Libardo Botero*
Cada que Colombia negocia o quiere ratificar algún tratado comercial, saltan los tradicionales detractores a recitar sus letanías: que hay un “genocidio” contra el sindicalismo, que somos territorio hostil para los derechos laborales. Algunos despistados –o malintencionados- políticos, académicos y comunicadores, aquí y allá, les hacen eco de inmediato.
Pero los hechos pueden más que esa retórica retorcida, y así lo va reconociendo la comunidad internacional. Desde 2006 fuimos excluidos de la “lista negra” de la OIT, en la que estuvimos por años, que incluye a los países donde más se violan los derechos de los trabajadores. Un acuerdo tripartito permitió la presencia en Colombia de la OIT para vigilar y apoyar el proceso de mejoría, que viene avanzando.
Ahora, en el marco de la Conferencia anual de la OIT que acaba de concluir, se ha producido un nuevo hito, algo así como entrar en su “lista blanca”. Primero fue el informe de la Comisión de Expertos, presentada a ese evento, que calificó el de Colombia como un “caso de progreso” en distintas materias. Ese concepto fue respaldado por delegaciones de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, la Organización Internacional de Empresarios, y, visto con buenos ojos por la misma Confederación General de Trabajadores (CGT).
Luego, la Comisión de Aplicación de Normas, basada en el anterior informe, incluyó nuestro país en la lista de casos de progreso. Aunque reitera observaciones en distintos aspectos y falencias innegables, destaca en sus conclusiones el apoyo del Gobierno a la rama judicial y la Fiscalía General para esclarecer crímenes contra sindicalistas, los avances en reparación de víctimas por vía administrativa, la ley que traslada la declaración de ilegalidad de la huelga a los jueces, y fallos de la Corte Constitucional que protegen la libertad y el registro de sindicatos.
En dicha Comisión nuestro embajador ante OIT, Angelino Garzón, el 8 de junio expresó “el reconocimiento del Gobierno Nacional al informe presentado por la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones, que define a Colombia como un caso en progreso e insta a continuar avanzando en el camino trazado y a tener en cuenta sus opiniones y recomendaciones”. A las deliberaciones asistieron delegados de las Altas Cortes colombianas, empeñadas en participar de consuno con gobierno, trabajadores y empresarios en el fortalecimiento de las garantías laborales.
Los hechos son tozudos. El 80 por ciento de los casi doscientos casos resueltos de esos crímenes se han producido en los tres últimos años, tras lustros de impunidad. Según la Fiscalía, la mayoría no tenían relación con la pertenencia de las víctimas a sindicatos, y sus autores fueron paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes o delincuentes comunes. Aunque unos pocos fueron cometidos por agentes estatales, según palabras del Fiscal “no hay un solo caso donde se evidencie que ello es una política del Estado o del empresariado colombiano”
Es un mito que somos el país de mayor violencia sindical en el mundo. Somos sí, el único país del orbe donde una entidad, la Escuela Nacional Sindical (ENS), lleva la contabilidad diaria de sindicalistas asesinados (por cualquier motivo), y los presenta, a coro con la cúpula sindical, como “terrorismo de Estado”. En otras partes llevan solo datos de afiliados asesinados por su actividad sindical, que son pocos en el mundo, como en Colombia. Con esa perversión, resultamos los campeones de esta tragedia sin serlo. Si en otros países con elevadas tasas de homicidio y grados de afiliación sindical superiores al nuestro llevaran esa estadística, resultarían con más sindicalistas asesinados que Colombia.
La realidad es distinta. Según la Fiscalía, en 2005 en Colombia asesinaron 1.294 comerciantes, 1.050 desempleados, 949 agricultores, 800 de oficios varios, 545 albañiles, 446 estudiantes, 428 guerrilleros, 381 vendedores ambulantes, 375 conductores, 236 soldados profesionales, entre otros. Ese año la ENS reportó 72 sindicalistas asesinados y el gobierno 40. La tasa de homicidios del país es de 33 por cien mil habitantes, de 86 para policías y para los sindicalistas de apenas 5. Ser sindicalista es menos peligroso que ser comerciante, agricultor, albañil, estudiante o soldado.
La OIT ha dictado su fallo. Pese a carencias reconocidas, nuestros progresos merecieron en Ginebra reconocimiento y estímulo. ¿Tendrán la gallardía de reconocerlo así los críticos empecinados y ayudar a empujar el carro en lugar de atrancarlo?
* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia
