La Patria, Manizales
26 de marzo de 2010
BOGOTA.- La Fiscalía precluyó la investigación que se adelantaba contra tres oficiales del Ejército vinculados al proceso como supuestos determinadores de los homicidios de tres sindicalistas en Arauca. De acuerdo con la decisión del fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), no hay pruebas que evidencien que los militares impartieron órdenes a los autores materiales para ultimar a los sindicalistas.
La decisión cobija al coronel Luis Francisco Medina, quien era el comandante del Batallón, y a los mayores Hisnardo Alberto Bravo Zambrano, quien fue jefe de operaciones, y a Eduardo Castillo Arbeláez, quien estaba encargado de la sección de inteligencia. Todos estaban adscritos al Batallón Reveis Pizarro. En la decisión, el fiscal del caso compulsó copias para que esos oficiales sean investigados por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento. Según la investigación que adelantó la Fiscalía, los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 5 de agosto del 2004 en Caño Seco, jurisdicción de Saravena (Arauca), donde una patrulla del Ejército sacó de una vivienda y asesinó a los sindicalistas Jorge Eduardo Prieto Chamucero, Leonel Goyeneche Goyeneche y Héctor Alirio Martínez. Posteriormente, las personas fueron presentadas como muertas e integrantes del Eln.
Los autores materiales de esos crímenes fueron Juan Pablo Ordóñez, subteniente; los soldados profesionales John Alejandro Hernández, Oscar Saúl Cuta y Walter Loaiza Culma, y el civil Daniel Caballero (guía e informante). A estas personas el Tribunal Superior de Bogotá les confirmó, el 26 de agosto de 2009, la condena a 40 años de prisión impuesta por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado-OIT- de Bogotá.
