disponemos a efectuar el llamado correspondiente a los empresarios y a todas las organizaciones de trabajadores dispuestas sinceramente a ello. Naturalmente instituciones como el Congreso y los mismos partidos políticos deberán jugar un papel crucial en su diseño y ejecución. Es, por otro lado, la concreción del llamado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a lo que ha denominado el Diálogo Social.
Se trataría de concertar una serie de principios, políticas y estrategias, en distintos órdenes, que revirtieran en el progreso económico, mayor equidad social y afianzamiento de la institucionalidad y los derechos de los colombianos. Sin entrar en detalle nos atrevemos a sugerir algunos temas que consideramos prioritarios:
-La globalización y la manera de afrontarla mancomunadamente, para lograr la modernización de nuestra economía y su participación exitosa en la competencia internacional, sorteando los riesgos que entraña para muchas empresas y para los mismos trabajadores.
-Las transformaciones indispensables en la seguridad social para buscar a la vez la mayor extensión y cobertura de sus servicios, lo mismo que el mejoramiento de la calidad, y la sostenibilidad del sistema a mediano y largo plazo.
-La incorporación des empresas en el Pacto Global, que reivindican la responsabilidad social de las empresas y demás organizaciones (incluido el sindicalismo), incorporando en ella como asunto prioritario la manera de sortear los retos de orden ambiental que afronta el mundo y por consiguiente el país.
-Igualmente, el cumplimiento pleno de los convenios de la OIT, suscritos por el país, con miras a erradicar el trabajo forzoso y el infantil, promover el trabajo digno y decente, con plenos derechos, sin discriminaciones de género ni de ningún orden.
-El rechazo a la violencia como expediente para la solución de los conflictos sociales o de cualquier índole, y a todo procedimiento no ajustado a la legalidad.
Son temas muy vastos y que requieren seguramente estudio y discusión minuciosos para desarrollar consensos, y enorme voluntad política de las partes. Lo cual habrá de requerir un buen tiempo para su concreción y desarrollo. Pero queremos lanzar, a manera de primer paso, una propuesta concreta que abra la puerta para avances posteriores. Vamos a detallarla.
Como lo mencionamos atrás, en los últimos lustros, por diversas razones han proliferado en Colombia distintas formas de precarización del contrato de trabajo, cuyo resultado ha sido el envilecimiento de los ingresos de los trabajadores y la elusión de las obligaciones en cuanto a su seguridad social. Se destaca entre esas formas de intermediación laboral degradantes el uso de la noble figura de las cooperativas –una de las creaciones históricamente más valiosas del movimiento obrero-, específicamente las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado, para explotar sin misericordia a vastos núcleos de colombianos. Afortunadamente el gobierno ha entendido el clamor de los trabajadores y en los últimos años ha regulado tales cooperativas, lo mismo que las empresas de servicios temporales, para evitar que se utilicen para fines tan perversos, ajenos a su misión verdadera. Sin embargo, falta mucho por realizar. Veamos.
A decir verdad, el control y vigilancia del gobierno para impedir que cooperativas inescrupulosas burlen las normas legales y vulneren los derechos de los trabajadores, es magro y sus resultados pírricos. Se necesita verdadero músculo en la función de inspección del Ministerio de Protección Social, no solo para vigilar a las cooperativas registradas sino a las que operan ilegalmente, que no son pocas. El desconocimiento de la misma realidad del fenómeno delata, de entrada, la falta de control y acción estatal. La voluntad política requerida, que no dudamos que existe a nivel presidencial, debe reflejarse eficazmente a todos los niveles de la administración.
Porque no estamos hablando de un fenómeno menor o intrascendente. Mientras los más optimistas calculan en 400.000 el número de miembros de esas cooperativas que no se ajustan a la verdadera misión de las mismas, otros piensan que superan los 600.000 y aún algunos estiman que pueden bordear el millón de personas. Y allí se conjugan distintas aberraciones, bien conocidas. Desde cooperativas de papel, que gentes inescrupulosas manejan en un maletín, como bolsa de empleo que ferian ante cualquier postor, hasta otras que no son más que caballos de Troya de fuertes organizaciones empresariales que las usan para sustituir trabajo contratado con todas sus prerrogativas por trabajo carente de las mínimas garantías legales.
Las repercusiones de distinto orden no son desconocidas. La OIT de vieja data viene reclamando ante Colombia por esta aberración y solicitando una solución al problema. Y ahora que el país negocia o ha firmado tratados de libre comercio con varios países, particularmente en el caso de los Estados Unidos, la presión se ha hecho mayor, pues ellos sienten, y con razón, que la utilización de esos mecanismos de precarización laboral son una forma de competencia desleal de la peor especie, que es aquella que juega al éxito económico a costa del hambre de los trabajadores. Efectivamente nosotros creemos que parte del Pacto Social debe ser un acuerdo de principios entre empresarios y trabajadores en este tema. Colombia debe competir con productividad y calidad de sus bienes y servicios y no con desmejoramiento de las condiciones laborales, y a esa meta deben contribuir ambos: los trabajadores comprometiéndose con lo primero, con sacar avante las empresas, y los empleadores con lo segundo, asegurando condiciones de vida y de trabajo decentes para sus trabajadores.
De tal suerte la propuesta concreta es precisar un convenio nacional entre las organizaciones de empresarios y de trabajadores que estén dispuestas a ello, y con el gobierno, para eliminar en el término más pronto posible esa forma inicua de intermediación laboral, dándole paso a las formas de contratación previstas en el código laboral, incluida entre ellas el contrato sindical que cada vez cobra mayor importancia como forma que se adapta muy bien a las exigencias de la economía moderna. De contera esa sería una forma expedita de revitalizar el sindicalismo, con nuevas y promisorias perspectivas. Si este empeño prospera, como esperamos, señor Presidente, podremos lograr en un espacio corto de tiempo la reivindicación social de cientos de miles de compatriotas. Nos atreveríamos a proponer como meta que no menos de 200.000 trabajadores transformen su forma de vinculación laboral para ajustarse a la ley en un plazo no mayor de dos años y que por ese medio, además, el sindicalismo se pueda fortalecer ya alcanzar guarismos de afiliación sin antecedentes que, ojalá, puedan superar la meta del millón de afiliados, aún modesta pero sin antecedentes en el país.
La tarea que tenemos al frente es de grandes dimensiones y ha de enfrentar resistencias y obstáculos de toda índole. Pero estamos decididos a asumirla. Solo beneficios ha de traer para Colombia la unión por un nuevo sindicalismo y un significativo y renovador Pacto Social como el que proponemos hoy.
Muchas gracias.”
