Alfredo Rangel
El Tiempo, Bogotá
Abril 13 de 2008
La señora Pelosi se salió con la suya. Con su reiterado rechazo al TLC, los congresistas demócratas están privilegiando los intereses económicos particulares de algunos sindicatos norteamericanos y están sacrificando el interés general de Colombia con el pretexto de proteger aquí a una minoría sindical, supuestamente víctima del desamparo del Estado. Pero, detrás de sus argumentos aparentemente humanitarios, para todos es claro que se esconde un mezquino interés electoral. El debate del TLC fue aplazado por puro cálculo electoral interno y para presionar al gobierno a conceder subsidios a ciertas industrias norteamericanas. La situación de los sindicalistas en Colombia es solo un pretexto.
En efecto, como lo reconocen todos, en Colombia ha habido una mejoría general de la situación de seguridad y, por ende, de la protección de los derechos humanos. Y esta mejoría ha sido particularmente notable en el caso de los sindicalistas. El presente gobierno ha hecho esfuerzos que superan los de gobiernos anteriores, y esto se ha reflejado en los muy positivos resultados alcanzados. Colombia está lejos de ser hoy un paredón de sindicalistas, como sí lo fue, desgraciadamente, en años anteriores, por causa de los grupos irregulares.
Esa notable mejoría ha sido consecuencia del impacto combinado del desmonte de la inmensa mayoría de los grupos paramilitares, la disminución de la violencia guerrillera a menos de la mitad de lo que era hace cinco años, la casi desaparición de la guerra sucia entre esos grupos irregulares, una mayor eficacia de la justicia y la ampliación de los programas de protección de los sindicalistas amenazados.
Veamos los hechos. Según la AFL-CIO, la central sindical norteamericana, en Colombia hubo 213 sindicalistas asesinados en el año 2001. De acuerdo con el Ministerio de la Protección Social, en el año 2006 esa cifra descendió a 60 homicidios, y en el año 2007 se redujo a 26 sindicalistas. Más aún, según la Fiscalía General de la Nación, la mayoría de estas últimas muertes no está relacionada con razones políticas o con los vínculos de las víctimas con sindicatos, sino con atracos, disputas pasionales y otros motivos no políticos.
Según el último informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Gobierno recientemente nombró 13 fiscales y 78 investigadores especiales con el fin de investigar y procesar casos de violencia contra sindicalistas. Esta entidad, junto con los tres sindicatos más grandes del país, identificó los 187 casos más significativos de violencia contra sindicalistas. En un corto tiempo, que no tiene antecedentes, 25 de esos casos fueron procesados y resultaron en condena y encarcelamiento de los asesinos. Adicionalmente, el Gobierno ha incluido en sus programas de protección a más de 1.900 sindicalistas.
Las cifras son inapelables. En Colombia, la tasa de homicidio general es de 33 víctimas por cada 100.000 habitantes, la de los policías es de 86 y la de los sindicalistas es de 4. Estadísticamente hablando, esto quiere decir que en Colombia una persona común y corriente tiene 8 veces más riesgo de ser víctima de la violencia que un sindicalista, y que para un policía ese riego es 21 veces mayor que para un sindicalista. Así, no es verdad que en Colombia ser sindicalista aumente el riesgo de ser víctima de la violencia.
La mejoría de la seguridad de los sindicalistas es tan evidente que los congresistas demócratas que se oponen al TLC recurrentemente se muestran dispuestos a dejar de lado el argumento de la desprotección de aquellos, si el gobierno de Bush les otorga suficientes subsidios a las industrias norteamericanas que se verían perjudicadas por la competencia de los productos colombianos, con el fin de evitar despidos en esas industrias y así satisfacer a los sindicatos gringos. ¡Vaya ejemplo de manipulación
