21 may 2007

Tres beneficios del TLC Colombia-EEUU

TRES BENEFICIOS DEL TLC COLOMBIA-EE.UU.

Por: Libardo Botero C.


1) BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL TLC

El comercio EU-Colombia. Después de una crisis muy grave a fines del siglo pasado y comienzos de éste, y pese a la violencia, Colombia viene recuperándose en su crecimiento económico: el año pasado el PIB aumentó 6.8%, y el antepasado lo había hecho en 5.23%, cuando a finales del siglo anterior había caído en más del 4%. Aunque aún ostenta niveles altos de inequidad social, se han dado pasos alentadores para superarla: la pobreza, medida por el nivel de ingresos, se redujo del 56% de la población en 2002 a 45% en 2006; entre los mismos años la indigencia cayó de un 22% a un 12%.

El TLC con EU deberá ayudar a ese proceso. Es más importante para nuestro país, pues alrededor del 40% del comercio exterior de Colombia es con EU, mientras que EU apenas tiene con nosotros un 0,5% de su comercio. El APTDEA cubre unilateralmente con desgravación a cerca de la mitad de lo que exportamos (petróleo, flores, confecciones, cuero y calzado), con una incidencia importante en el empleo, pero es una ventaja temporal que vence a mediados del presente año; adicionalmente sólo se enfoca en reducción de aranceles y no en las barreras no arancelarias que son el principal obstáculo para muchas de nuestras exportaciones.

La industria. La mayor parte de nuestras importaciones (casi el 90%) de EU son productos industriales (maquinaria, equipos, insumos), que no compiten con manufacturas colombianas sino que las apoyan en su crecimiento. Colombia otorgó a los Estados Unidos en el TLC acceso inmediato para el 81.8% de los productos, de los cuales el 92.5% corresponde a materias primas y bienes de capital no producidos en el país; el restante 7.5% de importaciones contiene productos de sectores nuestros que son competitivos frente a la producción estadounidense.

A la vez en el TLC se acordó que el 99,9% de los productos industriales colombianos podrán entrar sin gravamen a los EU. En su mayoría son ramos de la industria liviana, en los cuales la producción de EU es insuficiente (confecciones, cuero y calzado, por ejemplo). Se incluyen nuevos productos no cubiertos por el APTDEA. La industria también se favorecerá de la participación en las compras estatales en EU. Y se han obtenido significativas ventajas para las pequeñas y medianas empresas colombianas.

La agricultura. De manera irresponsable se ha hablado de grandes perjuicios en este sector por el TLC y por tanto de un supuesto estímulo a los cultivos ilícitos y al narcotráfico. Es al contrario. Pese a su importancia, hay que señalar que el sector agropecuario no representa sino el 12% del PIB y el 15% del empleo en Colombia; y en el comercio exterior apenas llega a un poco más del 10% del total. Es también menos del 10% de nuestros intercambios con EU. Y, en general, y también con EU, Colombia tiene superávit en el comercio exterior de productos agropecuarios: exportamos alrededor del doble de lo que importamos.

Los productos que ya exportamos o que gozarán de beneficios del TLC (café, banano, plátano, flores, azúcar, tabaco, frutas y hortalizas, etc.), y aquellos que no sufrirán impactos negativos (como papa) representan más del 80% del valor de la producción y el área sembrada en la agricultura del país. Se estima un incremento de nuevos productos, que agregarán importante valor a la producción y un volumen de más de 7,5 millones de nuevas hectáreas cultivadas, en los próximos 12 años, por facilidades en el TLC: maderas, palma africana, plátano, yuca, cacao, entre otros. Los productos sensibles, con riesgos en el TLC, tuvieron tratamiento especial, con desgravaciones a largo plazo y períodos altos de gracia: se destacan los casos del arroz y los cuartos traseros de pollo. Hay otros productos con producción insuficiente en el país para atender la demanda, que con el TLC se podrán importar desde Estados Unidos sin arancel, aunque con algunas condiciones: trigo, cebada, soya, maíz, por ejemplo. Debido al incremento de demanda de etanol y a los altos precios internacionales del maíz, en lugar de tener hoy riesgo de reducción en la producción, se espera que su siembra se incremente en Colombia. Y representan en conjunto mucho menos del 20% del valor de la producción y el área sembrada.

Es conveniente también señalar que el mayor deterioro ambiental en Colombia lo ha producido y lo sigue provocando el narcotráfico, con la devastación de la selva tropical y la contaminación que produce el uso intensivo e incontrolado de precursores químicos. La sustitución de esos cultivos, con motivo del TLC, contribuirá a la mejora del medio ambiente.

2) EL EMPLEO EN EL TLC

Colombia llegó a tener, a comienzos de esta década una tasa de desempleo de casi el 20%. Se ha venido reduciendo, hasta colocarse hoy un poco por debajo del 12%. El comercio exterior ha crecido en los últimos años más que el PIB, y las actividades ligadas a las exportaciones han generado más empleo que las otras en el país.

Es evidente que el empleo industrial será beneficiado por el TLC, como ya lo es por el APTDEA. Y que, además, se estimulará el empleo de las PYME. Dado que nuestro comercio con EU en la esfera industrial es más complementario que competitivo, los puestos de trabajo generados no se harán a costa del otro país sino como fruto del incremento del comercio. Realmente nuestro mayor problema en cuanto al empleo industrial (lo mismo que para los trabajadores de EU) proviene de la competencia de mercancías baratas de China y otros países asiáticos. Del mismo modo, la no aprobación de este TLC colocaría a Colombia en clara desventaja con otros países, como Chile, los centroamericanos o México, para solo hablar de los de nuestro hemisferio, que ya tienen tratados firmados con EU y gozan por tanto de acceso preferencial a su mercado.

De igual modo, con el TLC no se arruinará la agricultura forzando a los campesinos a dedicarse a los cultivos ilícitos, como se ha dicho por contradictores del Tratado. El hecho es que los cultivos ilícitos, como los de coca y amapola, progresaron en el pasado en Colombia sin TLC. Y se han reducido en la última década a menos de la mitad de su área sembrada por la acción estatal, con sólido apoyo de EU. Más bien el TLC ayudará a mantener esa tendencia positiva y a intensificar su sustitución por cultivos lícitos y a generar empleo rural.

Así como el valor agregado de los productos que hoy exportamos, como el de aquellos nuevos que se beneficiarán del TLC es más del 80% del total, también el empleo que generan es más del 80% del total. Y, como se explicó ya, los “sensibles” como el maíz, tienen ahora una situación muy favorable para multiplicar su cultivo. Se ha estimado, por otro lado, que los nuevos productos que se van a propiciar, para producir etanol o biocombustibles, o para otros usos exportables, como la palma africana o el plátano, entre otros, pueden generar en los próximos 12 años más de 4 millones de nuevos puestos de trabajo en el campo.

Hay que tener en cuenta que el empleo femenino se beneficia de estas actividades. En ramas como las flores, el cultivo de frutas y hortalizas, o el mismo café, se ocupan miles y miles de mujeres. Como se sabe el nivel de ingresos en las empresas industriales y agrícolas dedicadas a la exportación es más elevado que el de las que solo producen para el mercado interno. No es cierto, por tanto, que promover estas actividades signifique deteriorar ni el empleo ni los salarios de los trabajadores, y en particular de las mujeres. En su inmensa mayoría las mujeres dedicadas a estas labores provienen del mismo campo, de actividades domésticas o de pequeños cultivos, sin remuneración o con muy bajos estipendios, sin ninguna clase de derechos ni de protección social; en las nuevas actividades se cuenta por lo regular con mejores salarios y cubrimiento de la seguridad social.

3) DERECHOS MUMANOS Y LIBERTADES SINDICALES

EL CAPÍTULO LABORAL DEL TLC

Se ha dicho que nuestra normatividad laboral se aleja de la OIT y que con el TLC eso seguirá. Esas aseveraciones carecen de fundamento. Nuestra legislación no se distancia de la normatividad de la OIT sino que ha venido acercándose cada vez más a ella. Lo prueban las disposiciones adoptadas en años pasados para eliminar el trabajo infantil. De igual modo, las prohibiciones recientes de efectuar intermediación laboral por las cooperativas de trabajo asociado, contenidas en el decreto 4588 de 2006. Así mismo, con el fin de agilizar y hacer más transparente el trámite de los pleitos laborales, el Congreso estudia un proyecto de reforma que introduce el sistema oral y otras mejoras a estos procesos. Por lo demás, la justicia laboral en Colombia es independiente como el conjunto del sistema judicial.

En cuanto al supuesto efecto negativo del TLC, basta repasar el Capítulo 17 del acuerdo para concluir lo contrario. Las partes contratantes reafirman allí sus obligaciones como miembros de la OIT y su compromiso de cumplir los convenios que hayan suscrito, lo mismo que respetar los principios y derechos laborales internacionalmente reconocidos. Así mismo reafirman el respeto a sus Constituciones y el derecho de cada uno a adoptar o modificar su propia normatividad laboral, siempre que sea consistente con los derechos laborales internacionalmente reconocidos. Y para que no quede duda sobre las intenciones de impedir que se menoscaben los derechos laborales para favorecer intereses económicos, establece: “Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral interna”.

Es de esperarse que con la aprobación del TLC los trabajadores se vean beneficiados, pues se ejercerá una vigilancia estricta, no solo nacional sino internacional, al cumplimiento de los derechos laborales.

DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN DE SINDICALISTAS

El tema de los derechos humanos y las libertades sindicales también ha sido agitado con motivo de la suscripción del TLC. En medios sindicales colombianos y norteamericanos se han efectuado afirmaciones completamente desenfocadas sobre este particular, dando a entender que el gobierno y los empresarios son los causantes de la violencia contra los sindicatos y el clima de restricción de sus derechos, bien por acción, bien por omisión.

Colombia ostenta, desafortunadamente, talvez la más alta tasa de asesinatos y amenazas a sindicalistas en el mundo. Pero ese fenómeno debe entenderse dentro del clima de violencia existente en el país, y no como un caso especial de cruzada contra el sindicalismo. El año pasado fueron reportados 60 asesinatos de sindicalistas, 12 de ellos dirigentes. Un buen número por causas ajenas a su actividad sindical o por motivos desconocidos. Es una situación repudiable y sumamente preocupante. Sin embargo la proporción de asesinatos de sindicalistas es una de las más bajas frente a otros sectores sociales: mientras los afiliados a sindicatos fueron alrededor de un 2% de la población colombiana, los asesinatos de sindicalistas fueron cerca del 0,3% del total de homicidios del país. Además, es evidente que dichos homicidios de sindicalistas vienen reduciéndose: de casi 200 en 2002 pasaron a 25 en 2005 y 60 el año pasado.

Los asesinatos y amenazas a sindicalistas obedecen en su inmensa mayoría a la acción de grupos al margen de la ley, llámense guerrillas, paramilitares u otros. Así se puede constatar en las cifras que manejan ONG como la Escuela Nacional Sindical (ENS, de Medellín) u organismos oficiales como el Ministerio de Protección Social. Aún si tomamos los datos de la ENS para los últimos 15 años se observa que los atribuibles a funcionarios estatales no llegan al 1% del total, y obedecen seguramente a acciones individuales y no a una política oficial. Además, aunque falta mucho por lograr, tales hechos criminales vienen reduciéndose drásticamente en el país, precisamente por la acción decidida de las autoridades contra las distintas organizaciones al margen de la ley, lo mismo que por los acuerdos de desmovilización y reinserción en marcha. El gobierno ofrece la mayor protección posible a los dirigentes sindicales amenazados, como fácilmente puede constatarse. Unos 1.600 dirigentes sindicales reciben protección del gobierno. De los recursos destinados a protección de ciudadanos, más o menos un 40% se destina a proteger a líderes sindicales, en total más de $ 70.000 millones.

Así como ha combatido sin cejar a guerrillas y paramilitares, el gobierno actual ha ofrecido alternativas de reinserción a todos los grupos. En ese sentido, se adelanta con los paramilitares un proceso importante de desarme y reingreso a la vida civil, que desmovilizó más de 30.000 personas y produjo la entrega de casi 15.000 armas. Se está juzgando a los dirigentes y responsables de delitos, empieza a producirse la reparación de las víctimas por sus victimarios, lo mismo que avanzan las revelaciones de los crímenes cometidos. Este es un hecho único en cualquier acuerdo de paz de nuestro país y ejemplo en el mundo. Que revela el interés del gobierno de desmontar esa fatídica maquinaria de violencia, da cuenta de la solidez de nuestras instituciones democráticas, y desmiente las afirmaciones de algunos de que se está patrocinando el fenómeno del paramilitarismo. De igual manera, se adelantan conversaciones con un grupo guerrillero, el Eln, con el propósito de lograr su desarme y desmovilización. Colombia necesita apoyo de la comunidad internacional para estos propósitos, tanto a través de programas de ayuda como el Plan Colombia, como a través de acuerdos de comercio como el firmado con EU, que favorezcan su progreso económico y social.

Otro de los problemas del país es la impunidad, aunque tampoco es un fenómeno exclusivo de la indagación de responsabilidades de delitos contra sindicalistas. Con el propósito de contribuir a combatir esta violencia, y sobre todo la impunidad reinante, bajo el auspicio de la OIT, la dirigencia sindical colombiana, el gobierno y los empleadores, han acordado desde el año pasado trabajar conjuntamente. Para ello se ha establecido una oficina permanente de la OIT que ayude a las partes para tales fines. Una de sus primeras tareas ha sido la de tomar 100 casos emblemáticos de asesinatos de sindicalistas para buscar esclarecerlos y castigar los responsables. La Fiscalía General de la Nación ha venido, desde 2005 trabajando para resolver varios de los casos de asesinatos, atentados y/o amenazas a sindicalistas. Con motivo del acuerdo tripartito ha intensificado su labor. Se ha creado allí una Subunidad solamente para estas investigaciones, con 13 fiscales y 77 investigadores. En los últimos meses se han proferido fallos condenatorios relativos a los asesinatos de 37 sindicalistas, con más de 60 condenados. Además de eso, ha dicho el Fiscal hace unos días: "Tenemos más de 200 casos, 20 investigaciones formales, 40 personas vinculadas y 20 llamadas a juicio". Y en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz se vienen aclarando varios de dichos crímenes. Ello muestra que se avanza seriamente en la lucha contra la impunidad de muchos años. No es sensato comprometerse con esos propósitos y a la vez desacreditar o desconocer los mecanismos acordados o la voluntad de las partes, como lo hacen algunos.

Colombia tiene numerosos problemas de orden económico, social y político. De eso somos concientes. No es nuestro interés ocultarlo ni mucho menos. Pero tanto el gobierno, como la mayoría de los empresarios y trabajadores están haciendo esfuerzos por superarlos y el país viene consolidando y mejorando sus instituciones y régimen democrático, venciendo el cáncer de la violencia, recuperando la senda del crecimiento y haciéndole frente a las desigualdades sociales. Continuar por esa vía implica numerosos esfuerzos y el apoyo sincero y eficaz de la comunidad internacional, pero sobre todo de los Estados Unidos. El TLC no es una panacea, se ha dicho. Es cierto. Pero es una importante oportunidad histórica que el país no puede desperdiciar, siempre que se apruebe. Eso esperamos la mayoría de los colombianos.

Bogotá, Colombia. Mayo de 2007.