Informe de Comisión de Expertos
Colombia progresa en protección sindical: OIT
El Tiempo, Bogotá
Marzo 6 de 2010
Pgs. 1-13 y 1-14
Colombia progresa en la aplicación de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relacionados con la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicalización y la negociación colectiva.
Así lo dice la OIT en el Informe de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que le valió al país ser reconocido por segundo año consecutivo como un Caso de Progreso.
De los casos más espinosos examinados por la Comisión, órgano independiente constituido por juristas, es el que tiene que ver con los actos de violencia contra dirigentes sindicales colombianos, que incluyen asesinatos, así como la impunidad de muchos de estos hechos.
Tras escuchar a los voceros de las organizaciones de trabajadores y al Gobierno, que asegura que las muertes de sindicalistas han disminuido significativamente, la Comisión valora los compromisos para esclarecer los hechos violentos contra los sindicalistas y su decisión de aportar recursos para fortalecer la Subunidad de Sindicalistas de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía y de los Jueces Especializados del Consejo Superior de la Judicatura.
Protección a dirigentes
Además, sigue el compromiso estatal con el programa de protección de dirigentes sindicales y trabajadores.
Igualmente, la Comisión observa con satisfacción la expedición de la Ley 1309 del año pasado, que aumentó a 30 años la prescripción de homicidio de trabajadores sindicalizados, considera agravantes los delitos contra miembros de una organización sindical o de defensores de derechos humanos, establece que el que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos laborales o tome represalia por una huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en multa de 100 a 300 salarios mínimos mensuales y dispone que en caso de amenazas o intimidación a un miembro de una organización sindical la pena se aumentará en una tercera parte.
La Comisión lamenta los asesinatos y actos violentos que ocurren desde hace años, pero reconoce las medidas prácticas y legislativas que el Gobierno ha adoptado.
