Libardo Botero*
Blog Debate Nacional, Medellín
Junio 4 de 2009
Varios sucesos de los últimos días en nuestro mundo laboral pueden constituir signos alentadores, además de contradecir la prédica empeñada en mostrar a Colombia como territorio hostil a las demandas de los trabajadores.
Sus protagonistas, las organizaciones sindicales talvez más representativas del sector privado y público, Sintrainagro, la Uso y Fecode, afiliadas todas a la principal y más vertical central obrera, la CUT.
Urabá fue por más de dos décadas una de las regiones más violentas de Colombia. El sindicalismo pagó allí una cuota de sangre espantosa, con más de 800 víctimas, la mayoría asalariados bananeros afiliados a Sintrainagro, por cuenta sobre todo de la ferocidad de las Farc. Pero el cambio ha sido profundo: desde hace ocho años no ha sido asesinado ni un solo sindicalista, en el sector bananero la tasa de afiliación supera el 90 por ciento, los sindicatos actúan con entera libertad, las empresas han asumido el reto de la responsabilidad social como pocas en el país.
De suerte que, pese al repudio explicable de algunos, los trabajadores de la fruta pudieron realizar un paro como una actividad legal normal, contando con toda la protección del Estado. Es posible que el reajuste salarial logrado pudiera haberse obtenido sin la huelga, pero esos son los gajes de nuestro sistema de garantías y derechos.
Mientras el conflicto laboral se desenvolvía, algunos voceros de la CUT viajaban a Europa para atacar el Acuerdo Comercial que se negocia con la UE, aduciendo falta de garantías sindicales en el país. La paradoja reside en que ese convenio ha de favorecer sobre todo la exportación de la fruta al reducir los exorbitantes impuestos que se pagan para el acceso al Viejo Continente, y con ello el empleo y la calidad de vida en Urabá. Afortunadamente en los medios sindicales de esta región las prédicas absurdas contra la seguridad democrática y los tratados comerciales no tienen mucho eco.
Uno de los reclamos históricos del sindicalismo en Colombia, respaldado por la OIT, ha sido el de la negociación colectiva en el sector público. Pues bien, el gobierno a través del decreto 535 de 2009 otorgó tal derecho, bajo la figura de acuerdo concertados negociables cada dos años, con las obvias limitaciones legales en temas como el salarial, cuya fijación corresponde al Congreso a través de la ley de presupuesto en el orden nacional.
La CUT respondió rechazándolo ya que, según sus palabras, ese derecho de negociación “no existe en la realidad, pues las autoridades no tienen ninguna obligación de recibir y menos negociar las peticiones que les presentan los sindicatos de empleados públicos”, entre otras razones.
Pues la sorpresa es que Fecode, con alrededor de 300.000 afiliados, pese a las opiniones de la CUT, acaba de firmar con el Ministerio de Educación el primer acuerdo concertado bajo la nueva norma legal, contemplando amplios beneficios para el magisterio.
Por último, la Uso pactó hace poco con ECOPETROL una especie de “pacto de no agresión”, talvez recapacitando sobre desastrosas experiencias del pasado, con el fin de moderar las expresiones utilizadas en los reclamos laborales y darles un conducto apropiado.
¿Podrá pensarse que hay una nueva actitud en reconocidos sectores del sindicalismo? Sería de suma importancia que tales acontecimientos abrieran senderos de concertación, sobre todo en esta época de crisis económica, para bien del país y de los trabajadores. Ellos pueden ser pilares para cimentar el “diálogo social” y buscar un pacto por el “empleo decente”, como lo pregona la OIT.
Por el contrario sería decepcionante que se prosiguiera, por cierto liderazgo ideologizado, en la ambigua y dañina actitud de pregonar a los cuatro vientos una supuesta negación de derechos, mientras se los utiliza al máximo en provecho propio.
* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC).
