Santiago Montenegro
El Espectador, Bogotá
Enero 31 de 2010
Una nueva generación de economistas comienza a destacarse por su dedicación a la investigación y por la calidad y pertinencia de sus estudios.
Si los economistas de las tres décadas anteriores fueron primordialmente macroeconomistas, su audiencia fue nacional y su mayor aspiración fue lograr un alto cargo en el Estado, los de esta nueva generación son microeconomistas, escriben y argumentan para el mundo y, en lugar de cargos en el Estado, aspiran a alcanzar reconocimiento académico y científico global. En tanto la anterior generación surgió de la Universidad de los Andes y de la Nacional, los de la nueva provienen de éstas, pero también de otras universidades de Bogotá y de diferentes ciudades.
El profesor Daniel Mejía, de la facultad de economía y del CEDE de Uniandes, es un miembro destacado de esta nueva generación de economistas colombianos. Consistente con la realidad nacional, sus objetos de estudio recientes han sido temas como el narcotráfico y la violencia en Colombia. Su última investigación —con la joven economista María José Uribe— responde a uno de los temas más álgidos y controversiales del debate colectivo, como es la violencia contra los sindicalistas en Colombia. En particular, el propósito de su investigación es responder a la pregunta: ¿ha sido la violencia antisindical sistemática y dirigida? (Documento CEDE N° 28, noviembre de 2009). Más allá de la importancia que tiene el sindicalismo como colectivo social con aspiraciones a gozar de todos los derechos que confiere la Constitución, este debate ha tomado una inusitada importancia al traspasar las fronteras. No sólo los líderes sindicales y las ONG colombianas, sino también ONG de varios países, congresistas y líderes sindicales de los Estados Unidos, Canadá y Europa han argumentado que los tratados de libre comercio con Colombia deben ser bloqueados por la violencia contra los sindicalistas en nuestro país. Utilizando diversas fuentes e indicadores, el estudio de Mejía y Uribe concluye que ha habido una marcada caída en los homicidios de sindicalistas en los últimos ocho años; demuestra que la caída en los homicidios es mayor cuando se utilizan las fuentes de la Escuela Nacional Sindical que con los datos del Gobierno; argumenta que la caída en el homicidio de los sindicalistas es mucho mayor que el desplome en la tasa total de homicidios del país y mayor aún que la caída de las tasas de homicidios de otros colectivos sociales, como las de los maestros, periodistas, alcaldes y concejales. Los autores tampoco encontraron evidencia estadística soportando la hipótesis de que el homicidio contra los sindicalistas está asociado al ejercicio de su actividad, como negociaciones salariales y huelgas. Sin descartar que pueden existir casos individuales en los cuales se ha asesinado y se ha ejercido violencia a personas por sus funciones sindicales, no encontraron evidencia de que éste sea un fenómeno generalizado. En tanto la tasa global de homicidios de Colombia está en 35 por cien mil habitantes (la décima más alta entre 144 países), la de los sindicalistas está en 5, una cifra comparable a la que hoy en día tiene los Estados Unidos o Perú. En su investigación sobre las políticas antidrogas —muy crítica de la política oficial y del Plan Colombia— Daniel Mejía recibió ataques por parte de algunos funcionarios públicos y en ésta sobre la violencia sindical ya ha recibido y recibirá aún más críticas de muchas ONG y organizaciones laborales. Colombia necesita académicos como Daniel Mejía, quienes investigan y escriben, no para halagar a los gobiernos o para complacer a la galería, sino sólo en busca de la verdad.
