Bogotá D.C., marzo 28 de 2007
Honorable
Charles Rangel
Presidente
Comité de Medios y Arbitros
Cámara de Representantes
Washington D.C.
Apreciado Presidente Rangel:
En este momento está a consideración de los Congresos de la República de Colombia y los Estados Unidos de América el Tratado de Libre Comercio (TLC) recientemente firmado entre ambos gobiernos. Diversos sectores de la opinión de ambos países se vienen manifestando sobre el particular. Las direcciones de las centrales obreras de Colombia, al igual que las de Estados Unidos, han expresado criterios contrapuestos al tratado.
Los abajo firmantes, organizaciones y dirigentes sindicales representantes de importantes sectores de la producción y los servicios de Colombia, vinculados algunos a las centrales sindicales colombianas, dentro del mayor respeto por las opiniones de los demás, hemos decidido dar a conocer nuestra opinión favorable al TLC, porque lo consideramos un deber con los trabajadores y el país.
En primer lugar quisiéramos expresarle que desde el punto de vista económico el TLC beneficia a los dos países, teniendo en cuenta que nuestras economías son más complementarias que competitivas, y que los intercambios que ya son intensos (en parte por el APTDEA) han de ensancharse con el tratado, generando mayor empleo y bienestar para las dos partes.
En segundo lugar queremos efectuar algunas apreciaciones sobre el capítulo laboral del tratado que ha sido cuestionado por algunas centrales sindicales colombianas y de los Estados Unidos.
Dicen las confederaciones colombianas en relación con los derechos laborales: “La legislación laboral colombiana y las prácticas empresariales avaladas por el gobierno, se distancian cada vez más de la normatividad de la OIT.”; y que “El TLC estimulará la implementación de nuevas reformas y prácticas laborales que arrasen con los derechos que nos quedan.”[1] Esas aseveraciones carecen de fundamento.
Nuestra legislación no se distancia de la normatividad de la OIT, sino por el contrario, ha venido acercándose cada vez más a ella. Lo prueban por ejemplo las disposiciones y medidas adoptadas para eliminar el trabajo infantil. De igual modo, las prohibiciones de efectuar intermediación laboral por parte de las cooperativas de trabajo asociado.
Precisamente en la dirección de mejorar nuestra normatividad, y ante el reclamo de los trabajadores, el Gobierno expidió el pasado 27 de diciembre el Decreto 4588 de 2006, que reglamenta las Cooperativas de Trabajo Asociado, en el sentido de obligarlas a vincular a sus asociados al régimen de seguridad social integral, y de impedirles realizar intermediación laboral. Así mismo, con el fin de agilizar y hacer más transparente el trámite de los pleitos laborales, el Congreso estudia un proyecto de reforma que introduce el sistema oral y otras mejoras a estos procesos. Por lo demás, la justicia laboral en Colombia es independiente, como el conjunto del sistema judicial.
En cuanto al supuesto efecto negativo del TLC, basta repasar el Capítulo 17 del acuerdo para concluir lo contrario. Las partes contratantes reafirman allí sus obligaciones como miembros de la OIT y su compromiso de cumplir los convenios que hayan suscrito, lo mismo que respetar los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos. Así mismo, reafirman el respeto a sus constituciones y el derecho de cada uno a adoptar o modificar su propia normatividad laboral, siempre que sea consistente con los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Y para que no quede duda sobre las intenciones de impedir que se menoscaben los derechos laborales para favorecer intereses económicos, establece: “Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna”.[2] En este orden de ideas, es de esperarse que con la aprobación del TLC los trabajadores se vean beneficiados, pues se ejercerá una vigilancia estricta, no solo nacional sino internacional, al cumplimiento de los derechos laborales.
El tema de los derechos humanos y las libertades sindicales también ha sido agitado con motivo de la suscripción del TLC. Tanto sindicatos colombianos, como norteamericanos, han efectuado manifestaciones completamente desenfocadas sobre este particular[3]. Sus declaraciones dan a entender que el gobierno y los empresarios son los causantes de la violencia contra los sindicatos y el clima de restricción de sus derechos, bien por acción o por omisión.
Para quien conozca a fondo la situación del país, como nosotros que vivimos en él y somos dirigentes sindicales de muchos años, tales argumentos son absolutamente parcializados. Fenómenos como “los asesinatos de dirigentes y activistas sindicales”, o “el desplazamiento forzoso y el exilio de miles de trabajadores por amenazas contra sus vidas”, obedecen en su inmensa mayoría a la acción de grupos al margen de la ley, llámense guerrillas, paramilitares u otros. El gobierno por su parte ofrece la mayor protección posible a los dirigentes sindicales amenazados, como fácilmente puede constatarse. Además, tales hechos criminales vienen reduciéndose drásticamente en el país por la acción decidida de las autoridades contra las distintas organizaciones al margen de la ley.
Sumado a lo anterior es importante mencionar que bajo el auspicio de la OIT, la dirigencia sindical colombiana, el gobierno y los empleadores, han acordado desde el año pasado trabajar juntos para enfrentar diversos problemas que afectan al movimiento sindical, particularmente la violencia y
Colombia tiene numerosos problemas de orden económico, social y político. De eso somos conscientes. No es nuestro interés ocultarlo ni mucho menos. Pero tanto el gobierno, como los empresarios y los trabajadores venimos haciendo esfuerzos por superarlos, y el país viene consolidando y mejorando sus instituciones y régimen democrático, venciendo el cáncer de la violencia, recuperando la senda del crecimiento y haciéndole frente a las desigualdades sociales. Continuar por esa vía implica numerosos esfuerzos. El TLC no es una panacea, se ha dicho. Es cierto. Pero es una importante oportunidad histórica que el país no puede desperdiciar. De nosotros y de nadie más, depende aprovecharlo positivamente.
Cordialmente,
Fernando Alfonso Bayona Rincón.
Cédula de ciudadanía 9.519.084.
Presidente - Sindicato de Trabajadores de Siderúrgica Paz del Río
Luis Fernando Cadavid Mesa.
Cédula de ciudadanía 70.066.537
Presidente - Sindicato de Trabajadores de la Confección y Textiles de Antioquia (Contrato Sindical Empresa Leonisa)..
Luis Germán Restrepo Maldonado
Cédula de ciudadanía 70.036.524.
Presidente - Sindicato Compañía de Empaques.
Walter David Navarro Giraldo
Cédula de ciudadanía 71.658.127
Presidente – Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín.
Eufrasio Emilio Ruiz Santiago
Cédula de ciudadanía 16.626.726
Presidente - Sindicato de Trabajadores del Ingenio San Carlos (Valle del Cauca)..
Albeiro Enrique Franco Valderrama.
Presidente. Sindicato Nacional de Trabajadores de
Guillermo Rivera
Sintrainagro
José Gustavo Palacio Moreno
Frontino Gold Mines.
Darío Arboleda Builes
Sindicato de trabajadores de fabricato-Tejicóndor
Jorge Iván Díez Vélez
Cédula de ciudadanía 98.658.352.
Unión de trabajadores textiles y de la confección de Colombia (utatexcoc) – secretario general
Sindicato nacional de cotas-cadena - presidente
John Cano Restrepo
Cédula de ciudadanía 8.300.527
Sindicato gremial de equipajeros de Antioquia
[1] “Carta abierta a los Honorables Representantes y a la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América”. Bogotá, Enero 23 de 2007. Opiniones similares expresa la AFL-CIO en carta dirigida al Congreso de los Estados Unidos el 15 de Marzo de 2007, firmada por William Samuel, Director del Department of Legislation.
[2] “Tratado de Libre Comercio Colombia – Estados Unidos”, Tomo I. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Oficina de Comunicaciones. Diciembre de 2006. Página 630.
[3] “Carta abierta los Honorables Representantes y a la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de América”. Bogotá, Enero 23 de 2007. Conceptos parecidos ha expresado la AFL-CIO en carta dirigida al Congreso de los Estados Unidos el 15 de marzo de 2007, firmada por William Samuel, Director del Department of Legislation.
